Todos los salares son estratégicos: CENDA cuestiona licitaciones del litio y exige control estatal
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Declaración del Directorio del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) ha emitido una enérgica declaración pública en defensa del control estatal del litio chileno, advirtiendo sobre las graves consecuencias de la privatización encubierta de yacimientos clave. Bajo el lema “Todos los salares son estratégicos”, el organismo rechaza categóricamente las licitaciones en curso de salares denominados “no estratégicos” y llama a reforzar la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Apoyo a la Estrategia Nacional del Litio
CENDA reafirma su respaldo a la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el presidente Boric y basada en recomendaciones de la Comisión Nacional del Litio del gobierno de Michelle Bachelet. Esta estrategia —que se alinea con resoluciones de Naciones Unidas y estándares internacionales sobre recursos naturales estratégicos— reserva la explotación del litio a empresas estatales o asociaciones bajo su control mayoritario.
En este marco, el organismo celebra la reciente asociación liderada por CODELCO, que permitió a la minera estatal recuperar de inmediato el control del principal yacimiento del Salar de Atacama, en una negociación considerada histórica.
Denuncia de licitaciones “antinacionales”
En contraste, CENDA critica duramente las licitaciones actualmente impulsadas por el Ministerio de Minería, que buscan entregar la explotación de salares “chicos”, sin participación estatal ni regalías adecuadas. Según la declaración, estos procesos, calificados en su momento como simplificados y dirigidos casi exclusivamente a privados con concesiones mineras preexistentes, constituyen un acto de entrega del patrimonio nacional y tienen un carácter “antinacional”.
Uno de los beneficiarios identificados por CENDA sería un conocido empresario privado, señalado como el principal lobbysta contra el acuerdo CODELCO-SQM, quien habría financiado campañas de desprestigio que la propia estatal calificó como chantaje.
Salares Altoandinos: un proyecto estratégico
La declaración pone especial énfasis en el caso del proyecto Salares Altoandinos, licitado por ENAMI y que se encuentra en fase final de negociación con la empresa transnacional Río Tinto. A pesar del rol técnico cumplido por ENAMI, CENDA advierte que esta alianza dejaría el control del proyecto en manos extranjeras y bajo condiciones muy inferiores a las establecidas en contratos vigentes como el del Salar de Atacama.
El yacimiento descubierto en los Salares Altoandinos, que contiene cerca del 28% del litio existente en el Salar de Atacama, debería ser, según CENDA, reclasificado como estratégico de manera inmediata. Además, recalca que la exploración estatal —que costó menos de una milésima parte del valor del yacimiento— demuestra que ninguna licitación debe realizarse sin previa exploración pública.
Llamado al gobierno, al Congreso y a las candidaturas presidenciales
CENDA hace un llamado directo al Presidente de la República para garantizar el cumplimiento integral de la Estrategia Nacional del Litio en todos los salares del país, no solo en el Salar de Atacama. De igual forma, solicita a la Cámara de Diputados la conformación urgente de una Comisión Investigadora sobre las actuales licitaciones de salares, antes de la firma de cualquier acuerdo vinculante.
Asimismo, emplaza a las candidaturas presidenciales y a los críticos del acuerdo CODELCO-SQM a fijar posición respecto de estas licitaciones. El centro advierte que, a diferencia del acuerdo con SQM —que fortalece el control estatal—, las licitaciones actuales sí representan una verdadera entrega del patrimonio nacional.
Una advertencia clara
La declaración concluye con una afirmación categórica que resume su posición y alerta sobre las decisiones que se están tomando:
“¡Todos los salares son estratégicos!”
Con ello, CENDA reafirma su defensa del litio como un bien nacional estratégico, cuyo control debe permanecer en manos del Estado como garante del desarrollo soberano del país.
