La Cuenta Pública de Kast: el país de la emergencia permanente
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La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast dejó una impresión política que va más allá de los anuncios específicos. Más allá de la fusión de ministerios, de los bonos focalizados, de las promesas en vivienda o de la insistencia en la seguridad, el discurso confirmó algo que se ha venido consolidando durante estos primeros meses de gobierno: la construcción de un relato de emergencia permanente como fundamento político de su proyecto de transformación del Estado.
El mensaje presidencial estuvo atravesado por una lógica simple pero poderosa: Chile sería un país heredado al borde del colapso, amenazado por la delincuencia, la migración irregular, el desorden fiscal, el estancamiento económico y la crisis institucional. Desde esa premisa, el gobierno intenta justificar una agenda de cambios profundos que en otras circunstancias encontrarían mayores resistencias sociales y políticas.
No es una estrategia nueva. Las derechas radicalizadas que han emergido en distintas partes del mundo durante la última década han utilizado mecanismos similares. La emergencia se transforma en argumento. El peligro se convierte en legitimidad. La crisis deja de ser un problema que debe resolverse para transformarse en el marco narrativo permanente desde el cual gobernar.
La paradoja es evidente.
El mismo día de la Cuenta Pública, el Banco Central informó una caída de 1,2% del Imacec de abril, completando cuatro meses consecutivos de retroceso económico. Mientras el gobierno hablaba de crecimiento, la actividad económica mostraba una de sus peores señales de los últimos años. Mientras se insistía en que la inversión privada comenzará pronto a generar prosperidad, el desempleo sigue aumentando y la incertidumbre económica comienza a instalarse en amplios sectores sociales.
Pero en lugar de revisar el rumbo, el discurso presidencial optó por profundizarlo.
La defensa cerrada de la megarreforma económica confirmó que el gobierno sigue apostando a una tesis ideológica muy precisa: reducir impuestos a grandes empresas y patrimonios, flexibilizar regulaciones y disminuir el tamaño del Estado para que el mercado reactive la economía. El problema es que esa promesa ya forma parte de una larga historia latinoamericana. Es la vieja teoría del derrame presentada ahora con nuevos envases discursivos.
La experiencia histórica chilena tampoco ofrece demasiados argumentos para sostener semejante optimismo. Incluso durante los gobiernos de la Concertación —que administraron ampliamente el modelo neoliberal heredado de la dictadura— se desarrollaron mecanismos de protección social, subsidios, ampliaciones de derechos y políticas públicas que moderaron parcialmente los efectos más extremos del mercado.
Lo que aparece hoy es otra cosa.
El proyecto que emerge desde La Moneda parece acercarse más a una versión ideológica del neoliberalismo que a una estrategia pragmática de crecimiento. La reducción del Estado deja de ser un instrumento y se convierte en un objetivo político en sí mismo.
Por eso la propuesta de fusionar Interior y Segegob tiene una dimensión más profunda que una simple reorganización administrativa. La señal política apunta hacia una concentración del poder gubernamental y una reducción de espacios institucionales considerados prescindibles dentro de la lógica de eficiencia que impulsa el Ejecutivo.
Algo similar ocurre con el anunciado Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
Más que una política de seguridad concreta, la iniciativa parece cumplir una función simbólica. Construye una frontera política entre ciudadanos considerados legítimos y sectores definidos como amenaza. No es casual que el concepto de «incivilidades» aparezca una y otra vez en el discurso oficial. Se trata de una categoría deliberadamente amplia que permite conectar delincuencia, protesta social, conflictos urbanos y desobediencia pública dentro de una misma narrativa de orden.
La pregunta de fondo es otra.
¿Qué ocurre cuando un gobierno necesita mantener permanentemente la sensación de amenaza para sostener políticamente su programa?
La experiencia internacional muestra que allí comienza un problema para la democracia. Porque las emergencias prolongadas terminan debilitando los espacios deliberativos, justificando excepciones permanentes y reduciendo el debate político a una disputa entre orden y caos.
Las reacciones posteriores a la Cuenta Pública muestran precisamente esa tensión. Las críticas opositoras no se concentraron solamente en los anuncios, sino en la ausencia de autocrítica frente a resultados concretos. El gobierno sigue hablando de seguridad mientras la ciudadanía observa también el costo de la vida, el deterioro económico, los recortes presupuestarios y la incertidumbre laboral.
Quizás ese sea el principal problema político que enfrenta hoy José Antonio Kast.
La emergencia ya no es únicamente la delincuencia.
La emergencia comienza a trasladarse hacia la economía.
Y cuando eso ocurre, el relato de la seguridad deja de ser suficiente para explicar el presente.
La primera Cuenta Pública confirmó que el gobierno no piensa moderar su proyecto. Al contrario. Busca acelerarlo. La oposición enfrenta entonces un desafío complejo: no caer en la trampa de discutir únicamente los síntomas de la emergencia permanente y comenzar a debatir el modelo de país que se intenta construir detrás de ella.
Porque bajo la retórica del orden, la seguridad y la eficiencia estatal aparece cada vez con mayor claridad una pregunta mucho más profunda: si Chile está asistiendo a un simple cambio de gobierno o al intento de una refundación neoliberal de largo alcance.
Simón del Valle
