La pócima entrópica del plebiscito, los fariseos del rechazo y la contradicción vital de Gabriel Boric

Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 47 segundos

“La ciudadanía votó para que no fuera el Congreso quien redactara la nueva Constitución ni menos que partidos, antes del plebiscito, le metieran mano”. (Jorge Sharp)

La verdad es que todo lo que mal comienza, mal acaba. Cuando se firmó el acuerdo sobre la “Paz y nueva Constitución”, se publicó en este medio una nota de mi autoría, con el título “Insanablemente nulo”, que hacía referencia a que la convocatoria para la redacción de una nueva Constitución, no cumplía ninguno de los requisitos que demanda una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el proceso continuó, a pesar de todas las barreras que se les impusieron a los eventuales constituyentes, especialmente el alto quórum de 2/3 para aprobar cada uno de sus artículos.

Siendo consecuente con lo que expresé en esa nota, no concurrí con mi voto ni para el plebiscito de entrada ni para la elección de los constituyentes. Pero, como nos enseñó el tío Karl, debemos analizar lo que nos entrega la realidad, es decir, el referente empírico. Pues bien, escudriñemos qué es lo que está pasando respecto al plebiscito de salida, una vez que ya se conoce el texto que se expondrá a votación el día 4 de septiembre próximo.

Quiero entregar algunos antecedentes que me permitan explicar, de mejor manera, las circunstancias en la que se está desarrollando el proceso que culminará con la votación para dicho plebiscito y que tienen que ver con la cita de Jorge Sharp, al inicio de esta nota.

En noviembre de 2014 (desde el año 2005 que ando masajeando las neuronas con la Asamblea Constituyente), se publicó en este medio, un artículo con el título “Poder Constituyente, Asamblea Constituyente y Proceso Constituyente”; tomaré algunos párrafos que se refieren, justamente, a este último:

Veamos: el Proceso Constituyente debe culminar en la redacción de una Carta Política, que es la norma superior de la institucionalidad, especialmente política, del país. La Constitución Política, como su nombre lo indica, debe ser la expresión política de los actores del país y es un instrumento político del Estado y de la sociedad en su acepción más plena.

De acuerdo con Norberto Bobbio, “la existencia del Poder Constituyente radica en una voluntad primaria, en el sentido de que sólo de sí misma y nunca de otra fuente deduce su limitación y la norma de su acción”. La identidad primaria, entonces, debe expresarse como “voluntad” a través de un “mandante primario” (expresión de voluntad popular directa a través de las urnas), para que se construya el “poder originario”. La apelación al mandante primario es la que hace a la Asamblea una “Constituyente”, la que no tiene necesidad de otra referencia para su legitimidad.

En el sentido formal, la Constituyente “construye” la norma superior, esto es, la que norma e indirectamente reforma las normas vigentes.

En el sentido real, la Constituyente provoca la movilización de toda la sociedad (civil y política), que acuerda un proceso (los términos de relación sociedad-Estado) y un acto (darse una Constitución).

El Poder Constituyente, entendido como la capacidad del pueblo para dotarse de la norma superior, tiene formas de ejercerse. La situación extraordinaria en que se ejerce el Poder Constituyente debe ser eficientemente cristalizada en instituciones. No se trata de una revolución o una prolongación de las prácticas de movilización popular, sino del momento posterior, esto es, la canalización institucional de las energías sociales. Es decir, la revolución estaría radicada en el acto en sí y la movilización popular es la acción previa para instar a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Es necesario destacar, por otro lado, que el origen de los constituyentes tiene un gran impacto en la calidad de las deliberaciones. No quiero decir con esto que deben ser todos abogados, sino que la “calidad” debe radicar en su representatividad: dirigentes sociales, comunales, sindicales, gremiales, académicos, etc. (Recordar que los constituyentes fueron elegidos democráticamente y que fue la ciudadanía y no los que lograron una mayoría sustantiva la que excluyó, tanto a los representantes del Congreso como a la derecha y ultraderecha, a pesar de la campaña multimillonaria: René Cortázar recibió la suma de $141.000.000.- que de nada le sirvieron, pues obtuvo el escaño en la Convención, la candidata María Rivera de la Lista del Pueblo, que recibió como aportes a su campaña, $340.000.-)

Una consideración especial merece la dirección de la Asamblea Constituyente. La selección del presidente y vicepresidente deberá observar, por un lado, la estabilidad del proceso, y por otro, la correlación de grupos constituyentes, siempre en la observación de que se trata de gestar mayorías de determinado volumen. Este último aspecto debe quedar meridianamente claro en el Estatuto Constituyente: el tamaño de las mayorías que se precisan para asegurar la sostenibilidad de la reforma constitucional y, a su vez, la dimensión de las mayorías posibles a conseguir, en especial, en situaciones de alta fragmentación en la representación de la Asamblea Constituyente.

La Constitución que deberá ser producto de la Asamblea Constituyente no es una respuesta de desarrollo, sino el diseño institucional de un nuevo equilibrio entre funciones estatales y sociales que estimule la corresponsabilidad. El resultado debe ser un modelo institucional coherente para sustentar las modernizaciones de largo plazo.

La soberanía popular expresada en sus constituyentes es incuestionable.

La producción de una nueva Constitución –tarea única de la Asamblea Constituyente- puede hacerse sin necesidad de “reconstituir” a todos los poderes, por lo cual pueden convivir (si no entran en competencia) el Congreso Nacional (dedicado más bien a tareas de fiscalización) y la Asamblea Constituyente (dedicada a pensar y rediseñar el Estado).

Por su parte y en este sentido (sólo en este sentido), el Ejecutivo se debe limitar a actuar como facilitador de la información necesaria para las decisiones de la Constituyente. Conceptual y jurídicamente, el ejecutivo no tiene ninguna función en la Asamblea Constituyente. Pero como es obvio, políticamente y siguiendo orientaciones generales de Derecho Público, se debe buscar una relación de respeto y colaboración entre funciones estatales bajo la comprensión de que la Asamblea Constituyente, en el período en que está reunida, asume su rol principal como función “extraordinaria” del Estado.

El Ejecutivo puede tener un rol formal en la convocatoria a la Asamblea o simplemente no tenerlo, pero en ningún caso el Ejecutivo tiene un rol en la aprobación, expedición o sanción de la nueva Constitución. El Congreso Nacional puede expedir la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el patrocinio del Ejecutivo.

Hasta aquí algunos párrafos extractados del artículo en comento.

Como se puede apreciar, todas y cada una de las exigencias que se estipularon para la Convención Constituyente, fueron cumplidas a cabalidad, a pesar de todas la trabas y críticas que tuvo que soportar durante su proceso.

Los fariseos del rechazo

Algunas de las críticas que se le han hecho al texto final propuesto por la Convención, es que no suscita “consenso” (ésta es una de las críticas un poco más serias, expresadas, especialmente, por el expresidente Lagos); qué dice la doctrina sobre el concepto “CONSENSO”:

“El término consenso denota la existencia de un acuerdo entre los miembros de una unidad social dada relativo a principios, valores, normas, también respecto de la desiderabilidad de ciertos objetivos de la comunidad y de los medios aptos para lograrlos. El consenso se evidencia, por lo tanto, en la existencia de creencias que son más o menos ampliamente compartidas por los miembros de una sociedad. Si se considera la potencial extensión del consenso, la variedad de los fenómenos relativos a los cuales puede subsistir o no subsistir acuerdo y, por otro lado, la intensidad de la adhesión a las distintas creencias, se hace evidente que un  consenso  total es algo improbable aun en unidades sociales mínimas, y es por tanto impensable para sociedades complejas. Por lo tanto, el término consenso se entiende en sentido relativo: más que de presencia o ausencia de consenso se debería hablar de grado de consenso existente en una determinada sociedad o subunidad. Es evidente además que la atención debería ser puesta principalmente sobre las cuestiones relativamente más importantes y no sobre puntos de detalle” (*)

Otra de las explicaciones que se dan para rechazar el texto, es que su articulado, en muchos aspectos (no dicen cuáles), divide a los chilenos y que se necesita una Constitución que nos una. Es decir, una Constitución que ni siquiera ha sido aprobada ni menos promulgada, “divide a los chilenos”. Tenemos que estar felices de vivir en un país en el que la dictadura y su Constitución nos haya unido a todos los seres de esta tierra. Si es cuestión de ver la unión que existe entre Sutil, Lucksic, Matte, etc. y cualquier habitante de las poblaciones de la periferia de Santiago o de cualquier región del país. La hipocresía, la mentira, el cinismo de estos personajes no tienen límites. De acuerdo a un artículo publicado en el portal El Mostrador, lo único que se aprecia en la campaña del rechazo, es el racismo, la odiosidad, la xenofobia, etc. Pero no, es la nueva Constitución la que nos divide.

Por su parte, el vocero de los amarillos, en un debate con Beatriz Sánchez en TV, dijo que habían votado por el apruebo, “pero que no nos gusta lo que salió”. Me pregunto, ¿cómo es posible que los constituyentes no hayan tenido la deferencia y precaución de preguntarle al señorito Warnken si le gustaba o no cada artículo antes de ser votado en el pleno de la Convención? Es decir, que el señorito Warnken y sus representados, querían una Constitución “calada”, igual como se vendían (¿o se venden?) las sandías anteriormente.   En ese mismo debate, el señorito Warnken criticó la composición de la Convención, poniendo como ejemplo, (vaya qué originalidad), a Rojas Vade y otros (no dijo cuáles otros), pero yo le puedo ayudar como por ejemplo el señor Bernardo Fontaine, quien metió a la mala en la Convención, al terrorista y prófugo de la justicia, el venezolano Leopoldo López, para que sus partidarios escucharan cómo se escribe una Constitución “democrática”.  Otro que se las trae, el señor Arturo Zúñiga, que llegó a manifestar que Leopoldo López era un gran demócrata. Zúñiga es el mismo que está siendo investigado por Contraloría por los contratos con sobreprecio de lugares como el Espacio Riesco para equiparlo con camas para la atención de pacientes Covid.

Creo que es un deber, explicarle al señorito Warnken, que Rojas Vade no pecó ni de venial con sus mentiras sobre su enfermedad si lo comparamos con los corruptos parlamentarios del caso Penta: si no es porque el gerente de la empresa  denuncia las coimas, se habrían quedado calladitos; por lo demás, cuando la ciudadanía conoció sus delitos, mismos que no fueron sancionados gracias al director del SII, no fueron capaces de renunciar, a diferencia de Rojas Vade. Además, la corrupción, se repitió con la famosa Ley de Pesca o Ley Longueira, que no ha sido derogada, por oposición de los amarillos y los que prometen reformas a la actual Constitución en caso de que en el plebiscito gane el rechazo. Sí, con toda seguridad van a reformar la actual Constitución, de la misma forma en que van a anular dicha Ley: absteniéndose de asistir a las comisiones respectivas, para no dar el quórum necesario para aprobar alguna de las reformas. En este predicamento, está incluso el del “raspado de la olla”.  Hasta donde se sepa, el señorito Warnken, no ha criticado a ninguno de estos “honorables” parlamentarios. Entonces, don Cristián, estoy seguro, sin aprobar las mentiras de Rojas Vade, que en él hay mucha más dignidad que en todos los demás corruptos y sus amigos amarillos.

Quiero hacer referencia, a una declaración que realizó la senadora de la DC, Ximena Rincón referida a que “no sabía que era necesario tener un carnet para acreditarse como de centro izquierda: “Uno (sic), el sello de centro izquierda lo tiene por las conductas, la vida y por la acción”. Se dispara en los pies: ése es justamente el problema doña Ximena, sus conductas, la vida y su acción. Huelgan más comentarios.

Otra de estos superdotados del rechazo; Javier Macaya, presidente de la UDI: “el gobierno debe entregarnos la mitad de las Constituciones a nosotros”. Lo que no dijo, es que era para quemarlas.

Boric y su contradicción vital

A estas alturas del proceso constituyente y camino al plebiscito de salida, el presidente Gabriel Boric se ha convertido en uno de los principales impugnadores del texto de la nueva Constitución: insiste en aprobar para reformar y ha presionado a los dirigentes de los partidos que forman la base de su gobierno, que lleguen a un acuerdo en este sentido, incluso en los artículos o capítulos que es necesario reformar y, para más remate, antes de que se apruebe en el plebiscito.

Primero, según lo que expresé al principio de esta nota, referido al proceso constituyente, en ningún caso el ejecutivo tiene un rol en la aprobación, expedición o sanción de la nueva Constitución.

Segundo: ¿quién o quiénes le informaron al presidente Boric que eran ésos y no otros los artículos que la ciudadanía soberana deseaba cambiar? Más bien, se aprecia que las presiones de la derecha pinochetista confabulada con los amarillos, ha sido la que ha influido en la toma de decisiones del señor presidente.

Tercero: no deja de llamar la atención que Boric sucumba ante la oposición, en vez de escuchar las voces de importantes expertos internacionales, mismos que han manifestado su aprobación y han exaltado varios aspectos del texto que deberá ser votado. El presidente de la Unión Internacional de Magistrados, José Igreja Matos, al referirse al Consejo de Justicia propuesto en la NC, expresó que “era una propuesta equilibrada”.

Por su parte, más de 40 expertos firman una carta en la que afirman: “El mundo tiene mucho que aprender de los procesos ejemplares de la Convención y el visionario producto que se votará”. Entre los firmantes, se encuentran los economistas Tomás Piketty (francés) y el coreano Ha- Joon Chang, sólo por nombrar a los más conocidos en Chile.

El presidente Gabriel Boric, en su contradicción vital, se debate entre asumir los consejos de su gurú, el expresidente Ricardo Lagos Escobar, la derecha histórica; los que se autodefinen como “centro izquierda por el rechazo” (¿?); el conglomerado que lo apoya (con algunas excepciones) o lo que dicta el Departamento de Estado. Debe quedar claro, sin embargo, que, entre sus tribulaciones, jamás podrá estar, aunque sea tangencialmente, la verdadera izquierda.

Antes de finalizar esta extensa nota, no puedo dejar pasar la patochada de la presidenta del club social cuyo nombre de fantasía es Partido Socialista de Chile, Paulina Vodánovich: “Yo le pediría al alcalde Jadue, recordando al Rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente, porque esta discusión está zanjada”. Bueno, qué se puede esperar de la presidenta de un organismo genéticamente modificado que se hace llamar Partido Socialista. Citando nada menos que a un Rey corrupto, franquista y prepotente que se libró de que Hugo Chávez le contestara, debido a que no le escuchó su bravata.

La respuesta de Daniel Jadue, ejemplo de decencia: “La presidenta del PS P. Vodánovich, del mismo partido perseguido en dictadura por tener una idea política, manda a callar a quien tiene una legítima diferencia. Ya tenemos un texto constitucional. Dejemos que el pueblo se pronuncie el 4 de sep. Eso es lo realmente democrático”.

(*) Giacomo Sani, en N. Biobbio y N. Matteucci, Diccionario de política, Siglo XXI, México, 1981, t. I, pp. 365-366.

Por Hugo Murialdo

Síguenos:

1

0

20