Greenpeace: “Es una buena señal la formalización de ejecutivos de empresa Nova Austral”

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Greenpeace reconoce la formalización, por parte de la Fiscalía de Magallanes, a la empresa Nova Austral por los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de agua en sus operaciones ligadas a la salmonicultura ubicadas en la Región de Magallanes.

Santiago, 23 de marzo de 2022 – Como una buena señal catalogó Greenpeace la formalización de cuatro ex ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral, por la adulteración y falsificación de los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de peces en sus centros productivos ante el Sernapesca y Subpesca, desde el año 2016 al 2019.

Los formalizados de la empresa -de capitales noruego y con operaciones en la Región de Magallanes- son el exgerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, el gerente regional Drago Covacic, los jefes Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson, el gerente de producción Arturo Schofield, quienes deberán concurrir el 7 de abril a la audiencia de formalización.

“Es una buena señal en tanto identifica responsabilidades en lo más alto de la empresa, que en su momento buscaron eximirse y salvarse responsabilizando a mandos inferiores. Pero no es suficiente. Nova Austral ha manejado datos claves a su antojo y ha mentido a las autoridades. Tampoco sabemos si se trata de una práctica extendida en otras compañías con tal de mantener y extender sus operaciones. Se requiere una investigación profunda por parte del gobierno para sancionar a esta empresa, especialmente considerando su intención de instalarse dentro de áreas protegidas y parques nacionales, como la reserva nacional Kawésqar”, señala Matías Asun, director de Campañas de Greenpeace.

“Estaremos muy atentos al seguimiento de esta y otras investigaciones de empresas salmoneras instaladas en la Patagonia. Estas ya están cuestionadas nacional e internacionalmente, ya no solo por las consecuencias medioambientales que ha generado su expansión en las aguas y fondos marinos sino por lo que verdaderamente esconden los salmones chilenos. Llegó la hora de sentar un precedente que ponga freno a la impunidad ambiental y social que sostiene esta industria. Estamos hablando de un sector productivo que tiene cifras récords de violaciones a la normativa ambiental, récord de accidentes laborales y que incluso en esas condiciones, con semejantes prontuarios, está buscando la venia del estado para instalarse en las áreas más puras de los fiordos patagónicos y eso no puede permitirse” agrega Asun.

Contexto: una empresa “green”

Hace algunos años la empresa salmonera Nova Austral sorprendió a la industria cuando anunció que cultivaría salmones en el extremo austral de Chile, donde reinan las aguas frías y más prístinas del planeta. Fue un doble golpe porque también anunció que, apoyados por tecnología de punta probada en Noruega, los salmones de Nova Austral estarían libres de antibióticos, ya no enfermarían y morirían menos, a causa del temible virus ISA –que hizo caer la industria el 2007– o la infección sistémica bacteriana BKD, la principal enfermedad crónica que afecta a los reproductores de salmónidos en el sur de Chile.

En 2019, El Mostrador reveló en la serie de reportajes «Salmon Leaks», que la gerencia de producción de Nova Austral instruyó a sus jefes de área manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), a fin de evitar multas y ver disminuir las utilidades debido a las sanciones y al descrédito. De esta instrucción se generó una doble contabilidad que representó una «práctica» extendida en los años, que contrastaba con la imagen pública de una empresa «green», líder en el mercado por sus innovaciones sustentables.

Tras varios años de investigación, la Fiscalía llegó a la conclusión que cinco altos ejecutivos tuvieron participación directa en la falsificación de estos datos de mortalidad de peces como también de la siembra y la cosecha con el consecuente deterioro del fondo marino desde el 2016 a 2019, por lo que decidió formalizarlos por el delito ambiental de contaminación de agua y fraude de subvenciones de la Ley Navarino.

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