Caso Democracia Viva: los principales involucrados y los efectos sobre el gobierno

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Enlace entre Democracia Viva y el oficialismo desata el primer caso de corrupción para la coalición gobernante en Chile, liderada por el Presidente Gabriel Boric.

La polémica levantada entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática (RD) y al oficialismo golpea ya con fuerza al gobierno. La fundación recibió una asignación de $426 millones del ministerio para llevar a cabo proyectos de participación ciudadana en la Región de Antofagasta, sin embargo, se reveló que solo se habría ejecutado el 3% del presupuesto asignado. Esta situación ha generado consecuencias políticas y judiciales significativas.

El caso Democracia Viva ha impactado directamente a destacados miembros de la coalición gobernante, entre ellos Daniel Andrade, representante legal y fundador de la fundación, y pareja de la diputada Catalina Pérez. La diputada Pérez, también vicepresidenta de la Cámara Baja y militante de RD, ha suspendido su cargo como consecuencia de los acontecimientos, en tanto también se han visto involucrados Carlos Contreras, exseremi del Ministerio de Vivienda en Antofagasta y militante de RD, y Tatiana Rojas, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y militante de RD. Rojas ha sido cuestionada por tener conocimiento de los convenios desde mayo y no haber tomado medidas al respecto. Estos nombres representan los primeros casos de corrupción que afectan a la coalición gobernante.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha exigido la devolución de los recursos no ejecutados por parte de la fundación y ha anunciado el fin de las asignaciones directas a fundaciones. Además, la Contraloría ha ordenado al ministerio informar sobre todas las transferencias realizadas a fundaciones en un plazo de cinco días hábiles. Estas acciones evidencian la determinación del gobierno de abordar el caso de manera transparente y responsable.

En respuesta a estos sucesos, el Presidente Gabriel Boric ha expresado su compromiso con la investigación en curso y ha destacado la importancia de colaborar con la Fiscalía. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de actuar con contundencia ante cualquier cuestionamiento que socave la confianza pública, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas si así lo dicta la justicia. Por su parte, el ministro Carlos Montes ha afirmado que los involucrados recibirán una respuesta contundente por parte del gobierno y ha anunciado la adopción de medidas. Entre ellas, se encuentra la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados a la fundación y la finalización de las asignaciones directas a fundaciones.

La versión del senador Latorre

El partido Revolución Democrática (RD) no ha mantenido silencio. El senador y presidente del partido, Ignacio Latorre, ha señalado que la fundación no pertenece a RD y que se trata de una organización autónoma enfocada en temas de participación ciudadana. Además, ha aclarado que la subsecretaria Tatiana Rojas alertó al ministerio y comunicó la situación al ministro Carlos Montes en mayo. Sin embargo, Latorre ha admitido su error  respecto a sus iniciales declaraciones y ha ofrecido disculpas al ministro por su equivocación. El partido ha manifestado su apoyo a las medidas anunciadas por el ministro Montes y ha solicitado la expulsión de los militantes involucrados en el caso.

La Contraloría, como organismo de control, también ha emitido su pronunciamiento. Ha ordenado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que informe sobre todas las transferencias realizadas a fundaciones en la Región de Antofagasta entre 2022 y 2023 en un plazo de cinco días hábiles. Esta medida se basa en las denuncias ingresadas y en la viralización del caso en redes sociales. La Contraloría tiene la facultad de detectar irregularidades o ilegalidades en la gestión de los fondos públicos y puede sancionar a los responsables. Además, puede colaborar con la Fiscalía y otras entidades en la investigación del caso Democracia Viva y otros casos similares.

Este primer caso de «irregularidades» en la gestión de fondos públicos ha afectado al gobierno de diversas formas. Ha generado un desgaste político y una pérdida de credibilidad frente a la opinión pública, que cuestiona el manejo de los recursos públicos y la transparencia del gobierno. Asimismo, ha provocado una crisis interna en el oficialismo, especialmente en el Frente Amplio, que debe enfrentar las acusaciones contra sus militantes y la fundación vinculada a su sector. La investigación judicial a cargo de la Fiscalía y la fiscalización administrativa de la Contraloría podrían resultar en sanciones o responsabilidades penales para los involucrados.

El gobierno ha manifestado su compromiso de esclarecer los hechos, colaborar con las investigaciones y tomar las medidas necesarias para evitar futuros casos de corrupción. La ciudadanía espera una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades, reafirmando así el compromiso del gobierno de luchar contra la corrupción y preservar la confianza en las instituciones públicas.

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