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ONU y prácticas israelíes: la ley no es igual para todos

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El Comité Especial de las Naciones Unidas para Investigar las Prácticas Israelíes que Afectan los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Árabes de los Territorios Ocupados (el “Comité Especial”) realizó su misión anual a Amman, Jordania, del 4 al 7 de julio de 2022. Durante la misión de cuatro días, el Comité Especial pudo constatar que la ley sigue desigual para todos en esta región.

La visita del Comité Especial tuvo lugar en el contexto del aumento de la violencia de los colonos y la violencia de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos, los arrestos y detenciones arbitrarios y las restricciones a la libertad de expresión y movimiento, así como una cultura de impunidad cada vez más profunda.

Se informó al Comité Especial de que, en la primera mitad de 2022, las fuerzas israelíes mataron a 60 palestinos en Cisjordania en el contexto de operaciones policiales, 19 más que en el mismo período de 2021.

Israel sigue reteniendo los cuerpos de 325 palestinos, negando entierros y clausura a las familias.

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Además, la violencia de los colonos ha seguido aumentando a un ritmo alarmante: entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 se informaron 575 incidentes de violencia de los colonos que resultaron en muertes, lesiones o daños a la propiedad de palestinos, en comparación con los 430 del año anterior. Muy rara vez se hace responsables a los perpetradores.

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Las graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos, incluido el derecho a la libre determinación, son el resultado de políticas y prácticas discriminatorias y sistemáticas que afectan negativamente a casi todos los aspectos de la vida palestina.

A pesar de la situación muy grave, Israel no ha respondido a ninguna solicitud de consultas de la parte del Comité con las autoridades israelíes o de acceso a Israel, el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado

La persistente negativa de Israel a comprometerse con los mecanismos de la ONU podrá talvez reflejar la falta de rendición de cuentas por la conducta israelí en el territorio palestino ocupado, que se señaló a la atención del Comité Especial durante toda la misión.

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La ley no es igual para todos

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En Cisjordania y Jerusalén Este, se aplican leyes discriminatorias de planificación y zonificación y órdenes militares para justificar la expropiación agresiva de tierras con el fin de expandir los asentamientos israelíes ilegales y las áreas de entrenamiento militar.

En el Área C, que comprende aproximadamente el 62 por ciento de la tierra en Cisjordania, casi el 30 por ciento está designado como “zonas de tiro” cerradas y los residentes palestinos en esas áreas designadas corren un mayor riesgo de desalojos forzosos y demoliciones de sus hogares.

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Las demoliciones en curso de estructuras palestinas y el desplazamiento de los residentes palestinos en Masafer Yatta, designada como “Zona de tiro 918”, tras una decisión reciente del Tribunal Superior de Israel que permite los desalojos forzosos de los residentes para despejar la zona como zona militar cerrada, causaran el desalojo forzoso de unos 1.200 residentes de Masafer Yatta. Esto constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde 1967. Se trata de un traslado forzoso, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.

Como si el desalojo no fuera suficiente, más de 800.000 palestinos han sido objeto de detenciones administrativas desde 1967. Aproximadamente 640 palestinos, incluidos cuatro niños, se encuentran actualmente en detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio.

La falta de respeto por las garantías de un juicio justo es una preocupación sistémica en los casos que involucran a palestinos, incluida la admisión regular de pruebas secretas en los juicios.

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La tortura y los malos tratos de los detenidos palestinos en las prisiones israelíes siguen siendo generalizados. Israel permite algunas técnicas de interrogatorio, que pueden constituir tortura, sobre la base de la “necesidad”, lo que es incompatible con la prohibición absoluta de la tortura en virtud del derecho internacional. Después de la tortura, los detenidos palestinos a menudo se ven privados de atención médica adecuada, ya que las clínicas médicas dentro de las prisiones carecen de equipo médico y tratamiento adecuados.

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Mi tierra, tu tierra

Los asentamientos israelíes ilegales también han seguido expandiéndose, lo que ha dado lugar a la demolición de estructuras de propiedad palestina y al desplazamiento de palestinos, eso, a pesar de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que condena tales prácticas.

Durante su estadía, se informó al Comité Especial de que Israel ha establecido o permitido el establecimiento de 279 asentamientos, puestos de avanzada o barrios satélites en la Ribera Occidental, lo que facilita el crecimiento de la población de los asentamientos hasta aproximadamente 700.000.

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Las organizaciones de colonos israelíes e internacionales promueven activamente los asentamientos y reclutan a posibles colonos, y se les ofrecen incentivos fiscales. Así, siguen proliferando nuevas unidades de vivienda en asentamientos y, en mayo de 2022, las autoridades israelíes han adelantado planes para la construcción de más de 4.000 unidades de vivienda en asentamientos en el Área C.

La expansión de los asentamientos ha resultado en un aumento proporcional de la demolición de estructuras palestinas. Desde principios de 2022, se demolieron 387 estructuras palestinas, incluidas 68 estructuras financiadas por donantes, lo que provocó el desplazamiento de 496 palestinos. Según los informes, las autoridades israelíes solo aprueban el cinco por ciento de los planes de construcción presentados por los palestinos en el Área C. Además de las unidades de vivienda de los asentamientos, a menudo se incautan tierras privadas de propiedad de palestinos con el fin de construir infraestructura, como carreteras, autopistas y muros, para conectar los asentamientos o crear reservas naturales o parques nacionales.

 

Residentes de un “territorio enemigo”

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Más allá, en los territorios de la Franja de Gaza, las reclamaciones de responsabilidad civil de sus residentes están explícitamente excluidas de la jurisdicción israelí, en virtud de un enmienda legislativa de 2014 que considera a la población de Gaza como residentes de un “territorio enemigo”.

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En la Franja de Gaza, 15 años de bloqueo y cierres terrestres, marítimos y aéreos han atrapado efectivamente a 2,1 millones de palestinos en lo que las organizaciones de la sociedad civil de Gaza e internacionales describen como una “prisión al aire libre”.

El bloqueo y los cierres, combinados con los efectos del conflicto de mayo de 2021 y la pandemia de COVID-19, han seguido sofocando la economía local y restringiendo los medios de subsistencia de la población de Gaza.

El 44,7 por ciento de los habitantes de Gaza en edad laboral están desempleados y los permisos para obtener empleo fuera de Gaza son extremadamente limitados. Los medios de subsistencia disponibles para la población de Gaza, como la pesca y la agricultura, exponen a los habitantes de Gaza a graves riesgos de violencia y ataques por parte de las fuerzas de seguridad israelíes: hasta la fecha, 2022 ha visto un aumento en el número de arrestos de pescadores, hostigamiento y confiscación o destrucción de sus embarcaciones.

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El panorama que emerge de la Franja de Gaza es cada vez más sombrío, con la población privada de acceso a atención médica adecuada, empleo, servicios básicos como agua y electricidad y libertad de movimiento.

El comité presentará el resultado de esta visita en su próximo informe a la Asamblea General en octubre de 2022.

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Como reiteraron el Secretario General, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU, las violaciones flagrantes de los derechos humanos de los palestinos por los Israelís deben cesar de inmediato. Sin embargo, a pesar de esos llamados, Israel sigue haciéndose el sordo, y, con él, todos los demás países que cooperan con este Estado. Un silencio que perdura desde, talvez, demasiado tiempo.

 

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Elena Rusca, 22.07.2022, Ginebra

 

 

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Corresponsal Ginebra

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  1. Gino Vallega says:

    Todos sabemos del apartheid del fascismo sionista contra el pueblo palestino; nadie lo puede remediar porque le cae encima
    USA-OTAN y sus colonias.

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