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Fuerte repudio desde el Senado y la Cámara a fallo que revive el controvertido proyecto minero Dominga

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El reciente fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que revirtió la decisión del Consejo de Ministros y reabrió la posibilidad de avanzar con el proyecto minero-portuario Dominga, ha generado una fuerte reacción de rechazo desde diversos sectores políticos, especialmente desde parlamentarios de gobierno. Este proyecto ha sido ampliamente cuestionado por sus impactos medioambientales y su historial de controversias.

Críticas desde el Senado: “Una película que no termina nunca”

El senador Ricardo Lagos Weber, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, expresó su descontento con la decisión judicial, calificándola como un “fracaso”. Según el parlamentario, el caso Dominga, que lleva más de 11 años de tramitaciones, refleja la necesidad urgente de actualizar la legislación ambiental chilena.

“Necesitamos una legislación que cierre los procesos para bien o para mal. Lo de Dominga ya está como esas malas películas que no terminan nunca”, señaló Lagos Weber. El senador subrayó que uno de los problemas centrales es la falta de claridad y eficiencia en los procedimientos de otorgamiento de permisos, lo que permite que casos emblemáticos como Dominga se mantengan abiertos por más de una década.

Además, mencionó que el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente se está enfocando en mejorar la Ley 19.300, con el objetivo de establecer procedimientos más técnicos y objetivos, alejados de decisiones políticas que puedan ser cuestionadas.




Diputados PS: “Si Dominga se aprueba, se muere el alma de este gobierno”

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, representantes de las regiones directamente afectadas por el proyecto, también criticaron duramente el fallo. Manouchehri calificó a Dominga como un “proyecto asociado a la muerte y la corrupción”.

“Es inaceptable instalar un megaproyecto minero en una zona donde habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt. Esto sería tan absurdo como construir un megapuerto en las islas Galápagos”, señaló. Además, cuestionó la imparcialidad del fallo judicial, señalando la vinculación de una jueza con el expresidente Sebastián Piñera, cuya administración estuvo ligada al proyecto.

Por su parte, la diputada Cicardini destacó las posibles implicancias ambientales y sociales del proyecto, calificándolo como una amenaza directa para el ecosistema único del Archipiélago de Humboldt. “Dominga es corrupción y es muerte. Rechazamos absolutamente este fallo que resucita al zombie Dominga”, declaró. Cicardini también señaló que espera que el gobierno o la justicia rectifiquen esta decisión para proteger tanto el medio ambiente como a las comunidades locales.

Presión al Gobierno y la Justicia

Ambos diputados, junto a otros parlamentarios como Nathalie Castillo (PC) y Félix González (Independiente-Ecologista), han instado al Gobierno a reafirmar su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades. En este contexto, se han reiterado las demandas para consolidar un Área Marina Costera Protegida (AMCP) en el Archipiélago de Humboldt, un proyecto que fue aprobado en agosto de 2023.

Un Proyecto en el Centro de la Controversia

El proyecto Dominga, desarrollado por la empresa Andes Iron y vinculado a la familia Délano, ha sido objeto de críticas constantes por su impacto potencial en el medio ambiente y por las acusaciones de corrupción asociadas. La región de Coquimbo, donde se planea su instalación, alberga una biodiversidad única que incluye especies en peligro de extinción, como el pingüino de Humboldt.

El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta no solo ha reabierto la polémica, sino que también ha evidenciado las debilidades del marco regulatorio ambiental chileno. La discusión ahora se centra en si el gobierno ratificará el rechazo del Consejo de Ministros o si permitirá que el proyecto avance, desafiando la oposición de amplios sectores políticos, sociales y medioambientales.

Con esta nueva resolución, Dominga sigue siendo un tema central en el debate nacional, marcando una profunda división entre desarrollo económico y protección ambiental.



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