Más allá del 27 de octubre

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“Confianza y vida,

sólo una vez perdida”.

(Del ‘Refranero español’)

‘UNIDOS’ A ENFRENTAR LAS ELECCIONES

Como en la generalidad de las formaciones sociales del globo, una ‘élite’ política se ha apoderado del país. Eso, lo sabemos. Es una verdad. Se trata de una ‘élite’ que tiene poder. Y lo ejerce sobre el conjunto social.

En el ejercicio de ese derecho —que le otorga una estructura institucional de dudosa reputación y, por ende, legitimidad— prepara un proceso eleccionario obligatorio para el 27 de octubre próximo en el cual tiene la certeza absoluta de ganar. Y allá intenta dirigirnos, y convencernos, a todos, que, tomados de su mano, arribaremos con éxito a nuestros objetivos en tales comicios.

Sin embargo, en todo proceso de esa índole hay escenarios que examinar, conductas que observar, intereses que considerar. Porque no todo sucede como uno quisiera. Y, si bien hay mecánicas que gobiernan esta clase de procesos, también se hace presente en ellos, a menudo, una infinita gama de variables que pueden conducirlos a resultados sorprendentes.

PRIMERA DIVISION

Una elección obligatoria contendrá, ineluctablemente, dos clases de electores: los que, por uno u otro motivo, acatarán el llamado de las autoridades y quienes no lo harán. El primer grupo, contrariamente a lo que podría suponerse, es político, pero no esencialmente. En su actitud hay una evidente manifestación de voluntad que va desde el apoyo a los partidos y candidatos como, asimismo, a la institucionalidad vigente. En el segundo, hay que distinguir entre quienes se van a abstener de votar y quienes no lo harán. Los primeros, para justificar su ausencia, recurrirán a presentar sus excusas y evitar, de esa manera, la aplicación de las sanciones, recurriendo a alegar enfermedad o a estar a una distancia que les impide participar en los comicios. La abstención, por eso, no implica una manifestación expresa de rebeldía, aún cuando la participación en los comicios sea obligatoria, sino puede ser, en muchos casos, falta de interés en la política.

LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA EN LOS COMICIOS

Tratándose de la participación obligatoria del electorado en los comicios, la voluntad del votante se va a manifestar en forma diáfana.

Por una parte, la militancia de los partidos políticos se inclinará por los candidatos que su colectividad ha incorporado en la papeleta respectiva; con ellos votarán los simpatizantes de esas colectividades, y quienes sientan cercanía a los candidatos propuestos; también lo harán quienes no conozcan a esos candidatos, pero suponen que cualquiera de ellos podrá realizar obras en beneficio de la comunidad. En este grupo hay otras personas que sufragan porque miran el voto como una inversión, y concurren a las urnas, simplemente, para no ‘perder el voto’ o, lo que es igual, para no perder su ‘inversión’. Son ‘capitalistas espirituales’; están ciertos de poseer un ‘capital espiritual’. Se les asemejan, quienes votan por cumplir con un ‘deber ciudadano’, aunque no conozcan a los candidatos ni estén afiliados a partido alguno; el concepto de ‘deber’ tiene un valor mayor al de la crítica social pues, generalmente, lo identifican con la ‘patria’: no votar, es atentar contra la Patria.

JUEGO PELIGROSO

En este juego, sin embargo, hay aspectos que no se consideran porque se presumen resueltos, lo que no es efectivo. Así, por ejemplo, se estima que, en el juego político, hay una ‘izquierda’ que se contrapone a una ‘derecha’. Y se soslaya la existencia de una ‘élite política’, una minoría social que, como su nombre lo indica y —siguiendo las directrices de la Real Academia de la Lengua—, se supone a sí misma ‘selecta o rectora’. Una ‘élite’ enquistada en el cuerpo social, organizada para realizar eficientemente el juego de la ‘alternancia’[1] y, a través del mismo, reproducir las condiciones que hacen posible la vigencia del modo de producción capitalista. No hay en ella intención alguna de establecer las bases para la construcción de una sociedad mejor, sino el deseo (inconfesable, por cierto) de mejorar el sistema vigente, hacerlo más dinámico y, en cierta manera, más tolerable para los sectores dominados a objeto de evitar, de esa manera, cualquier atisbo de explosión social. Y, así, seguir ‘unidos’, usque ad infinitum, dando razón a aquella sarcástica sentencia de Nicanor Parra que ‘la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas’. Un analista señala, sobre las mismas:

“La desconexión de las llamadas élites con la ciudadanía no es un tema en absoluto novedoso. La diferencia con años anteriores es el nivel decreciente de dichas “élites” y la encarnación de la gente, del pueblo o como se quiera llamar a los votantes, en las redes sociales y su omnipresencia. Pero esa mirada a las redes es generalmente en un solo sentido: para vender o denostar, menos que para escuchar o aprender”[2].

UNA ‘ÉLITE POLITICA’ INDOLENTE Y CORRUPTA

La ‘elite política’ es indolente; también corrupta: enseña a no manifestar asombro ante sus escándalos. Transforma en natural

“[…] ver a parlamentarios, ejecutivos y empresas condenadas por corrupción y cohecho, decenas de alcaldes y proveedores municipales imputados y formalizados por los mismos delitos, empresarios investigados por estafas y facturas falsas, altas autoridades policiales formalizadas…”[3],

Agregamos nosotros: también funcionarios y ex funcionarios de gobierno, incluyendo altas autoridades.

La intromisión del llamado ‘Poder’ Legislativo en los actos o asuntos propios de los ‘poderes’ Judicial y Ejecutivo es algo cotidiano. ¿Importa lo que diga la constitución? ¿Importa la moral en esos casos, importa la ética? ¿Importa el prestigio de las instituciones estatales? Nada, nada. Es parte de esa corrupción que baja, como peste maligna, hacia los sectores dominados e invade el cuerpo social. La misma que se genera tras cada elección pues, como lo señala un analista,

“[…] no lo olvidemos, estos diputados no llegaron ahí porque sí: fuimos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas del país, quienes los elegimos”[4].

Porque —repitámoslo hasta el cansancio— no ocurre de otra manera: quien impone el poder material en una sociedad, impone también en ella su poder espiritual. Lo que hace el de arriba, lo hace también el de abajo.

En uno de sus últimos trabajos, señala Daniel Matamala que el Congreso Nacional

“[…] se ha convertido en un cambalache donde la traición se premia, y la palabra empeñada no vale nada.

Es la hora de los vivos, de los que venden caro su voto a cambio de ventajas personales. En este cambalache parlamentario, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil”[5].

UN DESAFIO

Por consiguiente, ¿qué puede pasar con el votante que no milita en partido alguno, que no conoce a los candidatos, que desconfía de todos ellos, que mandaría todo al diablo con tal de no inmiscuirse en un universo que repudia, obligado por ese Parlamento, tan aborrecido, a participar en los comicios electorales?

Porque, de acuerdo a la Encuesta Criteria, un 85 % de la población nacional siente profunda desconfianza por las organizaciones públicas (incluidos los partidos).

“Mientras en 2020, un 67% pensaba que los organismos públicos en Chile son muy o bastante corruptos, esa cifra se elevó a 85% en 2024”[6].

Y la encuesta Signos:

“No deberían existir partidos políticos porque los políticos trabajan por su propio interés y no por el interés de la sociedad”[7].

El votante tiene opciones: la legislación le permite votar en blanco o, en caso de no encontrar candidato que le agrade, anular su voto. Se abren así, para él, dos caminos: votar en blanco o anular[8].

LAS OPCIONES

Para quienes la política no tiene o posee interés alguno, el voto en blanco es una buena solución en los casos que el votante se vea compelido a hacerlo; pero también puede serlo el voto nulo. Todo dependerá de lo que el interesado estime conveniente para él.

No obstante, es diferente la solución para quien sí tiene interés en la política y sueña con una alternativa diferente. Para éste, el voto en blanco no es una solución, pues su opción no es la indiferencia sino, muy por el contrario, desea expresar la molestia que lo invade, el rechazo que le produce ese tipo de actos. El voto nulo parece una buena solución: ahí puede vaciar su indignación porque dicho voto se presenta como un rechazo al sistema mismo. Es, en suma, una manifestación de voluntad, pero no de cualquier voluntad sino de una voluntad de protesta, de repulsa en contra lo que considera injusto o vejatorio, un rechazo a lo que se le ofrece como solución.

El voto nulo, sin embargo, tiene otro aspecto a considerar.

¿DESLEGITIMAR?

El voto nulo es una manifestación de voluntad, sin lugar a dudas; pero es, a la vez, una forma de mostrar abierto desapego al sistema impuesto. Es una protesta. Por lo mismo, implícitamente, deslegitima al sistema que se le impone y que el votante iracundo rechaza porque no tiene otra opción. Desde este punto de vista, el voto nulo identifica al rebelde, a quien no se somete a las maquinaciones de la ‘elite’ y se ve obligado a concurrir; pero, no por eso, deja de buscar una alternativa que le permita expresar su molestia. Es un voto de protesta.

Potencialmente, en consecuencia, el voto que se anula, consciente y deliberadamente (no hay otra forma de anular sino la indicada), constituye una forma de deslegitimar a la estructura política establecida para ejercer la democracia. Pero esta manera de plantearse como opción válida frente al sistema propuesto es estéril, no sirve, pues está reducida solamente a lo que es: una protesta, es decir, un acto negativo, una declaración de rechazo, carente de propuesta o contenido que entusiasme o se haga carne en el colectivo social.

Esta característica explica, por lo demás, que raras veces tengan las protestas repercusiones sociales y corran la suerte de la generalidad de aquellas, en su mayoría carentes de propuestas o con propuestas que no alcanzan a interpretar las más sentidas aspiraciones de las organizaciones sociales, ya sea por falta de interés, contenido o tiempo suficiente y cómo alcanzarlas.

Se plantea, de esa manera, la pregunta crucial.

DESLEGITIMAR, PERO ¿PARA QUÉ?

La deslegitimación, mirada desde un ángulo positivo, debería contener una propuesta social; debería, por ejemplo, presumir la descripción de un nuevo modelo de institucionalidad electoral, un modelo en el que el actor debiese expresar su visión acerca del rol de las elecciones, los posibles candidatos, la eventual propaganda política, el rol de los partidos y organizaciones interesadas en la cosa pública que van a participar en esos comicios, en fin.

Tal vez, esos aspectos deberían llevarnos a reflexionar acerca del establecimiento de una democracia directa, materia no tan ajena a la vida cotidiana cuando, sin participación alguna de la ciudadanía, aprueba el Senado

“[…] la idea de legislar sobre el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento, y que modifica la Ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”[9].

Más encima, adquiere inusitada prisa la discusión sobre la reforma al sistema político y

“[…] el fervor con el que algunos sectores, especialmente los políticos de derecha apoyados por los empresarios, abogan por esta reforma por sobre otras como la Fiscal o la previsional”[10].

¿Por qué avocarse a esta labor específica y no a aquella otra, referida a una nueva institucionalidad sobre la cual pueda afirmarse, como lo hemos sugerido, una democracia directa? ¿Por qué tan mezquinas propuestas si lo que se necesita es un cambio institucional de proporciones? Coincidimos, por lo mismo, en que

“Es necesario reflexionar sobre la verdadera agenda detrás de esta urgencia en la reforma política. ¿Se trata de una estrategia para desviar la atención de otros problemas más apremiantes? ¿O realmente existe un consenso sobre la necesidad prioritaria de estos cambios en el sistema político?»[11]

DESLEGITIMANDO LAS ELECCIONES SE LEGITIMA LA URGENCIA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Estas reflexiones no se detienen aquí. Por el contrario, nos conducen, inevitablemente, a inquirir sobre una tarea que hoy parece olvidada y, no obstante, guarda estrecha relación con el proceso eleccionario al que se nos compele concurrir: el trabajo de construir una nueva constitución.

En efecto, el mandato que se le dio al Parlamento de convocar a la ciudadanía para aprobar una nueva constitución sigue vigente, no se ha extinguido. Y, tal vez, es esa la razón del acelerado aumento que experimenta el descrédito hacia las instituciones estatales y sus agentes. A la vez, el cansancio cada vez mayor de la ciudadanía a acatar las directrices de organismos tan desprestigiados como aquellos, y la tendencia, cada vez más manifiesta, a actuar praeter leggem, es decir, fuera de la ley, no en contra de ella sino ignorándola, actuando al margen de la misma, soslayando su imperio.

Por consiguiente, la deslegitimación del proceso eleccionario no es algo vacuo. No es algo sin importancia. Por el contrario, se asienta sobre la certeza que la ‘elite política’ está en deuda con nosotros, una deuda que debe pagar y que se llama ‘nueva constitución’. Se trata, en suma, de abrir un nuevo proceso constituyente asentado, esta vez, sobre la voluntad de la comunidad nacional, expresada en una Asamblea deliberante, con plenos poderes, organizada territorialmente y avocada a la redacción de una nueva carta fundamental que reemplace las viejas y anquilosadas instituciones vigentes, y ponga las relaciones de producción en armonía con el desarrollo experimentado hasta ahora por las fuerzas productivas. Por lo mismo, tal vez no sea tan ilusorio concurrir a votar a fines de octubre próximo; pero no para legitimar a esa ‘elite’ gobernante y sus represivas estructuras sino para arrojar todo aquello, y terminar, de una vez por todas, con ese pasado (y presente) oprobioso. Poner fin a un suceso, en un momento dado, bien puede ser el comienzo de algo. Como la muerte que, siendo el fin de la vida, bien puede marcar, sin lugar a dudas, el comienzo de un ciclo nuevo.

Por Manuel Acuña Asenjo

Santiago, abril de 2024

[1] Llamamos ‘alternancia’ al juego político que se da en ciertas formaciones sociales donde coexisten dos bloques mayoritarios, disputándose el mando de la misma en elecciones periódicas que permiten gobernar a la primera, para ceder ese lugar en las próximas elecciones a la otra que, a su vez, lo entregará a ésta y así sucesivamente.

[2] Romo Costamaillére, Guido: ”Punto de partida: las elecciones municipales de octubre”, ‘El Mostrador’, 24 de abril 2024.

[3] Trivelli, Marcelo: “El derrumbe valórico de nuestra democracia”, ‘El Desconcierto’, 20 de abril de 2024.

[4] López P., Patricio: “Diputados: de la Visa Waiver a la decadencia total”, RUCH, 25 de abril de 2024.

[5] Matamala, Daniel: “Cambalache”, ‘La Tercera, 21 de abril de 2024.

[6] Redacción: “Criteria: 59% cree que Chile es uno de paÍses de América Latina más…”, ‘ExAnte’, 07 de abril de 2024.

[7] Melipillán, Roberto y Arredondo, María José: “Encuesta Signos: Se le apareció marzo a la política con crisis de desconfianza en las instituciones”, ‘El Mostrador’, 25 de febrero de 2024

[8] El elector vota en blanco cuando cierra el voto sin marcar preferencia alguna por los candidatos allí señalados y lo deposita en la urna; lo anula, cuando vota por la generalidad de los candidatos allí indicados, por varios de ellos o escribe en el voto alternativas que no se encuentran indicadas en la papeleta.

[9] Redacción: “Chile da primeros pasos legislativos para crear una nueva…”, ‘El Mostrador’, 13 de abril de 2024

[10] Redacción: “Los políticos están muy interesados en la reforma al sistema político. ¿Prioridad estratégica o distracción oportuna?”, ‘El Clarín’, 26 de abril de 2024.

[11] Redacción: “Los políticos están muy interesados en la reforma al sistema político. ¿Prioridad estratégica o distracción oportuna?”, ‘El Clarín’, 26 de abril de 2024.

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