A un paso de la dictadura perfecta

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Ninguna democracia real en el planeta ha dejado en libertad a los responsables de sedición, asesinatos, torturas, desaparición de personas, robos al Estado y ataque al sistema institucional. Ello sólo ocurre en Chile

Quienes tienen menos de 50 años de existencia se extrañarán al leer estas líneas. Es comprensible. Esas personas nacieron cuando la dictadura cívico-militar dejaba un restringido paso a una falaz democracia protegida… por la dictadura. Poco pueden saber respecto a sistemas realmente democráticos e institucionales, a sistemas republicanos modernos, ya que han vivido 30 años bajo el disfraz de un sistema que asegura ser una cosa pero es otra. Treinta años durante los cuales el 99% del escenario político e informativo lo han copado dos bloques que se asociaron para mantener la ‘matrix’, pintada y adornada con colgajos nuevos.

Dueños de la prensa escrita y hablada, esas coaliciones también son propietarias de la publicidad política. Con ella lograron inhumar en el terreno del olvido situaciones de tanta gravedad como lo acaecido en Colonia Dignidad (el pederasta, torturador y nazi Paul Schaeffer defendido y cobijado por varios parlamentarios actuales). O el escabroso asunto de Spiniak, Novoa, Gema Bueno y el juez Calvo. O los reiterados e inaceptables ‘maquillajes’ de la Encuesta CASEN. Para no mencionar cuestiones infumables como PENTA, SQM, CMPC, Farmacias, CAVAL, AFP’s, LAN, EXALMAR, Caimanes, Alto Maipo, etc., en las que siempre hubo políticos involucrados. Obviamente, políticos de una u otra de las dos coaliciones dueñas de todo.

Sólo eso explica que haya gente que vota por quienes protegen y ensalzan a individuos nefastos, culpables de horrendos crímenes contra la humanidad, que torturaron niños, hicieron explotar con dinamita a personas, introdujeron ratones en la vagina de detenidas a las que violaron sistemáticamente. Bárbaros que asesinaron a mujeres embarazadas, degollaron profesores, asesinaron dirigentes sindicales…tipos como esos son aplaudidos (incluso elegidos…) lo que deja puertas abiertas a la intromisión de retazos dictatoriales en los escenarios del poder y de la gobernabilidad.

Peor aún, hay chilenos que creen a pie juntillas que no juzgar a los responsables de genocidios, torturas y robos al Estado forma parte de la “verdadera y sana democracia”. Es la idea que el establishment duopólico neoliberal, AlianzaPorChile-Concertación/NuevaMayoría,  le vendió a la sociedad chilena.

Debemos convenir que ninguna democracia real en el planeta ha dejado en libertad a los responsables de sedición, asesinatos, torturas, desaparición de personas, robos al Estado y ataque al sistema institucional, una vez que la democracia se impuso al totalitarismo.

Ello sólo ocurre en Chile debido a que en nuestro país la post dictadura nunca fue una democracia “real”, sino un mal remedo, un oscuro sucedáneo de la verdadera.

Recuerdo con suficiente claridad el correo electrónico que me enviase el año 2009 un anónimo y fanático sufragista del senador Juan Pablo Letelier (afirmo lo del anonimato pues su propio correo no existía, y su nombre era –nada de extraño en verdad- “garrero socialista”, vale decir, hincha del senador Letelier y de Colo-Colo).

En una de las líneas de esa comunicación, ‘garrero socialista’ señalaba que (copio textual) ”jamás la Concertación va mover un solo dedo en contra del pueblo, de la libertad de expresión, del sindicalismo ni de la libertad de pensamiento”.

Me asiste la certeza que hoy, año 2020, ese mismo hincha socialista debe estar rasguñando piedras, ya que pocos años después de que él me enviara su correo,  con votación de parlamentarios concertacionistas, la Cámara de Diputados, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, aprobó el proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas.

En palabras simples, la Cámara de Diputados le dio su visto bueno a una ley que criminaliza las protestas sociales, pretendiendo inhibir ‘legalmente’ cualquier intento de reclamo público que deseasen realizar las organizaciones sociales existentes en el país, ya que ante el más mínimo entrevero callejero se aplicarían draconianas sanciones a los organizadores. Ello significa que, de un sólo paraguazo, las cofradías políticas se pusieron de acuerdo para cercenar el derecho a manifestarse, a opinar, a demandar y a disentir.

Esa aberrante ley contó en su aprobación con los votos de tres diputados concertacionistas: Jorge Burgos (PDC), Fulvio Rossi (PS) e Isabel Allende (PS). De Burgos y de Rossi es esperable cualquier atentado contra el pueblo y los trabajadores, ya que hace algún tiempo demostraron ser –políticamente- los mejores y más serviles y obsecuentes yanaconas del patronaje transnacional (especialmente Burgos, cuyo cariño por la derecha y beaterío fascistoide son asuntos conocidos). Pero, ¿también usted, Isabel Allende Bussi?

Ahora, tratando de completar y cerrar ese círculo, el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional), presentó un proyecto de ley cuyo objetivo principal (y único) es sancionar legalmente a quienes participen en manifestaciones ‘violentas’, aunque nada hagan, salvo marchar.

En Chile, desde hace tres décadas, tenemos una verdadera democracia de farándula, tutelada y controlada –salvo en asuntos administrativos- por el pinochetismo, sus poderes fácticos y sus dos partidos que disponen de un generalizado poder de veto, auxiliado además hasta en algunas leyes ordinarias (que no requieren de quórum calificado) por los sectores más conservadores y neoliberales de una Nueva Mayoría apenas ‘administrante’ de la institucionalidad del neoliberalismo salvaje.

Resulta irónico que ese conjunto de personajes se preocupe tanto de la libre expresión de las ideas en países distintos al nuestro, ya que ellos en el pasado, y también en el presente, no han mostrado esas mismas preocupaciones en su propia patria, la cual vio el cierre de una decena de medios escritos –todos de centro izquierda o izquierda- en los gobiernos de la Concertación. Baste recordar lo sucedido a partir de 1990 con los desaparecidos diarios La Época, Fortín Mapocho y Siete, y las revistas Análisis, Cauce, Página Abierta, APSI, Los Tiempos, Siete Más Siete, Plan B y Rocinante, y después con el diario electrónico Granvalparaíso, al que el gobierno le cortó el avisaje traspasándolo a medios informativos derechista, como EMOL y COPESA.

Esos medios independientes fueron económicamente asfixiados por la acción deliberada de los gobiernos concertacionistas que no querían hacerse problemas con los poderes fácticos políticos, empresariales y militares del pinochetismo.

En el pasado, varios parlamentarios que hoy fungen de “defensores irrestrictos de la democracia” –sea por acción u omisión- promovieron y apoyaron el cierre y el robo “manu militari” de los medios de prensa de izquierda en 1973 (recordar a los diarios Última Hora, Clarín, El Siglo, así como La Unión y El Popular de Valparaíso, las revistas Mayoría, PLAN, Punto Final y Chile-HOY, las imprentas Prensa Latinoamericana y Horizonte, y las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren, Nacional y Sargento Candelaria).

A partir del golpe militar, más de 80 periodistas, estudiantes de periodismo y trabajadores de la prensa e imprenta fueron asesinados o desaparecieron. Lo anterior es un argumento más para demostrar cómo, a espaldas de la gente, quedó instalada en Chile –con la pusilánime complicidad de la cúpula concertacionista en las negociaciones de 1989- una democracia neoliberal tutelada y limitada, protegida por un conjunto de ‘seguros’, a saber:

1) durante tres décadas funcionó un sistema electoral binominal fraudulento y con distritos amañados en beneficio de la minoría derechista (el cual fue ‘reformado’ tibiamente recién el año 2015);

2) un Tribunal Constitucional controlado por el pinochetismo y los sectores más conservadores del PDC;

3) Senadores designados, ‘institución’ que estuvo presente y activa hasta el año 2015

4) un Consejo de Seguridad Nacional que cuenta con mayoría militar;

5) Fuerzas Armadas y de Policía Militarizada (Carabineros) con amplia autonomía

6) un duopolio derechista y empresarial de la prensa escrita (El Mercurio y COPESA) montado a fines de la dictadura con créditos blandos –algunos de ellos nunca cancelados por los ‘deudores’- de la propia banca estatal. Este duopolio se ha extendido en los últimos años a la televisión y afecta hasta a la televisión pública (TVN) que es controlada por un directorio paritario de militantes de la Nueva Mayoría y la derecha UDI-RN.

7) una Constitución Política nacida y prohijada por bayonetas y tanques, que tiene como misión fundamental impedir la existencia de una democracia verdadera y, a la vez, proteger los intereses de las minorías enriquecidas y expoliadoras.

De los seguros mencionados, luego de 30 años de iniciada la “transición a la democracia”, aún se mantienen tres de ellos en pleno funcionamiento, ya que sólo han sido eliminadas la institución de los senadores designados y vitalicios, así como fue ‘reformado’ –pero no terminado- el binominalismo electoral,  y cambiada la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Si todo ello no es una ‘dictadura perfecta’ instaurada torcidamente por la asociación financiera-comercial Alianza/Concertación (Nueva Mayoría)/Empresariado Transnacional, pasa raspando.

El primer paso para derribar esos enclaves totalitarios y clasistas es redactar y aprobar una nueva Constitución Política. Esa es la madre del cordero, donde se originan los males políticos que atenazan al país.

Por Arturo Alejandro Muñoz

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