Afganistán: ONU denuncia la institucionalización de la violencia de género

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Grupo de expertos en derechos humanos de la ONU[1] denuncia la institucionalización de la discriminación y la violencia de género sistemáticas y a gran escala contra las mujeres y las niñas por los líderes talibanes en Afganistán.

Los expertos reiteraron su alarma expresada desde agosto de 2021 por una serie de medidas restrictivas que se han introducido desde la toma de Afganistán por parte de los talibanes, en particular las relativas a mujeres y niñas. “Tomadas en conjunto, estas políticas constituyen un castigo colectivo de mujeres y niñas, basado en prejuicios de género y prácticas nocivas”, dijeron los expertos.

“Nos preocupan los esfuerzos continuos y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas social, económica y política en todo el país”. Estas preocupaciones se exacerban en los casos de mujeres de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas como la hazara, la tayika, la hindú y otras comunidades cuyas diferencias o visibilidad las hacen aún más vulnerables en Afganistán.

Los expertos también señalaron el aumento del riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluida la trata con fines de matrimonio infantil y forzado, así como la explotación sexual y el trabajo forzado.

Estas políticas excluyentes y discriminatorias se están haciendo cumplir a través de una ola de medidas como prohibir que las mujeres regresen a sus trabajos, exigir que un pariente varón las acompañe en los espacios públicos, prohibir que las mujeres usen el transporte público por su cuenta, así como imponer un estricto código de vestimenta en mujeres y niñas.

“Además de limitar severamente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más hacia la pobreza”, señalan los expertos. “Las mujeres cabeza de familia se ven especialmente afectadas, y su sufrimiento se ve agravado por las devastadoras consecuencias de la crisis humanitaria en el país”.

De particular y grave preocupación es la continua negación del derecho fundamental de las mujeres y las niñas a la educación secundaria y terciaria, bajo la premisa de que las mujeres y los hombres deben ser segregados y que las estudiantes deben cumplir con un código de vestimenta específico. Como tal, la gran mayoría de las escuelas secundarias para niñas permanecen cerradas y a la mayoría de las niñas que deberían asistir a los grados 7-12 se les niega el acceso a la escuela, únicamente por su género.

“Hoy, somos testigos del intento de borrar constantemente a mujeres y niñas de la vida pública en Afganistán, incluso en instituciones y mecanismos que se habían establecido previamente para ayudar y proteger a aquellas mujeres y niñas que corren mayor riesgo”, dijeron los expertos en referencia al cierre del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la ocupación física de los locales de la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos.

“Varios proveedores de servicios vitales, y en ocasiones salvavidas, que apoyan a sobrevivientes de violencia de género han cerrado por temor a represalias, al igual que muchos refugios para mujeres, con consecuencias potencialmente fatales para las muchas víctimas que necesitan tales servicios”, declararon los expertos.

Otros esfuerzos encaminados a desmantelar los sistemas diseñados para prevenir y responder a la violencia de género han incluido la descontinuación de las unidades judiciales y fiscales especializadas responsables de hacer cumplir la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009 y la prevención de que muchas trabajadoras sociales y de ayuda humanitaria puedan desempeñarse plenamente en realizar su trabajo y ayudar a otras mujeres y niñas.

Si bien estas medidas han afectado a mujeres y niñas de todas las esferas de la vida, los expertos destacaron sus preocupaciones particulares por las defensoras de los derechos humanos, las activistas y líderes de la sociedad civil, las mujeres juezas y fiscales, las mujeres en las fuerzas de seguridad, las mujeres que fueron ex empleadas del gobierno, las mujeres periodistas, todas las cuales han estado considerablemente expuestas a hostigamiento, amenazas de violencia y, a veces, violencia, y para quienes el espacio cívico se ha visto gravemente erosionado.

Como resultado, muchas se han visto obligados a abandonar el país.

“También estamos profundamente preocupados por la dureza con la que las autoridades de facto han respondido a las mujeres y niñas afganas que reclaman sus derechos fundamentales, con informes de manifestantes pacíficos que a menudo han sido golpeados, maltratados, amenazados y, en casos confirmados, detenidos arbitrariamente”, dijeron los expertos.

Extremadamente preocupantes también son los informes de ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados de minorías étnicas y religiosas, como los hazara, que sugerirían esfuerzos deliberados para atacarlos, prohibirlos e incluso eliminarlos del país.

Los expertos reiteraron su llamado a la comunidad internacional para que intensifique la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia para el pueblo afgano y la realización de su derecho a la recuperación y el desarrollo. La crisis financiera y humanitaria ha sido especialmente devastadora para grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad dentro de la población afgana, en particular mujeres, niños, minorías y hogares encabezados por mujeres. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe seguir responsabilizando a las autoridades de facto por las continuas violaciones de los derechos de la mitad de la sociedad afgana y garantizar que se eliminen de inmediato las restricciones a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas.

“Cualquier esfuerzo de respuesta humanitaria, recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general, en particular las de comunidades minoritarias, continúan siendo excluidas de la participación plena en las evaluaciones de necesidades, así como en las en la toma de decisiones, diseño, implementación y seguimiento de estas intervenciones”, terminaron los expertos.

Elena Rusca, Ginebra, 18.01.2022

[1] Los expertos: Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias; Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. el Sr. Pedro Arrojo Agudo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sr. Gerard Quinn, Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; el Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Sorcha MacLeod (Presidenta-Relatora), Sra. Jelena Aparac, Sr. Ravindran Daniel, Sr. Chris Kwaja, Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios; el Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; el Sr. Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Sra. Irene Khan; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; el Sr. Livingstone Sewanyana, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; la Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; la Sra. Mama Fatima Singhateh, Relatora Especial sobre la venta de niños; la Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Sra. Elina Steinerte (Presidenta-Relatora), Sra. Miriam Estrada-Castillo (Vicepresidenta), Sra. Leigh Toomey, Sr. Mumba Malila, Sra. Priya Gopalan, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Sra. Gladys Acosta Vargas, Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Sra. Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el campo de los derechos culturales; la Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Koumba Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

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