¿Nacionalizar o soberanizar la minería?

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Se discute en la Convención y por parte de mis amigos, que siempre hemos estado juntos en el tema de la recuperación de las riquezas básicas (Grupo defensa del cobre), acerca de lo que se debe hacer con las riquezas mineras: si recuperarlas, renacionalizarlas o soberanizar.

Indudablemente somos todos partidarios de que esa renta quede para Chile en el justo mérito de su pertenencia. La nacionalización, como se hizo en 1971 es una alternativa. Pero la verdad es que, a pesar de la “concesión plena” decretada durante la dictadura, cuando José Piñera era ministro de minería, constitucionalmente la propiedad  de las minas no deja de ser chilena, pues una ley de concesiones no puede anular una norma constitucional. Lo que correspondería entonces sería decretar la nulidad de la ley de “concesiones plenas”, con lo que se instalaría una nueva base jurídica respecto a las inversiones privadas en esa área.

Para hacer esta operación jurídica, de rescindir la ley de concesiones de José Piñera, se requiere que en la nueva Constitución se ratifique la norma constitucional que viene de la Constitución del 25, del 80 y del 2005,  donde se establece que la riqueza minera es de Chile en su plenitud y que es intransferible e irrenunciable.

Hemos tenido otras experiencias históricas respecto a las formas de  negociar riqueza minera de manera temporal: está la “chilenización pactada” en tiempos de Frei Montalva, en cuya modalidad Chile compra el 51%  de las empresas (no de las minas, pues se consideran constitucionalmente chilenas) y se indemniza a dichas empresas extranjeras por el valor libro de dichas explotaciones. En ese tiempo los minerales se funden o refinan en Chile y se aumenta el volumen de producción de cobre hasta pasar de las 400.000 mil toneladas anuales a más de 600.000 toneladas, generando nuevas refinerías para abarcar dicho volumen(expansión de la  de Chuquicamata y la nueva refinería de Ventanas).

La Gran Minería del cobre, en manos de empresas norteamericanas, venía aumentando la producción a ritmo muy lento (2% interanual), luego de los estímulos para aumentar la producción que se incorporan en “El nuevo trato (1955), mientras que la pequeña minería lo hacía a ritmo acelerado (10% interanual). Como Chile venía ejecutando programas de rápida integración social, requería urgentemente recursos para el Estado, lo que gatilló el plan de recuperar el 25% de la Braden Copper Company (El Teniente), mediante un contrato ley; 1967), de la Andes Copper Mining y Chile Exploration Co. (Exótica) y la Cerro Corporation Co. (Andina).

Luego se complementa con la adquisición del 51% de de las dos grandes compañías mineras norteamericanas, mediante la “Nacionalización pactada”, 1969.

Con los impuestos adicionales que se cobraban a las empresas que seguían en propiedad del 49% de las explotaciones, Chile lograba acarrear al molino del Estado más del 70% del excedente minero, lo que configuraba un buen negocio para nuestro país, si se tiene en cuenta que la única negociación que había dejado en manos del estado Chileno una buena parte de la comercialización del cobre, fue “El acuerdo de Washington” en 1951, acuerdo que contó con la participación de un joven Radomiro Tomic y de don Horacio Walker. Esta negociación fue cambiada en 1955  por otra llamada de “Nuevo Trato”, en la que buscando estimular la inversión de las mineras extranjeras, Chile perdió un buen estatus alcanzado en las tratativas de 1952 y, como señalamos, no aumentó la producción de cobre durante la siguiente década a ritmo esperado.

Nos pasó, con ese “Nuevo Trato”, algo parecido a lo que nos ha sucedido durante los años de la ley Piñera y con la primera fase de la “Chilenización”, claro que con esta última las pérdidas para Chile son infinitamente más grande (Chile ha cobrado de menos a las empresas inversionistas mineras, un aproximado de 215.000 millones de dólares, hasta el 2015, según estudios del Banco Mundial). Este horrible despilfarro equivale casi a un Producto Interno Bruto. Y si sumamos los productos que no declaran, más los descuentos de precios que nos cargan a Chile por no sacarlos refinados desde nuestro territorio, lo cierto es que supera largamente el PIB de un año.

Chile, en esta loca política de privatizarlo todo y de negarle al Estado un rol económico estratégico, ha dejado en manos extranjeras o privadas dos tercios (73%) de la explotación del cobre y la totalidad de la explotación del litio.

Si la Convención Constitucional establece una recuperación total de la riqueza minera, sería un jaque mate a la política expoliativa neoliberal. Pero mirando la realidad objetivamente, no tengo la certeza que la conciencia política global del país esté lo suficientemente preparada para una arremetida de este calibre (Cuando se nacionalizó el cobre en 1971, hubo unanimidad en el Congreso). Por eso sostengo que en el sector del Litio, Chile tiene una buena oportunidad de recuperar esa riqueza estratégica de manera integral (el petróleo del futuro), y en la minería del cobre establecer la propiedad de al menos el 51% en manos del Estado e imponer políticas de fundición y refinación de la totalidad de los recursos que salen del país, reduciendo paralelamente las cuotas  negociadas con China, Japón o Alemania de envío de concentrados, pues, hasta ahora, Chile ha subsidiado a esos países que refinan sin poseer el mineral. Además de cambiar la ley de tributación de renta efectiva (responsable de la masiva evasión y elusión tributaria de las mineras privadas) a un mecanismo de renta presunta, donde se tributa en función de lo extraído y no de las ganancias declaradas.

También deben desarrollarse acelerados procesos de industrialización corriente arriba y corriente abajo, con lo cual  se pueden establecer alianzas virtuosas tecnológicas con las empresas que deseen colaborar, a las que se les hará el reconocimiento tributario adecuado a tales inversiones para el desarrollo. La parte chilena de esos emprendimientos tecnológicos será siempre de un mínimo del 51%.

Nuestro país tiene una gran oportunidad de dar el salto productivo, desde el extractivismo muscular y dependiente al desarrollo industrial y tecnológico, soportado por estos recursos prodigiosos, en un tiempo que nos llaman urgentemente a no desperdiciar esta oportunidad clara, evidente y a la mano.

Ya dominamos, con tecnologías propias,  elementos tan prometedores como el de los usos de nanotecnología de cobre. Tecnología aplicable a un sin número de producciones: sanitarias, de construcción, transporte, textil, medicas, farmacéuticas, domésticas, etc.

También, corriente arriba dominamos la tecnología de la “Biolixiviación, que permite recuperar remanentes desechables de vertederos y recuperación de minerales sulfurosos de cobre y otros; también se puede usar esta tecnología en actividades biotecnológicas destinadas al tratamiento de diversos desechos orgánicos y de conversión de procesos alimentarios.

En la digitalización de la acción extractiva, Codelco ya tiene dominio suficiente en construcción de maquinaria cibernética, la que ha sido operativa en Chile y se ha exportado, usando como asociados a empresas metalúrgicas y electromotrices nacionales de nivel medio.

Todos estos adelantos, tan prometedores, han sido cooptados por los gobiernos de derecha y fueron arrancados de las manos de Codelco para ser privatizados, y desde entonces se frenó su impulso y desarrollo (La ideología que demoniza al estado).

Como podemos apreciar, Chile está en capacidad de recuperar para sí, no solo niveles del 70% de la renta minera extractiva, sino que tiene la posibilidad de incrementar hasta el punto de duplicar o triplicar sus ingresos que se obtendrían por extracción, si es capaz de desarrollar una diversificación industrial desde la etapa actual que nos encontramos. Vale la pena jugar todas las cartas, pues la jugada es segura si la asumimos con inteligencia, cálculo y pragmatismo.

La recuperación total de la riqueza minera para Chile sería el ideal, dada la gran expoliación sufrida por Chile durante tres décadas, donde las empresas mineras han tenido oportunidad  no sólo de amortizar aceleradamente sus inversiones, sino que se han llevado una cantidad enorme de recursos sin contribuir en lo más elemental con la tributación que el país merecía por ser dueño jurídico y patrimonial de esos bienes.

Los gobiernos democráticos no tuvieron en todo este largo período ninguna política nacional sobre minería, excepto la de dejar hacer y dejar pasar a las inversiones instaladas en Chile, favoreciendo siempre el interés de las empresas extranjeras por sobre los intereses de Chile como estado nación soberano.

Es de esperar que los gobiernos tengan la claridad para negociar una “resoberanización” de esta riqueza básica, en niveles que permitan arrimar al Estado los recursos necesarios para su transformación estructural y para dar el salto cualitativo en industrialización y dominio tecnológico. Debemos sembrar estos recursos, además debemos industrializarlos y debemos convertirlos en una nueva semilla cultural que pavimente el camino de superación a nuestra juventud.

Ya que la Nueva Constitución pareciera  que ratifica los derechos del Estado chileno sobre los recursos mineros, el paso inmediato debería ser el de rescindir la ley de inversiones y concesiones mineras de “Concesión plena”, la que al ser anulada deja al Estado en condiciones de negociar otro trato de concesiones con los inversionistas y empresas que deseen aventurar en Chile una actividad de colaboración justa a nuestro desarrollo.

Los caminos están ante nuestros ojos y es obligación nuestra el ser capaces de transitarlos.

Por Hugo Latorre Fuenzalida.

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