Corte Interamericana condena a Chile por vulneraciones en Sename y ordena millonaria indemnización
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que el Estado de Chile deberá pagar más de $647 millones en indemnizaciones a 271 exinternos del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras confirmar que fueron víctimas de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales. Este fallo histórico también establece la responsabilidad internacional de Chile en la muerte de 10 jóvenes en un incendio ocurrido en 2007 en un centro de Puerto Montt.
El tribunal, en una sentencia conocida este martes, reconoció que Chile admitió parcialmente su responsabilidad durante las audiencias realizadas en Brasilia el año pasado, pero determinó que el Estado aún tenía una serie de obligaciones pendientes en el marco del derecho interamericano.
Un fallo que evidencia graves vulneraciones
Dentro de sus resoluciones más relevantes, la Corte determinó que el Estado chileno es responsable de la muerte de los 10 adolescentes que fallecieron el 21 de octubre de 2007 en el centro de internamiento Tiempo de Crecer, ubicado en Puerto Montt. La tragedia se produjo durante una protesta de los jóvenes internos, quienes denunciaban las malas condiciones de detención, y que derivó en un incendio causado por un calentador de gas.
Asimismo, la Corte estableció que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de los familiares de los jóvenes fallecidos, así como múltiples derechos de los jóvenes recluidos en los centros de internamiento provisorio y régimen cerrado entre 2006 y 2009. Entre ellos, se mencionan los centros Lihuén (Limache), Antuhue (Rancagua), San Bernardo (San Miguel) y Tiempo de Crecer (Puerto Montt), donde se constataron violaciones a los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la educación, al agua y al saneamiento.
Indemnizaciones y medidas de reparación
La sentencia ordena al Estado indemnizar a la madre de uno de los jóvenes fallecidos en Puerto Montt, Mirsia Isabel Almonacid Almonacid, con un monto de 15 mil dólares, equivalentes a unos $14 millones. En tanto, los 271 exinternos serán compensados por el daño inmaterial sufrido, con montos que varían según el tiempo que estuvieron en reclusión:
- Menos de tres meses: 1.500 dólares.
- Entre tres meses y un año: 2.500 dólares.
- Más de un año: 3.500 dólares.
Para aquellos que estuvieron recluidos en el centro San Bernardo, la corte estableció un incremento del 30% en la indemnización, debido a la especial gravedad de las violaciones constatadas en ese recinto. En total, el Estado deberá desembolsar 682.350 dólares, equivalentes a $647 millones.
Obligaciones del Estado
Además de las compensaciones económicas, la sentencia exige a Chile cumplir con una serie de medidas de reparación, entre ellas:
- Informar sobre la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación en casos de violencia institucional en Sename, medida que ya está en marcha bajo la administración del presidente Gabriel Boric.
- Proveer tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las víctimas de las vulneraciones.
- Incorporar en la formación de todos los actores del sistema de responsabilidad penal adolescente los estándares de derechos humanos fijados en la sentencia.
- Publicar oficialmente el fallo y, en un plazo de un año, presentar un informe sobre el cumplimiento de estas medidas ante la Corte Interamericana.
Este dictamen representa un hito en la defensa de los derechos humanos en Chile y pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en el sistema de protección de la infancia y adolescencia para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Serafín Rodríguez says:
Cabe destacar que durante los años 2006—2009 en que ocurrieron los hechos materia de la condena, ejercía el cargo de Presidente de la República la Sra. Michelle Bachelet Jeria (2006—2010), posteriormente Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hiciera absolutamente nada en favor de las víctimas durante su mandato presidencial. Así es como el caso tuvo que escalar eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar satisfacción a la víctimas ademeas de la correspondiente condena al país.