Nadie está seguro hasta que todos lo estemos: denuncian el acaparamiento de la vacuna COVID

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Los expertos en derechos humanos de la ONU[1] criticaron hoy a los países que están tratando de monopolizar cualquier vacuna futura contra COVID-19, diciendo que la única forma de luchar contra la pandemia es hacer que las vacunas asequibles estén disponibles para todos en el mundo.

“No hay lugar para el nacionalismo en la lucha contra esta pandemia”, dijeron en un comunicado sobre el acceso universal a las vacunas. «Esta pandemia, con su escala mundial y enorme costo humano, sin un final claro a la vista, requiere una respuesta concertada, basada en los derechos humanos y valiente de todos los Estados».

Su evaluación contiene orientación y recomendaciones para que los países ayuden a prevenir y contener COVID-19.

«Desafortunadamente, algunos gobiernos están tratando de asegurar las vacunas solo para sus propios ciudadanos», dijeron los expertos, y agregaron que esto resultaría contraproducente porque una lucha exitosa contra la pandemia depende de la inmunización masiva.

“Los virus no respetan fronteras”, dijeron los expertos. “Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros en un mundo interconectado e interdependiente.

«Los países que lleguen a acuerdos para asegurar vacunas para su propia población en lugar de participar en un esfuerzo global coordinado para compartirlas a través de las fronteras, no lograrán el propósito previsto».

Hicieron un llamado a los países para que apoyen la iniciativa COVAX para el acceso global equitativo a las vacunas COVID-19 liderada por Gavi, Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud.

«Según el derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento COVID-19 debe estar disponible para todos los que los necesiten, dentro y entre países, especialmente aquellos en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza», dijeron los expertos.

También pidieron cooperación y asistencia internacional entre países desarrollados y en desarrollo para asegurar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento COVID-19.

Además, dijeron los expertos, las empresas farmacéuticas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. No deben anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y la salud, y deben aceptar restricciones a la protección mediante patente de las vacunas que desarrollan.

Acogieron con beneplácito la petición a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de India y Sudáfrica de renunciar a ciertas disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para mejorar la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19.

“Esta pandemia ha afectado a todo el mundo”, dijeron los expertos. «Ahora el mundo debe dejar de lado iniciativas individuales fuera de lugar para monopolizar las vacunas y los suministros, y trabajar juntos para derrotarlo».

Los Relatores Especiales de Naciones Unidas.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

[1] Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Olivier de Schutter, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; Anita Ramasastry (presidenta), Dante Pesce (vicepresidente), Surya Deva, Elżbieta Karska y Githu Muigai, Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; Obiora C. Okafor, Experta independiente en derechos humanos y solidaridad internacional, y Saad Alfarargi, Relatora especial sobre el derecho al desarrollo.

Elena Rusca, Ginebra

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