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ONU: “Chile debe dar prioridad a los derechos al agua y a la salud antes que los intereses económicos”

Leo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, denunció hoy la priorización del Gobierno de Chile sobre las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y al agua de su pueblo, además de las responsabilidades de las empresas en estos abusos.

“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud,” dijo Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de Santiago, y al negocio de aguacate en la Provincia de Valparaiso.

“El Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”, dijo Heller. “Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al Gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones.”

Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de “emergencia de agua” en Petorca, donde un aguacatero consume tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes, y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema de agua.

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Desde 2016, se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que, en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil.

“Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia,” dijo Heller. “El Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.”

El 8 de abril de 2020, el Ministerio de Salud de Chile aprobó una resolución que incrementa la cuota a 100 litros diarios por persona en la Provincia de Petorca. Ocho días después, en una decisión que podría ser ilegal conforme al derecho internacional, revocaba esta resolución. Al mismo tiempo, “inimaginablemente” dijo Heller, el Gobierno sigue otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y no ha logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua de las empresas aguacateras.

El otro polémico proyecto es el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo en la Cordillera de los Andes, que genera electricidad mediante el desvió de tres principales tributarios del Río Maipo, a través de 67 km de túneles.

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“Este proyecto no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital” dijo Heller, dañando el “corredor verde” de la cuenca del Río Maipo que ha ayudado a compensar la contaminación.

Durante la implementación del proyecto, que debería entrar en funcionamiento en diciembre, “a pesar de que el Gobierno ha investigado los daños ambientales, no se ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por este megaproyecto”, dijo Heller.

El llamamiento del experto ha sido respaldado por Sr. Saad Alfarargi; Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Anita Ramasastry (Presidente), Sr. Dante Pesce (Vicepresidente), Sr. Surya Deva, Sra. Elżbieta Karska y Sr. Githu Muigai, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

 

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El Proyecto No Alto Maipo.

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) es un proyecto caracterizado como central de pasada de gran escala ubicado en el Cajón del Maipo, aproximadamente a 50 kilómetros de Santiago, Chile. Consiste el proyecto en desviar y capturar la mayor parte de las aguas de los ríos Yeso, Volcán y Colorado – principales afluentes del Río Maipo – para conducirlas a través de un sistema de 70 kilómetros de túneles perforados a través de las montañas, hasta dos cavernas de máquinas donde estarían instaladas las turbinas y generadores eléctricos. Este desvío de aguas significa restarle esta gran cantidad de agua al valle del río Maipo por más de 100 kilómetros.

El PHAM está impactando dramáticamente la cuenca del Río Maipo, así como los acuíferos en el área afectada, poniendo en riesgo el acceso al agua potable no solamente de los habitantes del Cajón del Maipo sino también de los 7 millones de personas que viven en la Región Metropolitana de Santiago. La construcción del PHAM está afectando además el ambiente de forma irreversible, con severas consecuencias para la salud, las formas y calidad de vida, los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.

El PHAM ha recibido financiamiento de dos bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, así como de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) del gobierno estadounidense.

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Adicionalmente el proyecto cuenta con créditos de la banca comercial nacional e internacional: Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank (Alemania), y DNB Bank ASA (Noruega).

 

Situación de la provincia de Petorca.

La Provincia de Petorca es la provincia más extensa de la V Región de Valparaíso, además de ser la más septentrional.

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Esta región sufre desde hace años una desertificación progresiva, debido a una sobreexplotación de sus tierras por las empresas dedicadas al monocultivo de aguacate.

La Sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), presentaron las principales conclusiones de lo que fue la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia de Petorca, eso justo al final del año pasado.

Dentro de los principales hallazgos de este informe de seguimiento, con fecha 2018, se concluye que “el problema de escasez hídrica persiste, tanto por la persistente sequía como por la sobreexplotación del recurso, por la insuficiencia del marco regulatorio vigente, y por la ineficacia de las acciones adoptadas por las autoridades”.

Fernando Martínez, jefe regional del INDH Valparaíso, sostuvo que “se constató que el Estado no ha realizado acciones suficientes para garantizar el derecho humano de acceso al agua en condiciones de igualdad y no discriminación, pues sigue existiendo tensión social en la zona, tanto por la inseguridad de comunidades cuyo suministro depende de camiones aljibe, como por las dificultades que afectan a quienes defienden el derecho al agua”.

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“A esto se suman importantes carencias normativas (sigue pendiente la reforma al Código de Aguas de 1981) y la necesidad de que la DGA incremente sus acciones de fiscalización y sanción, aprovechando las nuevas facultades que le otorga la Ley 21.064”, añade Martínez.

En su informe con fecha de diciembre 2018, el INDH define las siguientes causas de la escasez hídrica:

  • El cambio de uso de suelos que generó la agricultura (paltos y cítricos);
  • Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas;
  • Priorización de la función productiva del agua por sobre el consumo humano.

 

Constitución chilena y derecho al agua.

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El artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables. El agua es, constitucionalmente en Chile, un recurso privado. Su propiedad no depende del dueño de la tierra en donde se encuentra.

Respecto a este tema, y confirmando la voluntad del gobierno chileno a salvaguardar el beneficio de las empresas sobre lo de su ciudadanía, el 7 de enero el Senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución.

En Chile, hoy en día, tres organizaciones se concentraron principalmente para luchar contra la privatización del derecho al agua: el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM), y las Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví en Resistencia.

 

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Elena Rusca, Ginebra

 

 

 

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