El Estado chileno sigue fallando al pueblo mapuche: entre la represión y la traición política
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En Chile persiste uno de los conflictos más vergonzosos de nuestra historia contemporánea: el que enfrenta al Estado chileno, junto a las elites políticas y económicas, con el pueblo mapuche. Se trata de un conflicto que no es reciente ni coyuntural: hunde sus raíces en la colonización, en el despojo sistemático de tierras y en la negación histórica de derechos a uno de los pueblos originarios más relevantes de América Latina.
La reciente finalización del trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada en 2023, parecía abrir una ventana para avanzar hacia una solución justa y duradera. Sin embargo, el rechazo de la derecha y ultraderecha chilena ha vuelto a desnudar el verdadero rostro del establishment: uno que prefiere la represión y la militarización antes que enfrentar con valentía las legítimas demandas mapuche.
El acuerdo de la Comisión, respaldado por siete de sus ocho integrantes, es un documento histórico que aborda aspectos esenciales: restitución de tierras, justicia, reparación integral a víctimas, desarrollo territorial e institucionalidad. La propuesta incluye un mecanismo para devolver hasta 240 mil hectáreas, de las cuales 100 mil provendrían de terrenos estatales, además de crear una Agencia Nacional de Tierras. Todo esto fue fruto de 55 sesiones, 146 audiencias, diálogos interculturales y el trabajo con más de 5.000 participantes, incluyendo comunidades, expertos y organismos internacionales.
Pero una vez más, los sectores más conservadores le han dado la espalda al diálogo. Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y representante de la extrema derecha, fue el único comisionado que rechazó el acuerdo, esgrimiendo argumentos que eluden el fondo del problema y que, en los hechos, representan los intereses de los grandes agricultores y empresas forestales que lucran con territorios usurpados. Naveillán ha sido una de las voces más agresivas, colocando trabas a cualquier avance y reforzando un discurso criminalizador hacia las comunidades mapuche.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena, representante de La Araucanía, dio un paso valiente al apoyar el informe y renunciar al Partido Republicano, denunciando las presiones de su sector para boicotear el acuerdo. Su decisión revela las tensiones internas de una derecha que, pese a tener en sus filas voces dispuestas a dialogar, sigue siendo rehén de los sectores más reaccionarios.
El discurso de “mano dura” ha sido reforzado por figuras como Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, quien insiste en que sin el reconocimiento explícito de “terrorismo” no hay entendimiento posible. Matthei, como muchos en su sector, omite deliberadamente que la mayor violencia en el Wallmapu ha sido la ejercida por el propio Estado, con la militarización permanente, la aplicación de la ley antiterrorista, y el encarcelamiento de decenas de líderes mapuche, como el emblemático Héctor Llaitul, condenado a más de 20 años de prisión.
El Gobierno, por su parte, ha calificado el acuerdo como un “hito histórico” y ha llamado a la oposición a la calma y a no someter este avance al chantaje electoral. Pero ese llamado parece perderse frente a una oposición decidida a enterrar cualquier intento de justicia. La derecha, el Partido Republicano y los libertarios ya han adelantado su rechazo a las propuestas, mostrando que, para ellos, no existe posibilidad de reconciliación si no es mediante la rendición absoluta del pueblo mapuche.
El conflicto en el Wallmapu no se resolverá con más militares, ni con más represión, ni con discursos que niegan la historia. Mientras el Estado no reconozca de manera plena los derechos territoriales, culturales y políticos del pueblo mapuche, y mientras la clase política no enfrente a los poderes fácticos —las forestales, los agricultores, las elites conservadoras—, la herida seguirá abierta.
La pregunta que queda en el aire es si Chile está dispuesto a construir una sociedad verdaderamente plurinacional, o si seguirá optando por la fuerza y la negación. El futuro del Wallmapu y de la paz en el sur del país depende de esa decisión.
