Fallo de la Corte Suprema en caso de Julia Chuñil refuerza denuncias de impunidad: Organizaciones rechazan la decisión y denuncian a los ministros firmantes
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El reciente fallo de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de amparo presentado por la familia de la dirigenta mapuche desaparecida Julia Chuñil, ha provocado un enérgico repudio por parte del espacio Día a Día por Julia Chuñil y de diversas organizaciones de derechos humanos. A casi ocho meses de la desaparición forzada de Chuñil, sus allegados denuncian una nueva expresión de impunidad, esta vez avalada por la más alta instancia judicial del país.
«Reafirmamos nuestro apoyo a la familia junto a quien continuaremos en lucha inclaudicable hasta encontrar a Julia Chuñil», declaró el colectivo. Enfatizan que la Corte se alineó con la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia y con intereses empresariales regionales, ignorando las evidencias presentadas por la defensa.
Argumentos ignorados y omisiones judiciales
La abogada Karina Riquelme, quien alegó el recurso ante la Corte Suprema, destacó que si bien el fallo reconoce que las agencias estatales deben actuar respetando los derechos de las personas, su relación de los hechos fue «poco rigurosa» y omitió considerar pruebas clave que respaldaban la denuncia de apremios ilegítimos e intimidaciones por parte de agentes estatales contra Jeannette Troncoso, hija de Julia Chuñil, y sus hijos.
Por su parte, Mariela Santana, también abogada de la familia, cuestionó que la Corte Suprema no haya ejercido un control de convencionalidad sobre la sentencia de la Corte de Valdivia, es decir, no evaluó si dicha resolución contraviene las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. «La corte de Valdivia infringió normas de la Convención Americana», afirmó.
Ministros cuestionados
El fallo fue firmado por los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier, Cristina Gajardo y los abogados integrantes Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo. Todos miembros de la Segunda Sala del máximo tribunal.
La composición del tribunal ha levantado críticas: Valderrama enfrenta una investigación administrativa por posibles vínculos con el abogado Luis Hermosilla y ha sido cuestionado por conflictos de interés. Letelier, en tanto, fue nombrada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera con apoyo de redes políticas ligadas al exjuez Juan Poblete, hoy procesado. Poblete fue beneficiado por un amparo en el que votaron favorablemente tanto Letelier como Valderrama.
La ministra Cristina Gajardo también ha sido objeto de reparos por su historial en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Su ascenso fue rechazado por agrupaciones como la AFDD y Londres 38, al considerar que sus fallos han relativizado tratados internacionales y favorecido beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.
Un fallo ajeno a los derechos humanos
Según el espacio Día a Día por Julia Chuñil, el fallo refleja un preocupante alejamiento de la Corte Suprema de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, género y medio ambiente, pese a que sus ministros reciben formación en esas áreas.
La organización denuncia que la Corte y otros tribunales han favorecido sistemáticamente a intereses empresariales en casos ambientales y territoriales, como los de la industria minera, celulosa y salmonera. A esto se suma el respaldo institucional a reformas legales impulsadas por el gobierno y sectores empresariales que, según advierten, buscan debilitar la participación ciudadana y la protección ambiental, en abierta contradicción con el Acuerdo de Escazú.
También critican la inacción de la Corte frente a la falta de implementación efectiva de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y de la «debida diligencia» que el Ministerio de Justicia dice promover.
La causa sigue viva
«Esta denegación de justicia sólo reforzará nuestra lucha», afirman desde el colectivo, que insiste en la continuidad de la investigación y en la presión nacional e internacional. Hasta ahora, el fiscal Alejandro Ríos no ha aceptado que el empresario Juan Carlos Morstadt, sindicado por la familia como principal sospechoso, se haga parte en la querella. Según indican, la intención de Morstadt sería acceder a la carpeta investigativa sin colaborar con el proceso, ya que se ha negado a declarar.
También denuncian la inacción de la CONADI frente a una millonaria deuda por el predio en disputa, el fracaso de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y el silencio de instituciones como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Medio Ambiente.
El caso Julia Chuñil se ha transformado en un símbolo de la lucha por la justicia en contextos de violencia estatal, racismo estructural y conflicto territorial. Las organizaciones y la familia señalan que no descansarán hasta encontrar a Julia y que su desaparición forzada no será olvidada.
«Chile prometió un Nunca Más. Nosotras y nosotros lo exigimos con fuerza», concluyen.
Alejandro says:
Todos los sistemas de dominación y opresión crean mecanismos destinados a perpetuarlos y/o defenderlos. El sistema judicial es un de ellos.
Felipe Portales says:
¿Reaccionarán ahora, por fin, el Gobierno, los partidos de «izquierda» o los candidatos o candidatas «progresistas» a la primaria? Su silencio llega a ser «estruendoso»…