Un mes de paro en las Corporaciones de Asistencia Judicial: trabajadores exigen respuestas al Ministerio de Justicia
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Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), encargadas de entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a los sectores más vulnerables del país, cumplieron este viernes un mes en paro indefinido. La paralización, que se extiende desde Arica a Punta Arenas, ha visibilizado la creciente precarización del servicio y la falta de respuesta a las demandas históricas de sus trabajadores.
Pese a diversas reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, los dirigentes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), que representa a más de 3.000 funcionarios y funcionarias, aseguran que no se ha logrado avanzar hacia un acuerdo satisfactorio. Si bien reconocen la existencia de un diálogo con la cartera liderada por el ministro Jaime Gajardo, cuestionan el tono y la inconsistencia del proceso.
“Nos resulta incomprensible que, a medida que avanzan los días, lejos de acercar posiciones, el Ministerio de Justicia incluso disminuya el piso inicial que ellos mismos propusieron a la hora de conversar”, señalaron fuentes de Fenadaj.
Entre los principales puntos que motivan las movilizaciones destacan la sobrecarga laboral, los problemas de salud mental entre los trabajadores, la falta de infraestructura adecuada y la falta de cumplimiento de un protocolo de homologación de remuneraciones firmado en 2023. Este último acuerdo, subrayan los dirigentes, sigue pendiente de aplicación completa, lo que ha generado un profundo malestar en las bases.
El conflicto no solo ha significado movilizaciones y marchas a lo largo del país, sino también jornadas de “Apagón Judicial”, durante las cuales no se han tramitado causas ni se ha atendido a los usuarios, afectando directamente a quienes dependen de estos servicios gratuitos para resolver conflictos legales.
A un mes de iniciado el paro, las y los trabajadores insisten en que sus demandas no son solo reivindicaciones laborales, sino también medidas urgentes para garantizar un servicio digno y eficiente para la ciudadanía más vulnerable. Mientras tanto, la falta de avances mantiene en incertidumbre tanto a funcionarios como a miles de usuarios que día a día acuden a estas oficinas en busca de apoyo.
El escenario sigue abierto y las organizaciones de trabajadores advierten que las movilizaciones podrían escalar si no se produce un cambio sustantivo en la actitud del Gobierno. El llamado, recalcan desde Fenadaj, es a las autoridades a asumir con responsabilidad y compromiso la urgencia de resolver este conflicto.
