Condenan a militares por tráfico de armas, municiones y cocaína: un golpe al crimen organizado

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El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha emitido un fallo unánime que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado. En esta sentencia , el sargento segundo del Ejército, Víctor Gabriel Roa Alburquenque, ha sido condenado a 12 años de presidio efectivo, junto con una serie de penas accesorias, por los delitos de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego. Estos delitos fueron perpetrados en junio de 2018 en las comunas de San Miguel, Maipú y Lo Espejo.

Además, en el mismo fallo, Jonathan Joan Olave Ahumada, fue sentenciado a 13 años de presidio y también deberá cumplir con las accesorias legales. Olave Ahumada ha sido condenado como autor de los delitos de tráfico ilícito de municiones, tráfico de arma prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Estos hechos ocurrieron en la comuna de Lo Espejo.

Durante el proceso judicial, se comprobó de manera irrefutable que Roa Alburquenque, en su rol de funcionario en servicio activo del Ejército de Chile, suministraba a Olave Ahumada diversos elementos sujetos a control de la ley. Las autoridades presenciaron el momento crucial cuando el sargento salió de su domicilio en San Miguel, trasladando consigo municiones y un fusil semi automático, y se encontró con Olave Ahumada en la comuna de Lo Espejo. Fue en ese momento cuando las fuerzas de seguridad intervinieron y descubrieron el arsenal oculto en el vehículo de Roa Alburquenque.

Además del decomiso de armas y municiones, se encontraron sustancias ilícitas en los domicilios de ambos acusados. Olave Ahumada mantenía en su posesión granadas de mano, armas de fuego y una cantidad significativa de cocaína base.

La contundencia de las pruebas presentadas en el juicio dejó claro que estos individuos estaban involucrados en actividades criminales de alto nivel. La gravedad de los delitos y las circunstancias agravantes llevaron a los jueces a dictar sentencias ejemplares que buscan enviar un mensaje claro: no se tolerará la participación de miembros de las fuerzas armadas en actividades delictivas.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se tomarán muestras biológicas de Olave Ahumada para su registro en el banco de ADN de condenados. Además, se ha ordenado el comiso de todas las armas, municiones y drogas incautadas para su posterior destrucción.

Este fallo ejemplar demuestra el compromiso del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado y la firmeza con la que se castigará cualquier actividad delictiva, sin importar el estatus o cargo de los involucrados. Es un paso importante en la búsqueda de la paz y seguridad de nuestra sociedad

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