Rechazo de Acusación Constitucional al Ministro Carlos Montes: Análisis y argumentos

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 49 segundos

En una sesión de la Sala de la Cámara, se rechazó formalmente la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. La defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, apeló inicialmente a la «cuestión previa», argumentando que el libelo acusatorio no cumplía con los requisitos constitucionales para su presentación.

La votación resultó en la acogida de la cuestión previa con 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, lo que significó el rechazo formal de la acusación contra Montes. La defensa enfatizó la destacada labor del ministro, resaltando su compromiso con sus funciones y el alto nivel de ejecución presupuestaria en su cartera.

Los argumentos de la defensa se centraron en varios puntos. Ruiz-Tagle identificó seis cuestiones previas que refutaban la exigencia formal del libelo. Se destacó la ausencia de responsabilidad subjetiva en las acusaciones, errores en la formulación de las mismas y la falta de base jurídica.

Por otro lado, los diputados que apoyaban la acusación expresaron su preocupación por la falta de supervisión y fiscalización del ministro Montes en temas que involucraban fondos públicos. Sin embargo, la falta de elementos sólidos y la ausencia de responsabilidad directa del ministro en acciones específicas fueron puntos clave en el rechazo.

La sesión evidenció una división clara entre los que apoyaban la acusación y los que argumentaban en favor del rechazo. Mientras algunos destacaban la necesidad de responsabilidad política, otros sostenían que la acusación carecía de fundamentos jurídicos sólidos y se basaba en conjeturas mal elaboradas.

En resumen, el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Montes subraya la importancia de presentar argumentos sólidos y evidencia clara al nivelar la responsabilidad política con los fundamentos jurídicos necesarios para una acusación de esta naturaleza.

Reacciones

«Quinta Acusación Constitucional rechazada de la derecha y cada una está peor redactada que la anterior.  Desprolijidad que sólo le falta el respeto y desperdicia el tiempo del trabajo en la Cámara. Todas y todos podemos volver ahora a las tareas realmente necesarias para la ciudadanía», dijo la diputada Claudia Mix.

En tanto, Tomás Hirsch (PAH) criticó el texto presentado por los acusadores, porque está mal hecho y es desprolijo, con incoherencias y errores de forma y fondo. Dijo que presenta acusaciones mal formuladas y falsas que buscan manchar a un ministro. Por lo tanto, planteó que no cuenta con las condiciones mínimas de seriedad para ser acogida por la Cámara.

Continúo señalando que no tiene bases jurídicas en ninguno de los capítulos acusatorios. Se acusa en base a una supuesta responsabilidad objetiva y no subjetiva o personal del ministro, como establece el mecanismo constitucional. “Abre una forma de entender la responsabilidad que es inédita, un control político directo respecto a los ministros”, aclaró.

Por otra parte, consideró que hay confusión entre supervigilancia y jerarquía respecto de las funciones del ministro y de la subsecretaria. También descartó la responsabilidad de Montes en su omisión de denuncia y observó que hay conductas no imputables al ministro.

Acusaciones constitucionales en Chile: ¿Uso apropiado o abuso del mecanismo?

La frecuencia de las acusaciones constitucionales contra ministros en los últimos años en Chile ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y el propósito de este mecanismo. En menos de dos años de gobierno, esta es la quinta acusación presentada, lo que ha despertado preocupaciones sobre un posible abuso de poder político y un uso indebido de esta herramienta de control constitucional.

Es importante destacar que las acusaciones constitucionales son una vía legal establecida para fiscalizar y exigir responsabilidades a autoridades de alto rango en caso de que se infrinjan gravemente las normativas y la ética gubernamental. Sin embargo, la sucesión de estos procesos, particularmente si provienen predominantemente de un solo sector político, plantea cuestionamientos sobre la motivación real detrás de estas acciones.

La repetición de acusaciones constitucionales, en este caso específico, dirigidas a ministros del gobierno, ha llevado a preguntas sobre si se están utilizando como un arma política más que como un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

Desde ciertos sectores políticos se argumenta que estas acusaciones buscan resaltar la presunta responsabilidad de los ministros en diferentes asuntos, desde ejecución presupuestaria hasta presuntas faltas a la probidad, con la intención de cuestionar su desempeño y debilitar su posición política.

Sin embargo, la proliferación de estas acusaciones plantea el desafío de asegurar que este mecanismo se utilice de manera justa, equitativa y en consonancia con la gravedad de los hechos imputados. El hecho de que se presenten varias acusaciones, en ocasiones sobre diferentes ministros, sugiere la necesidad de una reflexión profunda sobre la finalidad real de estas acciones y si cumplen con los criterios constitucionales establecidos.

En resumen, mientras las acusaciones constitucionales son una herramienta crucial para mantener la responsabilidad y la integridad en el ejercicio gubernamental, su uso excesivo y repetido plantea dudas sobre su validez como un instrumento de control genuino o como un medio para propósitos políticos partidistas.

Síguenos:

1

0

20