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Vallenar: La lucha de la comunidad por preservar su territorio y derechos ante el Proyecto Kimal-Lo Aguirre

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En medio del desierto árido y majestuoso de Atacama, se alza Vallenar, hogar de la Junta de Vecinos de la Verbena y la ancestral comunidad indígena diaguita Cachina Las Pintadas. Este territorio, marcado por su riqueza natural y patrimonial, enfrenta una amenaza que podría alterar su existencia: el proyecto Kimal-Lo Aguirre, una mega carretera eléctrica con 2684 torres de alta tensión y dos subestaciones, proyectada para extenderse desde Antofagasta hasta Santiago, atravesando cinco regiones y 36 comunas.

La inquietud y angustia surgieron en octubre del año pasado (2022) cuando técnicos, sin previo aviso, realizaron mediciones georreferenciadas para las torres de alta tensión en el territorio de la comunidad. El shock inicial se convirtió en desesperación al contemplar las posibles consecuencias: la calidad de vida en riesgo, la salud amenazada, los emprendimientos económicos – principalmente turísticos -, la afectación a la frágil flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción, y la perturbación del fenómeno del desierto florido, así como del patrimonio arqueológico y las fuentes de agua.

Ante este panorama, la comunidad se organizó y levantó su voz, negándose a permitir la instalación de torres que atravesaran sus hogares y La Verbena. Conscientes de la necesidad de encontrar soluciones que minimicen el impacto, propusieron un tramo alternativo en una zona ya intervenida, evitando afectar a otras comunidades.

Sin embargo, el tiempo pasó y la respuesta nunca llegó. El proyecto fue presentado en octubre de este año al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin considerar las preocupaciones y propuestas de la comunidad. A pesar de abrirse un periodo para observaciones ciudadanas hasta febrero de 2024, la incertidumbre persiste.




La lucha de la comunidad no ha sido en vano. Tanto el Municipio de Vallenar como el Gobierno Regional se han unido a sus preocupaciones, presentando observaciones contundentes que señalan la incompatibilidad del tramo propuesto en La Verbena con planes de desarrollo, turismo, y estrategias para la conservación de la biodiversidad de Atacama. Incluso el Gobierno Regional emitió un voto político al respecto, respaldando el cambio del trazado.

No obstante, las críticas al proyecto continúan. Organismos como Sernatur, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Desarrollo Social y Familia, junto con entidades como la Dirección General de Aguas, Bienes Nacionales y Conaf, han manifestado la falta de datos esenciales para una evaluación adecuada, llegando a solicitar la terminación anticipada del proyecto.

El respaldo gubernamental al proyecto se basa en la necesidad de cumplir con la descarbonización y la transición energética para abordar el cambio climático. Sin embargo, la comunidad cuestiona si esta mega carretera eléctrica contribuye realmente a dichos objetivos o si, paradójicamente, agrava el problema climático.

La preocupación aumenta al descubrir que el proyecto vulnera la nueva ley de Transmisión Eléctrica, sin una evaluación ambiental estratégica ni estudio de franja, aspectos instaurados para evitar conflictos como este y buscar alternativas que armonicen el desarrollo con consideraciones ambientales y sociales.

Además, la comunidad ha denunciado la irregularidad gubernamental al dejar sin efecto modificaciones legales recientes que buscan resguardar la biodiversidad, todo en pos de avanzar con el proyecto. Esta situación plantea interrogantes sobre la validez de las leyes en tiempos de emergencia climática y la coherencia de las acciones gubernamentales.

En medio de esta incertidumbre, surge la preocupación sobre el futuro del territorio, cuestionando la planificación de estos proyectos y sus repercusiones a largo plazo. La comunidad hace un llamado tanto a las autoridades como a los habitantes de la región y del país para reflexionar sobre el destino de la energía generada y la necesidad de una planificación conjunta que salvaguarde los derechos y la sustentabilidad.

Este conflicto local ha alcanzado una dimensión nacional, evidenciando la urgencia de replantear políticas de transición energética y desarrollar una planificación más integral que contemple no solo los beneficios económicos, sino también los impactos sociales y ambientales.

El llamado está hecho. ¿Qué futuro energético queremos construir? ¿Cómo protegeremos nuestros territorios y comunidades? La respuesta está en la unión y en la toma de decisiones responsables y transparentes que consideren el bienestar de todos.

El compromiso del supuesto gobierno ambientalista del Presidente Boric se encuentra en la balanza, con la esperanza de que tome acción y preste atención a esta situación crucial que define el futuro de la comunidad y el país.

 

 

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