A 50 años del golpe: Sin pueblo ni masas

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 15 segundos

A medida que nos acercamos a la conmemoración del golpe de estado en Chile, hemos sido testigos de diversos homenajes que exaltan a Salvador Allende, subiéndolo al pedestal de las figuras titánicas, no solo entre los grandes pensadores y luchadores sociales de América Latina, sino a un nivel global más amplio. Su legado, sin duda, será eterno y perdurable en la historia.

Pero estos tributos deberían guiarnos hacia una profunda reflexión, extendiéndose más allá de la era de la Unidad Popular, abarcando los últimos treinta años de política y sus consecuencias. No deberíamos quedarnos únicamente con la conclusión comúnmente extraída de estos homenajes, que proclama la inmortalidad del legado de Allende. En su lugar, deberíamos cuestionarnos qué ha sucedido con ese legado a lo largo de estas cinco décadas.

Es esencial preguntarse, cómo es posible que medio siglo después del golpe de estado, la facción más radical y pinochetista de la derecha se encuentre más cercana al poder que cualquier agrupación autodenominada progresista. ¿Cómo ha llegado esto a ser realidad? Resulta desconcertante, especialmente, considerando que, durante la mayor parte de los últimos treinta años, desde la supuesta restauración democrática, la Concertación ha dominado el panorama político. Debemos enfrentar la interrogante acerca de cómo, en el mismo tiempo, la brecha entre ricos y pobres ha experimentado un marcado crecimiento. Además, es crucial analizar por qué los sectores que en algún momento se autodenominaron progresistas o de centro-izquierda han sufrido una derrota tan contundente ante los ojos de la ciudadanía. ¿Cómo es plausible que partidos que solían contar con una ferviente militancia se hayan convertido en poco más que estructuras huecas y desprovistas de contenido, en la actualidad, sin masa, ni pueblo?

El argumento de que estos partidos no han abandonado por completo sus principios progresistas, lo cual puede ser verdad en cierta militancia, pasa por alto el hecho de que sus acciones hablan más que las palabras. Pues priorizan las alianzas con las élites económicas más que los intereses de la ciudadanía y abogar por la justicia social y económica. Esto ha socavado la credibilidad y la confianza de la gente en los partidos progresistas, dificultando movilizar apoyos y desafiar efectivamente el dominio de los intereses empresariales.

Reflexionar sobre la viabilidad de la estrategia seguida, caracterizada por el abandono de la política y el desarme ideológico, a raíz de la adopción de la teoría de la tercera vía, se torna imperativo. Es el momento de examinar con detenimiento cómo hemos llegado a este punto y si persistir con esta estrategia sigue siendo sensato. Hoy podemos ver con claridad que muchos de los problemas actuales tienen raíz en errores políticos e ideológicos pasados, más específicamente, desde la adopción de tal teoría, está de la tercera vía.

En los sectores progresistas, existe una marcada tendencia, hasta obsesión, a autodenominarse como «centro». Esta elección aparentemente deriva de la percepción de que dialogar con la derecha y abogar por los intereses que aseguran defender es improbable sin esta posición. No obstante, conviene destacar que el centro es inherentemente un punto neutral y estático, muerto si se quiere, careciendo de dirección. Por consiguiente, su única razón de existencia es el mantenimiento del statu quo. Si la Concertación, desde su inicio, buscaba precisamente esto, entonces su estrategia ha sido enormemente exitosa, lo que ayuda a entender por qué las decisiones políticas tomadas al asumir el poder en 1990 no pueden considerarse errores, sino parte de un plan premeditado. Este diseño ahora cobra relevancia cuando el gobierno y los sectores progresistas de centro-izquierda se encuentran sin recursos, pueblo, ni masa, ni interlocutores para enfrentar la agresiva e intransigente postura de la derecha en los diálogos propuestos por el gobierno. No existe nada para obligar a la derecha a negociar.

En el momento en que, tras el triunfo de Aylwin en 1990, el concepto de partidos representativos de masas fue desechada y reemplazada por una élite de tecnócratas y expertos que, en teoría, poseían la capacidad de gobernar y negociar con la derecha para obtener avances sociales. Con esto se marcó un cambio significativo. En otras palabras, se estableció una estructura de partidos conformada mayoritariamente por burócratas. El rol del pueblo en esta ecuación perdió relevancia, ya que el plebiscito se había ganado y el gobierno estaba en manos de esta élite tecnocrática. Era el tiempo de los «expertos».

Esta estrategia implicó atraer a los miembros más destacados de las organizaciones sociales y populares, incorporándolos al aparato estatal, donde había numerosos puestos por llenar. Sin embargo, esta movida implicó un distanciamiento de las bases y un abandono de las comunidades, los territorios y la ciudadanía en general. La estrategia ya no priorizaba la masa ni al pueblo y la militancia ya no tenía ningún otro propósito que asegurar la legalidad del partido.

En sintonía con esta estrategia, durante esos mismos años se optó por abandonar las revistas de análisis, noticias y cultura que habían sido fundamentales durante la lucha contra la dictadura. Publicaciones como «Análisis,» «El Fortín Mapocho,» «Apsi» y «La Bicicleta,» junto con sus destacados directores y los numerosos periodistas que contribuyeron a ellas, fueron relegados, desechados. El gobierno de Aylwin propició su declive económico y posterior desaparición, al negarse a integrarlas entre las publicaciones oficiales utilizadas para comunicar resoluciones y anuncios gubernamentales. Estos destacados periodistas, héroes en la lucha contra la dictadura, quienes habían sacrificado mucho, no recibieron el reconocimiento que merecían y, en cambio, fueron considerados prescindibles para la nueva fase política que se avecinaba.

El pensar que solo el gobierno y parlamento, sin ayuda de nadie, podía producir cambios profundos, cometieron un terrible error de diseño. Entregarse sueldos y privilegios inauditos ni visto en todo el mundo moderno. Privilegios que son además abusados sin control ni penas reales a los abusadores. Esto en vez de atraer gente preparada, de “expertos”, el parlamento se ha llenado de idiotas con diplomas y faranduleros/ras, menos de políticos con algo que proponer al país.

Estos elementos, que implican distanciarse de la conexión con la ciudadanía y de las publicaciones de análisis y noticias, son los que en la actualidad están afectando negativamente a la centro-izquierda. Carecen de canales efectivos para comunicarse directamente con la población a través de la militancia, y tampoco cuentan con revistas y periódicos que puedan contrarrestar el impacto de los medios de comunicación masivos controlados por empresarios. Este hecho es especialmente preocupante en el contexto actual, ya que son los medios y no el gobierno ni los partidos en el poder los que determinan la agenda política. Los medios empresariales tienen el control sobre qué temas se discuten y cuándo se abordan. Un ejemplo reciente que viene a la mente es cómo los medios lograron posicionar el tema de la delincuencia en el centro de la agenda nacional, incluso influyendo en la creación apresurada de leyes mal concebidas que probablemente serán implementadas de manera deficiente. A pesar de esta situación, hasta ahora ningún gobierno de orientación centro-izquierda ha tomado medidas para corregir esta distorsión, pudiendo optar por respaldar publicaciones en línea como «Clarín» y «El Ciudadano», que ofrecen perspectivas diferentes de las proporcionadas por los medios empresariales y que están más conectadas con la realidad nacional.

La verdad es que la centro-izquierda ya no puede darse el lujo de seguir sin masa ni pueblo. Pero para que el pueblo vuelva a poner su atención a la política debe proponérsele un camino totalmente diferente al actual.

Por Rafael Alfredo Cerpa

Síguenos:

1

0

20