Judicializan el Enjoy Gate: presentan querella contra Superintendenta de Casinos
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Mediante una querella criminal por el delito de omisión de denuncia fue judicializado el caso que ha sido denominado comunicacionalmente como «Enjoy Gate». La acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra de la Superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de la Capital.
La querella tiene como fundamento el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el que constató diversas irregularidades cometidas por Villagrán. Entre esas irregularidades detectadas se encuentra el haber omitido denunciar el funcionamiento de apuestas en línea operadas por una de las empresas del Grupo Enjoy, modalidad de juego de azar constitutiva del delito contemplado en el artículo 276 del Código Penal. Al no haber denunciado ese delito cometido por Enjoy, Villagrán incurrió por su parte en el ilícito penal de «omisión de denuncia», contemplado en el artículo 177 del Código Procesal Penal.
En relación a otra arista del mismo caso, Rendón, al término de la semana pasada, efectuó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra del presidente Piñera, en base a las denuncias efectuadas por la periodista Alejandra Matus. La comunicadora dio a conocer que el mandatario firmó un decreto favoreciendo a la empresa Enjoy, en la que él y su familia tendrían intereses. Rendón pidió a la Contraloría que se pronunciase por una eventual violación a la ley de probidad administrativa cometida por Piñera, al resolver sobre asuntos en los que tendría interés él, su familia o amigos cercanos.
Luego de interponer la querella, el abogado Rendón, quien es candidato independiente a constituyente por el Distrito 13, señaló: «Creo que la ciudadanía está muy cansada de las comisiones investigadoras de la Cámara que al final, no quedan en nada. No es aceptable que tres parlamentarios de la UDI, apoyados por la insólita abstención de la diputada Marisela Santibáñez, impidan definitivamente que las irregularidades constitutivas de delito detectadas por la Comisión lleguen a conocimiento del Ministerio Público. Al igual que en el caso del conflicto de interés del Presidente, es necesario que se pongan en marcha los procedimientos legales establecidos y exista un pronunciamiento definitivo de autoridad, que no deje las cosas en el aire. Lo contrario sería solo otro episodio de «cachetadas de payaso» a los que nos tiene acostumbrados la clase política. La corrupción debemos enfrentarla en serio algún día», finalizó.
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