Chile bajo la lupa de la CIDH: luces y sombras de la libertad de expresión
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En su informe anual 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó un diagnóstico detallado sobre el estado de la libertad de expresión en Chile. A pesar de avances legislativos y gestos institucionales a favor de este derecho fundamental, el panorama sigue marcado por agresiones a periodistas, procesos judiciales preocupantes y desafíos estructurales que exponen las tensiones entre democracia, seguridad y prensa libre.
Compromiso internacional y reformas legales
El Estado chileno ha mostrado una apertura inédita al escrutinio internacional, acogiendo entre el 18 y 21 de marzo de 2024 una visita oficial de la CIDH en el marco del Mecanismo de Seguimiento de las Recomendaciones del informe de 2022. Durante esta misión, el gobierno reiteró su compromiso con la libertad de expresión, participando activamente en debates y recibiendo observaciones de organismos y sociedad civil.
Entre los hitos destacados figura la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Santiago, el 3 de mayo, y la tramitación de un proyecto de ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la comunicación. Esta iniciativa busca salvaguardar el ejercicio periodístico mediante un estatuto especial, sin limitarse a quienes posean títulos profesionales.
Además, se aprobaron nuevas leyes en áreas claves como la protección de datos personales y la ciberseguridad, así como el fortalecimiento de medios públicos como Televisión Nacional de Chile (TVN) y la propuesta para crear la primera radio pública del país. Estas medidas reflejan un interés gubernamental por modernizar el ecosistema mediático y garantizar una mayor pluralidad informativa.
Persisten las agresiones y el acoso judicial
A pesar de estos avances, la Relatoría documentó numerosos casos de agresiones físicas y amenazas contra periodistas en ejercicio de su labor. Entre los más notorios se encuentra el ataque sufrido por la periodista Constanza Vásquez y el camarógrafo Javier López de UATV durante una manifestación en la Araucanía. El uso de gas pimienta por parte de Carabineros dejó herida a Vásquez, mientras que López fue detenido arbitrariamente. La Corte de Temuco falló posteriormente a favor del camarógrafo, estableciendo un importante precedente judicial en defensa del trabajo periodístico.
Otros episodios inquietantes incluyeron la agresión a un equipo de Meganoticias mientras investigaba al alcalde de Rinconada de Los Andes —acusado de corrupción— y los ataques a periodistas de Canal 13 durante coberturas en San Bernardo y Lo Espejo. En todos estos casos, la violencia tuvo una motivación política o institucional directa, generando un clima de intimidación y autocensura.
La Relatoría también llamó la atención sobre el uso de querellas penales como forma de presión contra periodistas. La condena del periodista independiente Felipe Soto por el delito de injurias, tras reportar presuntas irregularidades en el Gobierno Regional del Biobío, y el proceso contra Josefa Barraza, directora de El Ciudadano, ejemplifican una tendencia preocupante: la judicialización del ejercicio informativo. Aunque en este último caso el tribunal sobreseyó a la periodista, la amenaza legal opera como una forma de coacción silenciosa.
Asimismo, se denunció el uso excesivo del poder punitivo del Estado contra el periodista Daniel Labbé, arrestado y condenado por “desórdenes públicos” durante una cobertura en 2021. La Corte de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, pero el caso evidencia los riesgos del abuso policial y judicial como forma de castigar el trabajo periodístico crítico.
El caso Francisca Sandoval y la lucha contra la impunidad
Uno de los casos más emblemáticos fue el seguimiento al juicio por el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, ocurrido durante una manifestación en 2022. La condena de Marcelo Naranjo a 24 años de prisión marcó un hito judicial, al tratarse del primer homicidio de una periodista desde el retorno a la democracia. Sin embargo, la CIDH advirtió que la investigación aún no ha abordado adecuadamente posibles omisiones institucionales que facilitaron el crimen, subrayando la necesidad de un enfoque más integral para erradicar la impunidad.
Espionaje y represión institucional
El informe también abordó la llamada «Operación Topógrafo», un caso de espionaje estatal en el que el periodista Mauricio Weibel fue víctima de interceptaciones ilegales por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Las amenazas contra Weibel, su abogada y la fiscal del caso dan cuenta de la profundidad de las prácticas autoritarias aún persistentes dentro de las fuerzas armadas. La formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social, refuerza la necesidad de una reforma profunda en los cuerpos de seguridad del Estado.
El Clarín: Pluralismo, medios comunitarios y discriminación
En materia de pluralismo, la CIDH celebró la decisión de la Corte Suprema que anuló la disolución del diario El Clarín, establecida por decreto de la dictadura en 1975. Esta resolución no solo reivindica la memoria democrática, sino que abre la puerta al eventual relanzamiento de un medio emblemático para la prensa crítica en Chile.
La Relatoría también destacó el acuerdo del Estado con la radio comunitaria Estrella del Mar de Melinka, reconociendo los ataques sufridos y comprometiéndose a fortalecer el rol de los medios ciudadanos, especialmente en zonas aisladas y con pueblos originarios. En contraste, la querella de la comunidad haitiana contra un cantante chileno por comentarios racistas expuso la necesidad de avanzar en mecanismos eficaces para enfrentar los discursos de odio sin limitar la libertad de expresión legítima.
Libertad en internet y regulación de la inteligencia artificial
En el ámbito digital, Chile promulgó la Ley Marco sobre Ciberseguridad, que regula la protección de datos y establece la Agencia Nacional de Ciberseguridad. También se presentó un proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial, orientado a garantizar su desarrollo ético y alineado con los derechos humanos.
La Relatoría advirtió que la regulación estatal en internet debe ser proporcional, legal y sujeta a control judicial, para evitar que bajo el pretexto de la seguridad se restrinjan derechos fundamentales. El posicionamiento de Chile como líder en IA en América Latina plantea nuevas oportunidades, pero también exigencias en cuanto a su gobernanza democrática.
Un camino de avances y desafíos
El informe de la CIDH refleja un escenario ambivalente: por un lado, Chile ha mostrado avances legislativos, voluntad política y apertura internacional para fortalecer la libertad de expresión. Por otro, persisten prácticas de represión, acoso judicial y violencia contra periodistas que amenazan la salud democrática del país.
Garantizar una prensa libre, diversa y protegida no es solo un imperativo legal, sino una condición esencial para el funcionamiento del Estado de derecho. La responsabilidad ahora recae en las autoridades, el poder judicial, la sociedad civil y los medios de comunicación para consolidar los progresos y enfrentar con decisión los desafíos aún pendientes.
Felipe Portales says:
Está, por un lado, muy bueno el examen de la CIDH sobre la libertad de expresión en Chile al reparar en múltiples afectaciones específicas de dicho derecho ocurridas en los últimos tiempos y al destacar la anulación de la confiscación de «Clarín» por la dictadura, de lo que el gobierno de Boric sigue «haciéndose el leso» contraviniendo ¡las propias expresiones de solidaridad expresadas por el entonces diputado Boric a Víctor Pey!, y ¡negándose a cumplir con el fallo de la Justicia española que conmina al estado de Chile a reparar a los descendientes de Pey, incluyendo a la Fundación Presidente Allende!
Sim embargo, está muy malo al no hacerse cargo del profundo deterioro de la libertad de expresión real en Chile ¡desde 1990!, al haber virtualmente exterminado los sucesivos gobiernos de la Concertación TODOS los medios de prensa de centro-izquierda que incluso habían surgido en dictadura, a través del bloqueo de ayudas extranjeras y de la discriminación solapada y sistemática del avisaje estatal, según las denuncias nunca desmentidas de numerosos periodistas y directores de esos medios, entre ellos las de los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.