“El Congreso cedió ante Pacific Blu”: dura crítica de los pescadores artesanales tras acuerdo por la merluza común
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La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal acusa al Gobierno y al Parlamento de rendirse frente a la presión empresarial, mientras advierten que el fraccionamiento aprobado favorece nuevamente a la gran industria.
La reciente aprobación del fraccionamiento de la merluza común por parte de la Comisión Mixta del Congreso ha provocado una fuerte reacción del mundo de la pesca artesanal, que acusa al Gobierno y al Parlamento de haber claudicado frente a la presión de las grandes pesqueras, en particular la empresa Pacific Blu.
“El fraccionamiento es un avance, pero no olvidamos que el Senado, el Gobierno y la Comisión Mixta cedieron ante la presión de una empresa: Pacific Blu”, declaró Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, al referirse al nuevo mecanismo de asignación de cuota que otorga un 45% para la pesca artesanal y un 55% para la industria, siempre que la cuota global no supere las 35.000 toneladas. Si se sobrepasa dicha cifra, el excedente se repartirá solo para la pesca artesanal, hasta llegar a un tope de 50%.
Aunque desde la Alianza valoran algunos avances, el tono del comunicado fue categórico: el resultado es el fruto de un lobby empresarial que nuevamente torció la voluntad política. Según sus voceros, la amenaza de Pacific Blu —filial de Blumar, empresa involucrada en el escandaloso caso Bruma— de cerrar su planta en Talcahuano fue decisiva para doblarle la mano al Ejecutivo y al Congreso. “Una vez más, los grandes industriales recurren al chantaje laboral para mantener sus privilegios. Y lo peor es que el Gobierno no tuvo el coraje de mantener su postura inicial: defender a la pesca artesanal frente al poder económico”, enfatizó Cortés.
“¿A quién se defiende: al mar o al mercado?”
Desde las organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales se cuestiona el fondo del acuerdo. Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, fue clara: “La industria pesca con arrastre, un arte destructivo que impide la recuperación de especies como la merluza. La pesca artesanal cuida los recursos, pero hoy le dieron más porcentaje a quienes los agotan. ¿Es eso cuidar el empleo o el mar? Nadie se preocupó de velar por el empleo de las mujeres de mar”.
Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, añadió que “el plato tradicional del pueblo, la merluza, seguirá siendo un producto de exportación y no de consumo local. Esto afecta directamente a las mujeres y familias que viven de la pesca artesanal”.
La crítica apunta también a la lógica extractivista que ha regido durante décadas la política pesquera en Chile. Mientras la gran industria sigue capturando recursos para su venta al exterior, las comunidades costeras —históricamente marginadas— siguen luchando por sobrevivir en medio de regulaciones que no las protegen.
Un Gobierno sin coraje frente a las pesqueras
En la mira también quedó el ministro de Economía, Nicolás Grau. “El ministro tuvo la oportunidad de defender el diseño original del Ejecutivo y prefirió ceder. ¿Quién gobierna en Chile? ¿El Estado o las pesqueras industriales?”, cuestionó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la V región. Para la Alianza, esta decisión representa una señal preocupante: la incapacidad del Gobierno para sostener sus compromisos frente al poder económico.
Pese a todo, los pescadores artesanales no descartan la posibilidad de que este debate sirva de impulso para una discusión más profunda sobre el modelo pesquero chileno. Por eso, volvieron a exigir con fuerza la creación de una plataforma social que proteja a los trabajadores del mar y sus familias frente a crisis y tragedias como naufragios, colisiones o derrames.
“La plataforma social debe ser ley y debe financiarse con licitaciones que, al menos, devuelvan parte del botín entregado a la industria durante décadas. El Presidente Boric no puede seguir cediendo. Ejemplo de la indefensión en la que queda la pesca artesanal es que las familias del Bruma siguen esperando justicia”, cerró Cortés.
En medio de una crisis climática, con ecosistemas agotados y una ciudadanía que exige transformaciones, la pregunta que queda flotando es tan simple como urgente: ¿quién tiene el poder de decidir sobre el mar? ¿Las comunidades costeras o las pesqueras industriales?
ilsita says:
Sin duda estas empresas dueñas sus dueños o las 7 familias de las que se hablaba, del mar. tienen un peso tal que al final mandan al parlamento que vote lo que conviene. Basta ver sus productos en los supermercados compitiendo el congelado con el fresco. que engaña a las mujeres con el no tener que preocuparse…sólo que no les dicen las desventajas de lo congelado, ya que la medicina también está con mordaza eterna ante el poder de la industria farmacéutica también y ésta con mayor razón porque es el poder interno del país, vigilante de sus intereses….una vez más la realidad es más fuerte que la utopía de creer es por medio de los parlamentos que se consigue la igualdad..seguiremos con eyes que por lo demás se mantienen muchas veces en el papel, en un país sin fiscalización real.