Licencias médicas, viajes y privilegios: el caso que salpica a todos los poderes del Estado
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El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, es uno de los casos más cuestionados en la investigación sobre licencias médicas irregulares, tras revelarse que realizó viajes al extranjero en plena actividad legislativa.
Lo que comenzó como una investigación administrativa sobre licencias médicas irregulares ha terminado por exponer una práctica extendida y transversal en el aparato público chileno: el uso fraudulento de permisos médicos para justificar ausencias, muchas de ellas ligadas a viajes fuera del país. La Contraloría General de la República, al publicar sus hallazgos, ha destapado una caja de Pandora que alcanza hoy incluso a la presidencia de la Cámara de Diputados.
La gravedad del fenómeno no reside sólo en la cantidad —más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban oficialmente incapacitados por motivos de salud— sino también en la naturaleza de quienes se han visto involucrados. Funcionarios de ministerios, municipalidades, organismos autónomos, fiscales del Ministerio Público y, ahora, parlamentarios de distintas bancadas aparecen vinculados a esta red de privilegios normalizados.
Uno de los casos más visibles es el del presidente de la Cámara, José Miguel Castro, de Renovación Nacional, quien hoy enfrenta cuestionamientos por su reiterada ausencia durante votaciones clave del Congreso. Según una investigación del canal Mega, el diputado estuvo fuera del hemiciclo durante 24 días en 2022, justo cuando se discutían temas de alta relevancia nacional como defensa, seguridad y educación. Parte de esas ausencias coincidieron con viajes a Estados Unidos, realizados durante semanas legislativas o fechas simbólicas como Fiestas Patrias y Navidad.
Más allá de los descuentos marginales en su dieta parlamentaria, lo que indigna es el uso sistemático de semanas distritales —destinadas a la conexión territorial con la ciudadanía— como una especie de permiso tácito para ausentarse del país sin mayor justificación.
Pero Castro no es el único. Otros nombres también circulan: Maite Orsini (Frente Amplio), el libertario Gonzalo de la Carrera, y varios otros legisladores cuyos permisos médicos coinciden sospechosamente con temporadas vacacionales o viajes. La transversalidad del problema impide reducirlo a una pugna entre oficialismo y oposición. Lo que se revela aquí es un patrón de impunidad que, por años, ha operado bajo la lógica del doble estándar.
Paradójicamente, fue la propia Cámara la que anunció una investigación interna para esclarecer responsabilidades. Pero la iniciativa pierde credibilidad cuando quien la lidera aparece directamente involucrado. “Es impresentable que el presidente de la Cámara prometa sanciones ejemplares mientras su propio historial lo desmiente”, señaló el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), quien acusó a Castro de usar de forma abusiva las salidas al extranjero en múltiples ocasiones.
Este escándalo, más allá de sus aristas legales o administrativas, vuelve a tensionar la relación entre ciudadanía e instituciones. En un país donde las licencias médicas están sujetas a un estricto control para trabajadores comunes, el privilegio de ausentarse sin consecuencias y disfrazar vacaciones como enfermedades solo agudiza la percepción de desigualdad.
Lo que está en juego no es sólo la rendición de cuentas de un puñado de legisladores o burócratas. Es la confianza en el Estado como garante de equidad y probidad. Y si esa confianza se erosiona, la legitimidad de sus instituciones se resiente.
