Control social y seguridad simbólica: el verdadero sentido del “Rol Único de Vándalos”
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El anuncio realizado este domingo por José Antonio Kast sobre la creación de un “Rol Único de Vándalos” marca un nuevo endurecimiento discursivo del gobierno en materia de orden público y seguridad. Pero también revela una tensión cada vez más evidente dentro de la estrategia oficialista: mientras el crimen organizado se expande en estructuras complejas y transnacionales, La Moneda parece concentrar parte importante de su energía política en delitos menores, desórdenes públicos y control callejero.
La propuesta busca crear un registro nacional especial para personas detenidas o condenadas por hechos asociados a vandalismo, daños a infraestructura pública, desórdenes y violencia callejera durante protestas o manifestaciones.
El gobierno sostiene que la medida permitirá identificar reincidencias, fortalecer el control policial y evitar lo que Kast calificó como “impunidad permanente” frente a quienes destruyen espacios públicos.
La idea encaja perfectamente dentro del núcleo ideológico del actual gobierno: orden, disciplina, control y endurecimiento penal.
Pero también abre una discusión mucho más profunda sobre las prioridades reales de la política de seguridad del Ejecutivo.
Porque el principal problema que hoy enfrenta Chile no parece ser precisamente el vandalismo callejero tradicional.
Las encuestas muestran que las mayores preocupaciones ciudadanas se concentran en narcotráfico, crimen organizado, sicariato, extorsión, secuestros y expansión territorial de bandas criminales altamente profesionalizadas.
Y allí surge la principal crítica que comienza a instalarse desde especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición: el riesgo de construir una política de seguridad altamente simbólica y mediática, pero poco efectiva para enfrentar las estructuras criminales más complejas.
El “Rol Único de Vándalos” probablemente tendrá efectos concretos sobre personas vinculadas a protestas, desórdenes públicos o delitos menores asociados al espacio urbano. Permitirá seguimiento policial más estricto, posibles restricciones administrativas y una vigilancia reforzada sobre determinados grupos considerados conflictivos.
Pero difícilmente afectará de manera relevante a las grandes redes criminales que hoy operan en Chile.
Las organizaciones ligadas al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas o las economías criminales transnacionales funcionan mediante estructuras financieras, logísticas y territoriales mucho más sofisticadas que no dependen del vandalismo callejero ni de protestas urbanas.
En otras palabras: el gobierno parece reforzar el control sobre los síntomas más visibles del desorden social, mientras el crimen organizado real continúa operando en niveles mucho más complejos.
La propuesta además revive debates muy sensibles sobre derechos civiles y criminalización de la protesta social.
Sectores críticos advierten que categorías como “vándalo” suelen ser extremadamente amplias y políticamente manipulables. En la práctica, el registro podría terminar incluyendo desde personas involucradas en saqueos violentos hasta manifestantes detenidos en contextos de protestas masivas o conflictos sociales.
El problema no es menor en un país donde la memoria del estallido social sigue profundamente abierta y donde organismos nacionales e internacionales documentaron graves abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones de 2019.
Por eso, para parte de la oposición y organizaciones sociales, el anuncio tiene también un fuerte contenido político y simbólico.
No aparece solo como una política de seguridad, sino como una señal ideológica dirigida a la base más dura del oficialismo: la idea de recuperar autoridad mediante control social, vigilancia y castigo ejemplificador.
El momento del anuncio tampoco parece casual.
Kast llega debilitado a su primera Cuenta Pública, con caída en las encuestas, creciente percepción de improvisación en seguridad y fuertes cuestionamientos a la “Megarreforma” económica aprobada recientemente en la Cámara.
En ese contexto, reforzar el discurso de orden público vuelve a convertirse en un terreno políticamente útil para el gobierno.
La seguridad sigue siendo uno de los pocos temas donde el oficialismo conserva todavía capacidad de movilización emocional sobre parte importante de su electorado.
Sin embargo, incluso allí comienzan a aparecer grietas.
Las últimas encuestas muestran una caída importante en el atributo presidencial “sabe cómo enfrentar la delincuencia”, mientras crece la percepción de que el gobierno improvisa y carece de una estrategia clara contra el crimen organizado.
Y esa quizás sea la principal contradicción del momento actual.
Mientras Chile enfrenta fenómenos criminales cada vez más sofisticados —narcoeconomías, bandas internacionales, corrupción financiera y expansión territorial armada—, el gobierno parece responder con herramientas altamente punitivas orientadas sobre todo al control visible del conflicto social urbano.
El riesgo es evidente: construir una política de seguridad espectacular y mediática, pero poco eficaz para enfrentar las estructuras profundas del crimen contemporáneo.
Porque perseguir “vándalos” puede producir imágenes de autoridad.
Pero difícilmente resolverá por sí solo la compleja transformación criminal que vive hoy el país.
Simón del Valle
