Política

Telescopio: brutalidad policial, tema global

No es primera vez que recuerdo ese viejo dicho: “Un cuerpo policial es bueno, cuando arresta a tantos criminales como los que tiene en sus propias filas”. Por cierto, la expresión viene a mi memoria a propósito del reciente incidente en que un joven manifestante fue arrojado al río Mapocho por un carabinero. Hecho que en Chile ha causado conmoción, y con justa razón. Pero esto de la violencia policial, al menos en el último tiempo, ha devenido un tema global en vista de numerosos actos en que quienes han sido delegados como “agentes del orden público” terminan arrogándose—literalmente—el derecho a disponer de la integridad física e incluso de la vida de los ciudadanos, a quienes supuestamente su deber sería proteger o, en el caso de quienes cometieran una falta, utilizar una fuerza equivalente para someterlos. El caso del asesinato de George Floyd a manos de agentes policiales en Estados Unidos, se convirtió en todo un símbolo de ese despliegue injustificado de violencia de los custodios del orden público. Incluso hay hechos aquí en Canadá, donde los agentes de la Real Policía Montada a menudo adornan posters y postales como símbolos turísticos del país y en la famosa serie Los Simpson, cuando Lisa terminó accidentalmente a este lado de la frontera, la primera imagen que encontró fue la de un agente de la Real Policía dándole la bienvenida.  Resulta que incluso aquí, hace unos meses, agentes de la legendaria fuerza, fueron filmados mientras propinaban una feroz paliza a un jefe indígena, por el simple hecho que conducía un vehículo con su patente vencida. No, definitivamente pareciera que en lo que hace a fuerzas policiales vale aplicar eso que nos decía Santos Discépolo en el famoso tango Cambalache, “¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!”

Entonces todo choca con mis memorias infantiles, cuando mi padre me llevaba a la Plaza de Armas a escuchar la retreta dominical del Orfeón de Carabineros.  Al término de la música y cuando la banda se retiraba marcialmente dando una vuelta por la plaza, todos los niños nos íbamos siguiendo a los músicos, marchando detrás y tratando de marcar el paso. Otras memorias de mi infancia me llevan a las exhibiciones de un grupo de carabineros que hacían acrobacia en sus caballos: el famoso Cuadro Verde de esos tiempos.

Por cierto, tampoco se trata de caer en marcos memorísticos selectivos. Como Mafalda nos recordaba en alguna de las muchas citas que se han repetido estos días a raíz de la muerte de Quino, su creador, “no es que todo tiempo pasado fuera mejor, sino que los que estaban peor, aun no se habían dado cuenta”. No hay duda—y en esto hay que ser justo—que hubo ese rostro amable de la fuerza policial. Un hecho que ocurre también en todos los países, hay que “suavizar” la imagen dura del policía. Y en Chile, aparte de las actividades ya nombradas, estaban—y en lugares alejados probablemente siguen—las labores humanitarias y solidarias de los carabineros: recuerdo que cuando vivía allá, aparecían en las noticias los nacimientos de bebés en comisarías o incluso en coches policiales, las madres siendo atendidas por carabineros solícitamente asumiendo el rol de parteros.

Al mismo tiempo, sin embargo, y desde su creación en 1927 bajo la presidencia de Carlos Ibáñez, los carabineros fueron protagonistas de numerosos hechos de salvaje represión: las arremetidas a caballo contra estudiantes durante la dictadura ibañista con los policías dando de bastonazos y a veces incluso atacando con lanzas. En el gobierno de Arturo Alessandri masacre de campesinos en Ranquil, y hacia el final de su mandato, la matanza a sangre fría de los ya rendidos putschistas en el edificio del Seguro Obrero. Eso hasta su rol durante la dictadura de Pinochet, donde asumió un carácter aun más militarizado, incluso sus tropas fueron oficialmente incorporadas a la Parada Militar, como una cuarta rama armada.

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Los cada vez más frecuentes atropellos a los derechos humanos por parte de carabineros ciertamente han contribuido a una considerable baja en la estimación que la gente pudo haber tenido por ellos. A la violencia policial se suma el hecho de la corrupción administrativa que viene afectando a altos mandos de ese cuerpo probablemente desde hace ya décadas. Una situación que no era muy común, pero que ahora aparece muy generalizada.

Naturalmente, a nivel mundial también se dan situaciones como esa, Carabineros no está solo en lo que a corrupción se refiere, pero claro, eso es un pobre consuelo. Estados Unidos probablemente muestra un alto grado de esas prácticas, no por nada la serie Los Simpson no muestra al jefe policial de Springfield, Clancy Wiggum, del modo más positivo. La cultura popular simplemente retrata—y muy bien—tendencias reales que se dan en la sociedad.

Por su parte en Chile reina aun cierta confusión respecto de qué exactamente hacer con su principal fuerza policial. Ni el gobierno, ni la oposición tienen las cosas muy claras y—esto también hay que considerarlo—muchos políticos son temerosos de abrir una caja de Pandora; prefieren evitar el tema y darle entonces un velo de tabú: no tocarlo o sólo hacerlo superficialmente, no sea cosa que los uniformados (u otros uniformados, aun con más fuerza) vayan a enojarse.

Los abusos policiales en Estados Unidos provocaron la propagación de la consigna “Defund the police” (“Desfinanciar a la policía”), que como todo slogan, es una formulación de un deseo pero difícil de concretarse y además poco práctica ya que—como casi todas las cosas—también hay otra faceta de la función policial que sí tiene legitimidad a los ojos de la población: el combate al crimen. Mientras uno ciertamente repudia acciones de carabineros como el lanzar a ese muchacho al río, o los disparos con lacrimógenas que han causado daño ocular a más de un centenar de personas, al mismo tiempo uno se siente aliviado cuando se entera que han logrado frustrar un asalto o detener a narcotraficantes, violadores o explotadores sexuales de chicas menores.

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El problema es cómo posibilitar la realización y el perfeccionamiento en las técnicas policiales que apuntan a la prevención y el combate al delito, mientras al mismo tiempo, desarrollar en la fuerza policial una actitud de respeto a los derechos humanos de las personas que legítimamente ejercen su derecho a manifestar su protesta.

La clave está en implementar un control comunitario sobre el accionar policial. No basta con decir que la policía está sujeta a la autoridad civil—lo que en el caso de carabineros, algunos piensan que no es tan así y que este cuerpo funciona con demasiada autonomía—sino que es necesario que la policía tenga una cercanía real con la comunidad que sirve. En este sentido, la creación de policías comunales o regionales, que sean las que lidien directamente con la ciudadanía, incluyendo la mantención del orden público, parece una opción adecuada. Un Cuerpo de Carabineros refundado, o reestructurado, quedaría en cambio a cargo de la persecución de criminales de mayor calibre, que operen a nivel nacional o incluso con lazos internacionales, el resguardo de fronteras, protección a autoridades y dignatarios extranjeros y labores de extensión o educación sobre la criminalidad, como por ejemplo, en relación al tráfico de drogas, el tráfico de personas y otras campañas que puedan servir para prevenir el delito a nivel de la población.

La importancia del control comunitario sobre la policía es que esa también puede ser una forma de evitar o al menos minimizar situaciones de corrupción o favoritismo que puedan darse. Los carabineros, así como los integrantes de los nuevos cuerpos policiales regionales o municipales, serán considerados civiles y por tanto en caso de cometer actos delictivos estarán sujetos a los tribunales ordinarios. En tanto que civiles y funcionarios públicos ellos deben retener también su derecho de asociación y de petición, aunque dado su carácter de servicio esencial, la autoridad nacional, o la regional o municipal, según corresponda, podría limitar o regular su derecho a huelga.

La formación del personal de la nueva institución debería hacerse en una sola institución, así es como se hace en muchas policías del mundo. La diferenciación que se hace en Chile entre formación de oficiales y suboficiales es un resabio clasista. Los egresados de la respectiva escuela de formación ascenderían de acuerdo a los cursos de perfeccionamiento que siguieran, de la experiencia práctica que acumularan y, por cierto, de actuaciones que pudieran ser meritorias. Los grados se deberían simplificar, no como en la actualidad en que Carabineros sigue el mismo modelo del ejército, con muchos escalafones innecesarios o inadecuados para la labor policial que es diferente a la de una fuerza militar.

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Similarmente, la formación del personal de las nuevas policías regionales o municipales debería hacerse en sus propias escuelas, de acuerdo al mismo principio de ser de formación única para todo el personal.

Ciertamente, refundar Carabineros y descentralizar la labor policial a través de la creación de cuerpos regionales o municipales no va a resolver todos los problemas en las relaciones entre ciudadanía y policía. Tampoco podemos pasar por alto que, en un análisis político de clases, las fuerzas policiales son un instrumento de una clase para mantener su control sobre el resto de los ciudadanos. Pero ese es el enfoque que pudiéramos llamar “macro-político”, aplicable quizás en instancias en que lo que esté en juego sea una real situación revolucionaria. Como ese no es el caso en Chile, el tema es entonces más “aterrizado” y modesto: cómo abordar la relación entre policía y ciudadanía.  Este es por lo demás un tema no mayormente abordado desde las posiciones de la izquierda. Mientras es obvio que alguna forma de seguridad debe haber para la ciudadanía y por tanto—gústenos o no—probablemente tendremos por mucho tiempo, uno o varios cuerpos policiales, con cualquier nombre que le asignemos, por otro lado lo que sí se puede hacer es que sus miembros no actúen como energúmenos dispuestos a hacer el mayor daño a simples manifestantes. Por cierto, entre estos últimos habrá que también tener mucho cuidado para que no haya infiltrados del lumpen que buscan la provocación para que a su vez la policía despliegue toda su agresividad. Pero eso es un tema pendiente para alguna nueva ocasión: cómo la protesta callejera sea llevada también de un modo que no conduzca a los desmanes que gente del lumpen—por definición venal y nunca comprometida con el cambio social—ha cometido en ocasiones anteriores, saqueos, destrucción de mobiliario público, ataques al metro, a monumentos y buses. Esas acciones no reflejan el sentir de una ciudadanía en vías de empoderamiento y embarcada en un accionar de legítima protesta y en cambio, sólo dan pretexto para la represión.

 

Por Sergio Martínez (desde Montreal, Canadá)

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