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Bolivia 2020: cumbre de corrupción, racismo y violencia

“En noviembre 2019, luego de la forzada renuncia del Presidente Evo Morales, un gobierno interino encabezado por Jeanine Añez, apoyado por las fuerzas armadas, tomó el poder en el país. Este momento coincidió con la promulgación del Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidades a las Fuerzas Armadas por el uso de la fuerza. Marcó el comienzo de un periodo de graves violaciones de los derechos humanos, sangrienta represión, persecución política y judicial contra toda persona que expresara ideas contrarias al nuevo gobierno. Este contexto fue enmarcado por un cerco mediático que censuró toda crítica o desacuerdo como actos de “sedición y terrorismo. El saldo de estos eventos fue de 27 personas asesinadas por armas de fuego de las cuales el 100% recibió disparos en órganos vitales. Quedaron 833 personas heridas y 1500 detenidos”, Nadesdha Guevara, abogada boliviana, defensora de víctimas de los conflictos de noviembre de 2019 en La Paz[1].

Raíces del golpe de estado en 2019.

“El problema de Bolivia es estructural, de fondo. Bolivia es un país cuya sociedad se construye permanentemente, acaba de cumplir 195 años de su fundación y aún pre existe en la contienda de la narrativa política un debate entre modelos de Estado, por un lado sostener la República y por el otro el Estado Plurinacional. El primero caracterizado por un modelo monocultural, homogenizante, con graves síntomas de exclusión en el marco de un sistema picmentocrático y por el otro plural, comunitario, intercultural; esta condición plural que traviesa el campo político, económico, jurídico, lingüístico, en resumen en la posibilidad de una pluralidad cultural” nos explica Olmer Torrejón. Desde el 2007 fue consultor y servidor público en diferentes ministerios, Presidencia, Hidrocaburos, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y los últimos años fue consejero de la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas ocupándose en temas de Derechos Humanos.

“Esta narrativa polarizante, más allá de alguna discusión en derecho constitucional, nos acerca a evidenciar la situación de fragilidad y fragmentación de los lazos comunitarios que hacen a la  sociedad boliviana. En estos términos se habla de una situación de polarización, sin embargo es una situación mucho más compleja, puesto que no existen sólo dos polos, sino múltiples, simultáneos y en muchos casos opuestos entre ellos, con intereses, reivindicaciones, necesidades y demandas propias. Es territorial pero al mismo tiempo es de clase o grupo social e incluso, me atrevo a afirmar ,de carácter racial” sigue Torrejón.

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“El Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), es la fuerza política a través de la cual, el ex-presidente Evo Morales logra el poder abriendo la posibilidad de participar en cuestión política al bloque integrado por un subconjunto de grupos representativos como indígenas, originarios, campesinos de grupos de referencia de clase obrero popular, sectores de clase media e inclusive empresariado. Esta composición heterogénea gobierna por 14 años, provocando cambios en esa estructura descrita como la República. Ahí tenemos la Asamblea Constituyente que sesiona del año 2006 a 2009 para dar lugar a la Constitución Política del Estado actual que propone en su horizonte político un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Cuando hablamos de estos cambios sociales es importante hacer notar, que no son absolutos ni totales, pero son transformaciones; sin duda que implicó el desplazamiento  de otros grupos políticos, sociales, culturales de cualidad conservadora que así como en este momento constituyente, ahora lo lideraron los denominados Comités Cívicos, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo el Comité Cívico del departamento de Santa Cruz, cuyos líderes representan a la agro industria de capital privado” sigue Torrejón.

“Bolivia vivió una crisis política muy fuerte en 2005, que llevó a una transformación del Estado, de un Estado de República a un Estado Plurinacional, que reconozca la diversidad humana dentro de su propio estado. Eso se consolidó a través de una nueva constitución que respondía a todos los segmentos de la sociedad que habían sido excluidos”, añade Alejandra Claros Borda, exjefa del gabinete presidencial de Evo Morales y analista política del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

“La clase dominante, que no estaba excluida, sino que solo se le mantuvo en un crecimiento normal y no desproporcionado, permitió que la pobreza se redujera, que el nivel de educación aumentara y disminuyera la mortalidad infantil”, sigue Claros.

Efectivamente, entre 2006 y 2018 el índice de pobreza extrema había pasado del 37,7 % al 15,2 %, es decir que más de 2,2 millones de los cerca de 10 millones de habitantes del país habían salido de la extrema pobreza. Esos logros eran el resultado de políticas públicas específicamente destinadas a mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos.

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“Las elites se reunieron en conspiraciones en contra del gobierno de Evo Morales. Esa manera de funcionar es la que se utilizó en toda América Latina durante estas últimas décadas. Como analista política del banco de desarrollo de América Latina (CAF), he ido analizando cada situación y me he dado cuenta de eso. La conspiración fue sobretodo conectada a los intereses económicos de las elites, los cuales quieren excluir a los ciudadanos originarios y los campesinos del poder, y eso pasa no solamente en Bolivia sino que también en Chile, Brasil y Perú”, continua Claros.

“Bolivia no ha superado la estratificación social que existe en América Latina. En este continente todavía existen clases dominantes y se construyen fuerzas insurgentes, los movimientos sociales. Los movimientos sociales quieren recuperar el manejo del poder a través del voto, las elites pero piensan distinto: la democracia es vista por ellos como una herencia natural y una distinción de clases que le corresponde para manejar el Estado. Las clases dominante ven de manera distinta el manejo de las instituciones del estado”, dijo Claros.

“En Bolivia tenemos entonces a un sector agro industrial vinculado, como dijimos, a partidos conservadores en el centro del campo político – contencioso y al mismo tiempo sectores de la sociedad civil de la comunidad urbana, citadina que fueron encubando por varios años atrás la desaprobación al Gobierno de Evo Morales y a su fuerza política. Son estos subconjuntos de grupos que despliegan su demanda en un ciclo de repertorios de acción que fueron de la protesta pasiva como los plantones, el paro a otra más activa, caracterizada por la violencia colectiva extrema”, explica Torrejon.

“Hacemos notar la emergencia de grupos de civiles, sobre todo jóvenes, que operan como grupo de choque contra las movilizaciones de organizaciones de trabajadores, indígenas, originarios, campesinos inclusive en barrios peri urbanos que desean expresar su rechazo al gobierno interino. La protesta social pre y post electoral, demostró niveles estructurales de hostilidad, me refiero al odio en las relaciones sociales fundadas en la discriminación, la intolerancia y el racismo”, dijo Torrejon.

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“Un dispositivo dinámico y potente, fue el rechazo a la repostulación de Evo Morales, un factor macro político que cohesionó creencias compartidas e intereses comunes de estos distintos grupos que expresaban deniego ante esta repostulación”, explica Torrejon.

“Sumaba entonces varias fuerzas políticas de oposición al gobierno de Evo Morales, minoritarias en cuanto participación, grupos y sectores de la sociedad civil, sobre todo citadina que fueron demostrando de manera efectiva su capacidad movilizadora y una participación lógica de la policía y de las fuerzas armadas, lógica en cuanto ausencia -es decir uso restringido de la reperesión estatal- antes del acto Electoral (20 de octubre de 2019) y  días posteriores a las elecciones que fueron de alta violencia colectiva y presencia, es decir, alta represión estatal, violencia política, días antes a la conformación del gobierno transitorio (12 de noviembre de 2019) y días despues. El Informe de la CIDH, reporta la muerte de 36 personas y denominan “masacre” a los hechos ocurridos en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre, a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por fuerzas conjuntas entre militares y policías para contener la protesta social”, concluye Torrejon.

 

Las violencias quedan impunes

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Durante el golpe de estado entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz).

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado en estos días un informe[2] en el que se detallan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio de una importante crisis política tras las elecciones de octubre de 2019.

 “Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe”, dijo Michelle Bachelet, Alto Comisionado por los Derechos Humanos ante la ONU.

Otras violaciones documentadas por el informe incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto (La Paz) el 11 de noviembre de 2019, quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía.

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Durante el período analizado, personal de derechos humanos de las Naciones Unidas también observó a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas, lo que refleja un racismo profundamente arraigado.

Hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. Todos estos incidentes deben ser investigados.

Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial, lo que pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso.

 

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¿Hoy en día cual es la real situación política y social en Bolivia?

“Actualmente en Bolivia se está viviendo una crisis estructural, económica, en salud y ahora una crisis social. Esta situación se está agravando porque se ven rasgos muy fuerte de racismo y discriminación hacia la población con ideología de izquierda”, nos comparte Alejandra Claros.

“Esta crisis multisectorial nos demuestra que la pacificación en Bolivia no se ha ni siquiera iniciado, porque el gobierno no tiene la intención de construirla, porque por eso no se puede crear un decreto sino que hay que construirla a través de un proceso”, explica Claros.

“Además, falta un deseo de ir a elecciones, el gobierno actual de facto no quiere ir a elecciones. Los que menos quieren es recuperar la institucionalidad del Estado, elecciones que den un gobierno legítimo, como el gobierno actual tuvo solo un 4% en las últimas elecciones”, sigue Claros.

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“El contrapeso en el manejo del estado totalmente distorsionado: solo un 4% de aprobación hace que no haya autoridad ni gobernabilidad: Bolivia está viviendo un manejo del Estado sin gobierno, estamos sin educación, sin salud, sin economía y sin democracia”, concluye Claros.

En el mes de febrero de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante su informe oral en el 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, dio cuenta de al menos 35 muertos y 800 heridos tras la crisis postelectoral y expresó su preocupación sobre el procesamiento a ex funcionarios de gobierno y personas relacionadas a la gestión de Gobierno del MAS IPSP.

Lo cierto, es que en esta misma línea expresó su preocupación el Relator Especial de las Naciones Unidas Diego Sayán, dado el uso de instituciones judiciales con fines de persecución política y las detenciones ilegales.

“Antes, hablaba de una secuencia de hechos y agrupaba en un orden lineal la situación de violencia colectiva ocurrida en octubre y de violencia política desde noviembre de 2019, en el mismo mes de noviembre se desarrolla el pico alto de violencia y pasa a una fase posterior de conflicto latente, en la que ya no hay cabida a la confrontación dada la reconfiguración súbita del ordenamiento social, caracterizada por el despliegue militar, policial, judicial y mediático” sigue Olmer Torrejón.

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“Remitiéndonos a los procesos judiciales, es evidente denotar un patrón común, el 18 de diciembre de 2019, la ex Ministra Nemesia Achacollo, fue citada por el Ministerio Público a una audiencia a petición del nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, un proceso en curso”, sigue Torrejón.

“En enero de 2020, fue aprehendida María Palacios Arce, acusada por la presunta comisión de los delitos de sedición y financiamiento al terrorismo; ella habría trabajado en gestiones anteriores con el ex ministro Juan Ramón Quintana. También detuvieron a la niñera de los hijos de Quintana, la prensa informó que se encontró un arma de fuego en su domicilio. El 17 de enero emiten una detención preventiva al exministro de Gobierno, Carlos Romero, en un proceso de investigación por delitos de corrupción. Al día siguiente, la Dra. Mónica Ramírez abogada de Carlos Romero, fue aprehendida”, sigue Torrejón.

“Un caso que merece una atención, es la detención de la exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa, quien al presentarse con un poder y la documentación personal para inscribir a Evo Morales como candidato a senador o diputado del MAS, fue detenida y enviada a la cárcel por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo en grado de “tentativa””, explica Torrejón.

“Felipa Huanca, exejecutiva departamental de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, de alineación política al MAS IPSP, fue aprehendida en un proceso por malversaciones de fondos. La organización social de las Bartolinas, que no es pequeña y tiene presencia nacional se pronunció rechazando su detención argumentando que se trataría de una persecución política instaurada por el gobierno de facto. Cuando me refiero a conflicto latente, es porque subyace otras formas de violencia, acá en Bolivia se usa el término ‘tensa calma’. En mi lectura, no se llegó a un momento de resolución del conflicto, logro de acuerdos, estabilización, normalización, paz sostenible, como en teoría tendría que seguir el curso de éste tipo de conflictos”, concluye Torrejon.

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La corrupción

Un tema que no se puede dejar de pasar es el nivel de corrupción durante estos meses de gobierno interino.

Todos los ministerios tienen denuncia y están en proceso de investigación por actos de corrupción:

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  • Ministerio de la Presidencia – denuncia por uso indebidos de los bienes del Estado
  • Ministerio del gobierno – falta de transparencia y actos de corrupcion
  • Ministerio de defensa – denuncia por compras con sobreprecio por parte del viceministerio, con destitución del viceministro
  • Ministerio de comunicación – denuncia por favorecimiento a licencia a grupos corporativo relacionados con el actual gobierno
  • Ministerio de minería – cobros indebido para acceso a cargos específicos
  • Ministerio de educación – cobros para cargos del Estado
  • Ministerio de la cultura – cobros indebido y falta de transparencia
  • Ministerio de energía – sobreprecio y compras ilegales
  • Ministerio de salud – 4 o 5 casos por sobreprecio en la compras por los insumos médicos para luchar contra la COVID-19.

“Hay más de 50 casos de corrupción, muy alarmantes y comprobados, sucedidos en el gobierno de Añez”, nos comparte Alejandra Claros.

“Ninguno de estos casos tiene al día de hoy sentencia o resolución: están siendo investigados, contrariamente a todo los casos que se han instaurado por terrorismo y sedición, que tienen hoy personas detenidas, presos políticos. Los casos de corrupción no tienen ninguna persona detenida en celda, solo detención domiciliaria”, declara Claros.

 

¿Quién enfrenta a quién?

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“Lo que encontramos es que, desde la instalación del gobierno transitorio, tendría que haberse llamado a elecciones en un plazo de 90 días, y este plazo entraba en conflicto con la fecha de conclusión de mandatos que era el 22 de enero lo que obligó a un proceso de negociación política que dio lugar a la Ley excepcional de prórroga de mandato de autoridades electas. Así, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el calendario que marcaba el 3 de mayo como la fecha para las elecciones, y fue el mismo TSE que suspendió el cronograma debido a la crisis sanitaria. Luego se reprogramó para el 2 de agosto, fecha que fue a su vez reprogramada para el 6 de septiembre”, explicó Olmer Torrejon.

“Los conflictos sociales se incrementan debido a una otra postergación, de ser 6 de septiembre ahora está acordado para el 18 de octubre de 2020. Organizaciones sociales altamente representativas como la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad una coalición de organizaciones indígenas, originaria, campesinas, interculturales de trabajadores, desplegaron su acción colectiva llegando al bloqueo de caminos para presionar al Órgano Electoral y al Ejecutivo para la realización de elecciones generales.

Lo claro es que el mandato del gobierno transitorio se encuentra prorrogado permanente y se dan muestras de cumplir con su mandato de llamar a elecciones”, concluye Torrejon.

 

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¿A raíz de la situación, se mantendrán las elecciones? ¿Cuáles perspectivas tienen en este sentido?

“A la fecha tras el acuerdo logrado, se prevé que las elecciones se realicen en 18 de octubre. Queda la duda, ya son varios los aplazamientos, comprendemos que la pandemia no ofrece el mejor escenario, sin embargo son varias las experiencias de actos electorales en pandemia. Como he intentado explicar, nuestro caso se trata de una interseccionalidad de crisis y conflictos, la pandemia y la política”, sigue Torrejon.

Quedan dos temas pendientes, uno es lograr elecciones limpias, transparentes y participas y en consecuencia, lograr el reconocimiento de los resultados.

 

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[1] Declaración pronunciada en Ginebra, el 12 de marzo durante la sesión 43 del Consejo de Derechos Humanos.

[2] Leer el informe completo : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

 

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Elena Rusca, en Ginebra

 

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