Exlobista de casas de apuestas en Segpres desata polémica por posible conflicto de interés
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Una nueva controversia golpea al gobierno de José Antonio Kast luego de revelarse que una asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) trabajó hasta hace pocos meses realizando lobby para la industria de las plataformas de apuestas online, precisamente mientras hoy el Ejecutivo coordina la tramitación del proyecto que busca regular ese sector.
La asesora cuestionada es María Trinidad Sainz Reyes, quien actualmente integra el equipo de asesores de la Subsecretaría de la Segpres. Según reveló un reportaje de Fast Check, entre 2023 y 2025 participó en al menos ocho audiencias oficiales como representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, organización que reúne a empresas del negocio de las apuestas digitales.
El punto más sensible es que la Segpres tiene un rol clave en la coordinación política y legislativa del proyecto de ley que regula las apuestas online, iniciativa que hoy se discute en el Senado bajo el Boletín 14.838-03.
La situación encendió alarmas en la Comisión de Economía del Senado. Los senadores Diego Ibáñez (FA), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Celis (PPD) enviaron oficios tanto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, como a la contralora Dorothy Pérez, solicitando antecedentes y un pronunciamiento jurídico sobre un eventual conflicto de interés y posibles vulneraciones a las normas de probidad administrativa.
El senador Diego Ibáñez fue especialmente crítico. “No puede ser que la misma persona que durante años fue la cara visible del lobby de las casas de apuestas, hoy está sentada en La Moneda influyendo en la ley que las regula”, afirmó.
Ibáñez sostuvo además que la legislación chilena establece obligaciones de abstención cuando un funcionario ha prestado servicios recientes a actores directamente involucrados en materias bajo discusión estatal. “La ley es clara: un funcionario debe inhabilitarse si prestó servicios a partes interesadas en los últimos dos años. No basta con que la Segpres diga que actuaron conforme a la normativa, este caso debe investigarse como falta a la probidad”, agregó.
En la misma línea, el senador socialista Gastón Saavedra sostuvo que “la función pública requiere transparencia y probidad a toda prueba”, mientras que Ricardo Celis enfatizó que el tema afecta directamente la credibilidad del proceso legislativo. “Es muy importante que haya claridad y transparencia en proyectos de esta naturaleza”, señaló.
La polémica toca un punto especialmente sensible en Chile. La industria de las apuestas online ha crecido explosivamente durante los últimos años, expandiendo publicidad en el fútbol profesional, redes sociales y plataformas digitales, mientras permanece en una zona gris regulatoria. Diversos sectores políticos y organizaciones sociales han advertido sobre el impacto del juego online en menores de edad, endeudamiento juvenil y riesgos de lavado de dinero.
Precisamente por ello el proyecto de regulación se ha transformado en una de las discusiones más complejas en el Congreso, enfrentando fuertes presiones cruzadas de empresas tecnológicas, clubes deportivos, medios de comunicación y organismos reguladores.
Desde la Segpres respondieron mediante una declaración pública. El ministerio aseguró que María Trinidad Sainz “no ha tenido participación directa en la tramitación legislativa del proyecto consultado ni en otros de la misma materia” desde que asumió su cargo el 11 de marzo de 2026.
Además, señalaron que de manera “voluntaria y proactiva” la cartera dictó una resolución interna para incorporarla como sujeto pasivo de lobby, conforme a la Ley 20.730.
Sin embargo, las explicaciones no han logrado cerrar la controversia. Parlamentarios opositores insisten en que no basta con una declaración administrativa y que corresponde aclarar si la asesora participó indirectamente en reuniones, coordinaciones políticas o definición de estrategias legislativas relacionadas con la regulación de apuestas online.
El caso reabre además un debate más amplio sobre la creciente circulación entre lobby empresarial y altos cargos del Estado, fenómeno conocido internacionalmente como “puerta giratoria”. Aunque en Chile existen normas sobre lobby y transparencia, distintos especialistas han advertido durante años sobre vacíos regulatorios y debilidad de los mecanismos de fiscalización.
En este escenario, la solicitud enviada a Contraloría podría transformarse en una prueba importante para determinar hasta dónde llegan las incompatibilidades éticas en la relación entre intereses privados y función pública.
La controversia estalla además en un momento políticamente delicado para La Moneda, en medio de cuestionamientos por la “megareforma” económica, críticas por recortes sociales y un clima de creciente tensión social.
Fuentes: Fast Check, Senado de Chile, Segpres, declaraciones públicas de parlamentarios de la Comisión de Economía
