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Siria: el equilibrio sigue silencioso y frágil

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Hoy, durante la sesión número 51 del Consejo de Derechos Humanos, que está sesionando en el palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, se presentó el informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria. El equilibrio de este país sigue muy frágil e inestable.

El mes de febrero de este año, la República Árabe Siria entró en su undécimo año de conflicto, con amenazas crecientes de nuevas operaciones militares y actividades terroristas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que, desde marzo de 2011 hasta marzo de 2021, se registraron 350.209 muertes individuales como resultado del conflicto sirio, incluidos 143.350 civiles identificados.

El 23 de mayo, el anuncio del presidente Erdogan de Turquia de otra incursión planificada fue seguido por episodios de escalada militar, bombardeos mutuos y movilización de todas las partes, incluso en Tell Ri’fat, Menbij, Ain Issa y Tel Tamer. Un ataque lanzado por Da’esh contra la prisión de Al-Sina’a, en el noreste, el 20 de enero, puso de manifiesto la capacidad del grupo terrorista para lanzar ataques complejos y la amenaza que sigue representando.

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La inseguridad continuó en las zonas controladas por el gobierno, particularmente en el sur del país. En Deraa, se registraron decenas de asesinatos de exlíderes de la oposición, así como de militares y miembros de seguridad del Gobierno. El reposicionamiento de las fuerzas rusas demostró la fragilidad de los arreglos de seguridad actuales, al igual que la continua dependencia de las milicias y los grupos armados afiliados al gobierno, que están implicados, entre otros, en un comercio de drogas en auge. En Idlib y el oeste de Alepo, continuó la violencia, con bombardeos mutuos entre las fuerzas progubernamentales y los grupos armados de oposición, incluido Hay’at Tahrir al-Sham, designado como grupo terrorista por las Naciones Unidas. Sin embargo, hubo una reducción significativa en el número de ataques aéreos de las fuerzas progubernamentales.

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“Hoy, los sirios se enfrentan a penurias cada vez mayores e intolerables, viviendo entre las ruinas de este prolongado conflicto. Millones están sufriendo en campos de desplazados, mientras que los recursos son cada vez más escasos, la fatiga de los donantes aumenta y ahora hay un brote de cólera”, denunció el Presidente de la Comisión Internacional de Investigación sobre la República Árabe Siria, Paulo Pinheiro.

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“La guerra no ha terminado a pesar de una reducción general de la lucha. Las hostilidades se intensifican en varios frentes. Los ataques siguen cobrando vidas civiles y dañando infraestructuras civiles clave, incluidos los recursos alimentarios e hídricos, en medio de una sequía. En Idlib, los niños fueron asesinados en su camino a la escuela, así que una familia entera fue asesinada mientras se reunían para el té de la tarde y los hombres fueron asesinados mientras cuidaban sus tiendas. Siria no puede permitirse el lujo de volver a los combates a mayor escala” siguió Paulo Pinheiro.

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Como ejemplo de los peligros diarios a los que se enfrentan los civiles, se denunciaron 12.350 incidentes con artefactos explosivos y minas terrestres en todo el país desde 2019 hasta abril de 2022. Recientemente, la explosión de una mina terrestre el 11 de junio en Deraa, según se informa, mató a 10 personas e hirió a 28. El Gobierno sirio informó que ha retirado “más de 50.000 artefactos explosivos, 84.000 proyectiles sin explotar y 45.000 minas de diversa índole, limpiando unas 735.000 ha de territorio sirio de minas y artefactos explosivos”.

Un equilibrio muy frágil, bajo todos los puntos de vista

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Además de la continuación de la guerra, los sirios se enfrentan a la culminación de más de una década de declive económico, exacerbado por la corrupción, la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las sanciones unilaterales y las crisis económicas en el Líbano y Turquía. La situación económica y humanitaria está en su peor momento desde el comienzo del conflicto, con un estimado de 14,6 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. El aumento del 800 % en los precios de los alimentos desde 2020 ha limitado aún más la capacidad de las agencias humanitarias para satisfacer las crecientes necesidades, al igual que el cierre del aeropuerto de Damasco tras presuntos ataques aéreos israelíes. En partes del país ha habido protestas contra el continuo deterioro de las condiciones de vida.

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“El conflicto armado es solo un aspecto de las dificultades que enfrentan los civiles sirios. Se reconoce ampliamente que las sanciones unilaterales a menudo tienen consecuencias perjudiciales no deseadas para las poblaciones. Es difícil estimar el impacto económico exacto de las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto a Siria, pero ciertamente parecen haber contribuido a un mayor deterioro de la situación económica y humanitaria en el país, y recomendamos que los Estados miembros lleven a cabo acciones independientes evaluaciones de esto, para mitigar las consecuencias no deseadas en la vida cotidiana de los civiles, incluso mediante la simplificación de los engorrosos procedimientos de exención humanitaria”, explicó Paulo Pinheiro.

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La tortura está prohibida por la Constitución siria. El 30 de marzo de 2022 el Gobierno adoptó la Ley No. 16/2022, que penaliza formalmente la tortura y establece sanciones penales significativas. Sin embargo, la nueva ley no aborda la inmunidad otorgada a los agentes militares y de seguridad o los malos tratos per se, y solo hace una referencia general a la capacidad de las víctimas y sobrevivientes para presentar denuncias y solicitar reparación o su derecho a ser protegidos contra represalias.

Además, las crecientes críticas en las redes sociales a las políticas oficiales, también en áreas tradicionalmente de apoyo al Gobierno, fueron respondidas en abril de 2022 por un nuevo decreto ley sobre ciber-delitos. La ley tipifica como delito las declaraciones en línea que se considere que socavan la Constitución y las políticas gubernamentales, con sentencias que van de 7 a 15 años de prisión y multas. A principios de junio, el Ministerio del Interior anunció en línea que 11 personas habían sido detenidas por difundir “información falsa” en Facebook e interactuar con usuarios en áreas fuera del control del Gobierno.23 Cerca de 200 suscriptores de un grupo de mensajería instantánea que transmite noticias locales en Dar’a gobernación fueron convocados a principios de 2022, sobre la base de una orden de arresto anterior, y se les pidió que se comprometieran a no protestar contra el Gobierno; dos de los suscriptores estuvieron detenidos durante unos dos meses.

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Para asegurar la liberación de sus familiares, las familias de los detenidos han pagado sobornos a funcionarios del Estado, incluidos jueces, o a intermediarios que extorsionaron dinero para identificar la ubicación de los detenidos u obtener su liberación. Las cantidades de dinero en juego ascendieron a decenas de miles de dólares, correspondientes tanto a la etapa previa al juicio como a la del juicio, durante la cual los intermediarios recolectaron sobornos para influir en las decisiones judiciales. Un sobreviviente de tortura, liberado en 2022 después de cinco años detenido por la agencia de inteligencia, dijo:

“Mi familia tuvo que vender nuestra tierra para pagar sobornos por mi liberación. Me liberaron pero todavía debo 6.000 dólares que mi familia le pidió prestado a un amigo para pagar sobornos. Necesito mucho dinero para tratar los problemas médicos que tengo a causa de la tortura y ya no tengo nada”.

El Consejo de Seguridad, en su resolución 2642 (2022), de 12 de julio de 2022, volvió a autorizar tardíamente la ayuda transfronteriza a través de Bab al-Hawa por un período de solo seis meses. La autorización actual vencerá a mediados del invierno, cuando las necesidades suelen ser más altas, y se deben implementar los arreglos apropiados.

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Elena Rusca, Ginebra, 22.09.2022

 

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Corresponsal en Ginebra

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