Ahora, hay que comenzar a gobernar

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La administración del presidente Gabriel Boric ha cumplido un año y medio desde su instalación en La Moneda, tiempo suficiente para empezar a gobernar,  identificar las reales necesidades de la gente, desentenderse de las presiones en su contra,  dejar las conciliaciones de lado y comenzar  a concretar los anuncios sobre transformaciones estructurales  que se formularon durante la campaña electoral.

El mandatario apoyado por la alianza Apruebo Dignidad y a medias por la invitada de piedra, la ex Concertación social demócrata, está en deuda respecto a las promesas refundacionales que entusiasmaron a la ciudadanía y que no ha llevado a cabo por distintos motivos, incluyendo la inexperiencia de la generación de recambio,  el escaso aporte del hoy llamado Socialismo Democrático y principalmente por el afán obstruccionista y destructivo de la oposición que es la derecha nostálgica de la dictadura y que le niega la sal y el agua.

Para las clases populares, este gobierno tiene a su favor un doble mérito que estuvo ausente en todos sus antecesores civiles pero conservadores: ha reivindicado el nombre del presidente Salvador Allende derrocado por encargo del imperio norteamericano y viene desarrollando una acertada política de derechos humanos, contra el negacionismo y la impunidad, y poniendo en marcha el «Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos Durante la Dictadura».

Esa política reivindicativa que parecía olvidada se contrapone  con la serie de errores, yerros y desatinos que se han sucedido en el ámbito socioeconómico. El hecho más preocupante es la emergencia laboral, no declarada pero demoledora que nada indica  que sea estacional porque en esta estación ni en otra se han generado puestos de trabajo ni se han recuperado los que se perdieron durante la pandemia, todo lo cual incide en la falta de ingresos  e incremento de la pobreza en sectores mayoritarios de la población.

El Ejecutivo ha dado prioridad a una agenda que no figuraba en su programa, pero que claramente le ha sido impuesta desde fuera de La Moneda. Por las presiones ejercidas en su contra todos los esfuerzos están puestos en el combate contra la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado (legado por la DINA), en destinar recursos para nuevos cuarteles  y equipamientos policiales, más leyes y atribuciones a Carabineros,  un dineral para la Subsecretaría de Prevención del Delito incapaz de prevenir nada, en proyectar un costoso Ministerio de seguridad pública y en negar que el plan «Calle sin violencia» se convirtió en un fiasco.

Nada de eso tiene sentido para las clases populares, los trabajadores con o sin empleo, los pobladores y sus familias, que asisten asombrados a este derroche sin resultado alguno, porque se insiste en desestimar el origen social de la delincuencia y la violencia. El pueblo aspira a contar con un amplio programa de protección social encabezado por los derechos humanos y los derechos ciudadanos básicos, en plena democracia que tenga como baluartes a la igualdad y la dignidad, y expectativas que proyecten a futuro su bienestar personal y familiar.

Oportunidades para todos, reclaman los pobres y menos pobres discriminados. Si las hubiera,  se estarían generando los puestos de trabajo que se necesitan, no habría tanta deserción escolar y se acelerarían programas que están en ejecución pero que no avanzan con el ritmo requerido. Es el caso  de la reducción de las listas de espera en los hospitales públicos y la construcción de viviendas  para reducir el déficit habitacional.

Tampoco hay avances para la tercera edad que pide pensiones decentes para sus últimos años de vida. ello no ocurrirá mientras sigan en pie las AFP que ganan dinero a manos llenas, pero solo para sus dueños. Esas máquinas tragamonedas que son las AFP y las Isapres – creadas en dictadura – simbolizan la mezquindad y las injusticias del sistema privatizador  del pinochetismo, que todavía hoy enturbia la existencia de los chilenos.

En los últimos meses han comenzado a presentarse conflictos gremiales que la autoridad política no puede neutralizar. Los gremios más numerosos del país, el profesorado y la salud, han enfrentado al gobierno sin lograr soluciones hasta ahora. La deuda histórica que afecta  a 70 mil maestros – otra secuela de la tiranía castrense – y el despido de 12 mil funcionarios hospitalarios tras el término de la alerta sanitaria por el Covid complica al gobierno que aduce  falta de recursos para responder. A la vez, los portuarios han iniciado movilizaciones  exigiendo una ley de puertos que los proteja.

Por el momento no se movilizan los cesantes,  los endeudados y los jubilados  que suman millones de personas que no logran salir de la miseria. Cambien suman una multitud quienes tienen que vivir en precarios campamentos de tránsito o ejercer el comercio ambulante, oficio que es menospreciado y agraviado por los grandes mercaderes desde su lugar privilegiado en el modelo anti popular.

Cuesta creer que un gobierno que fue elegido por el pueblo no preste especial atención al drama mayoritario de la clase trabajadora.  El escenario actual da cuenta de un panorama sombrío, con mucha gente sin trabajo formal ni dinero en los bolsillos (la cesantía sigue escalando y fue de 0,9% en el trimestre junio – agosto), hay muchos jóvenes ociosos y una caída sostenida  en el empleo  que abre espacio a la informalidad laboral,  sin contrato ni protección social. A la fecha no se han recuperado 400 mil empleos que se perdieron durante la pandemia y todos los días  se sabe de nuevos despidos o «desvinculaciones».

El proyecto de Ley de Presupuesto 2024 anuncia que el gasto público se expandirá un 3,5%,, destacando – según el primer mandatario – énfasis en seguridad, salud, vivienda, emergencias  y cultura, pero no incluye como podría esperarse la creación  de ocupaciones seguras  que signifiquen ingresos dignos, estabilidad y certezas para las mayorías. En tanto, la inflación volvió a dispararse y registró el mes pasado un 0,7% de aumento.

Todo ello está determinando las bajas cifras de adhesión al presidente de la República y su administración multifacética en las encuestas de opinión pública, las que se mantienen sostenidamente pese a los discursos que quedan en el papel. Es probable que también haya ocasionado la escasa concurrencia – no más de 3 mil personas – al acto de respaldo al jefe de Estado que se efectuó frente a La Moneda el último día de septiembre.

Si el presidente Boric quiere realmente  tomar el timón gubernamental con decisión y fuerza democrática tiene que procurar  salir cuanto antes  de la trampa neoliberal en que se encuentra inmovilizado y desmarcarse del freno socialdemócrata que le imponen aquellos que voluntariamente colocó a su lado. De una buena vez hay que dar respuesta  a las promesas, en favor de las masas populares.

Hugo Alcayaga Brisso
Valparaiso

hugoalcayagaperiodista@gmail.com

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