Desde inicios de mayo nueve presos políticos mapuche en las cárceles de Temuco y Angol empezaron una huelga de hambre, exigiendo ser excarcelados debido a la pandemia por coronavirus y ante las nulas condiciones de seguridad sanitaria al interior de los recintos penales contrariamente a lo que está señalado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estamos en julio, y nada ha cambiado desde ese entonces.

 

“Después de 54 días de huelga de hambre los presos están en una situación muy crítica, temo mucho por la vida de ellos. Eso que hago es un llamado, no solamente al gobierno, a los que se dicen de izquierda, sino al Estado, que tiene que respetar los convenios internacionales, las recomendaciones de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la ley, que es muy clara. Hay que tener un trato privilegiado a los pueblos originarios, tal como está explicitado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”, denuncia el médico Luis Umaña, facultativo de confianza de las comunidades mapuche, de los familiares y de los comuneros que están en huelga de hambre líquida en la cárcel de Angol.

Se llaman Sergio Levinao Levinao, Juan Calbucoi Montanares, Víctor Llanquileo Pilquiman, Juan Queipul Millanao, Sinecio Huenchullán Queipul, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo Penchulef Sepúlveda y el machi Celestino Córdova. Luis Umaña los fue a visitar el fin de semana pasado. Sus conclusiones son muy preocupantes por el estado de salud de los presos.

“La vida tiene un nombre y apellido y hay que respetarla, preservarla. Los presos políticos mapuche tienen que poder salir en forma correcta de su situación de ayuno”, se expresó el médico.

 

Llamados desde la comunidad internacional.

Ayer, el 1 de julio, varias organizaciones se reunieron ante la embajada de Chile en Paris, Francia, para manifestarse en favor de los presos políticos mapuche.

Son la Asociación de Ex Prisioneros Políticos chilenos – Francia, Asociación ‘Jacques Damiani’ (Chilenos de Fontenay-sous-Bois), Asociación Nuevo Concepto Latino, Asociación Relmu-Paris, Colectivo Derechos Humanos en Chile (Francia), Colectivo internacional apadrinamiento de prisioneros políticos de la revuelta social en Chile, Colectivo para la Libertad de Ramiro y de todos los prisioneros políticos chilenos, CSIA Nitassinan (Comité de Solidaridad con los Indígenas de las Américas), Historias Desobedientes-Chile, Hijas, Hijos y familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Red sindical internacional de solidaridad y de luchas, Secretaría internacional de la CNT – GT América, Tierra y Libertad para Arauco, Unión sindical Solidaires. Se reunieron ayer en Francia para denunciar la situación de los presos políticos mapuche y hacer un llamado a la Comunidad Internacional.

“Se encuentra establecido en la legislación internacional de derechos humanos que debe considerarse el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación nacional. Este Convenio ha sido ratificado por el Estado de Chile el 15 de septiembre de 2008. También debe tenerse presente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esto, bajo el principio de estándares mínimos para el ejercicio de los derechos humanos de los citados pueblos y de acuerdo al Convenio No 107 de 1957 sobre Protección e Integración de Poblaciones Indígenas en la perspectiva de su asimilación a las sociedades occidentales” se expresan las asociaciones francesas.

“Hoy, en varias cárceles del territorio chileno, se encuentran cerca de 2500 detenidos del estallido social que empezó el 18 de Octubre 2019. La mayoría de ellos son jóvenes y menores de edad que se manifestaron por primera vez por un Chile más justo, más igualitario, más democrático. La casi totalidad de estos jóvenes se encuentran aún en prisión preventiva desde hace 8 meses, en condiciones de hacinamiento y sin protección sanitaria contra la pandemia que se extiende en todo el país. Entre ellos, dos jóvenes acaban de ser condenados a penas desproporcionadas, tal como fue el caso de antiguos presos políticos que están aún cumpliendo largas condenas”,  siguen las asociaciones.

 

Las demandas de las asociaciones francesas al Estado chileno:

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  1. Que se les otorgue a los ocho presos políticos mapuche en huelga de hambre así como al Machi Celestino Córdova el beneficio de cumplir sus condenas en sus territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y otros tratados del Derecho Internacional.
  2. Que se les otorgue a todos los prisioneros de la revuelta social el cambio de su detención preventiva en arresto domiciliario hasta que se termine su juicio.
  3. Que en el caso de los presos políticos anteriores a la revuelta, el gobierno chileno haga el mismo gesto que permitió a los condenados por crímenes de lesa humanidad de abandonar la prisión, es decir de conmutar sus penas gracias a un indulto.

 

Una represión sistemática que no para.

El mismo día que los franceses se manifestaron ante la embajada chilena, el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado a favor del comunero Celestino Córdova, quien está actualmente cumpliendo 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en una acción legal que finalmente fue rechazada.

El abogado de Celestino Córdova, Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Pública Mapuche ingresó esta acción legal para que Córdova completara su condena en su rehue. Esto a causa del estado de salud que presenta Celestino Córdova, al completar, al día de hoy, más de 55 días en huelga de hambre.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) había alertado, y eso ya desde el año 2019, que en Chile existe un “patrón de violaciones sistemática” contra los derechos del pueblo mapuche. En el comunicado emanado por el Comité se leía que “existe un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional”.

 

El Convenio 169 de la OIT.

“El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio.

El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control.

A Noviembre de 2014, el Convenio núm. 169 ha sido ratificado por 22 países, la mayoría de nuestra región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, además de Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, los Países Bajos y República Centroafricana”[1].

[1] Más informaciones sobre el Convenio 169: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

 

Por Elena Rusca, en Ginebra

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