En un operativo de terror detienen en Valdivia a estudiantes que protestaron en contra de la Ministra de Ciencias
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La detención de estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, acusados de participar en la agresión contra la ministra Ximena Lincolao, ha sido presentada por la prensa oficial —con La Tercera a la cabeza— como un caso policial más, reducido a la tipificación penal de “atentado contra la autoridad”. Sin embargo, bajo esa superficie jurídica aparentemente neutra, se despliega una operación política de mayor alcance: la delimitación coercitiva del campo de la protesta social en un momento de creciente tensión entre el gobierno y amplios sectores de la juventud y los trabajadores.
Entre los detenidos se encuentra María Jesús Madariaga Rojas, expresidenta de federación estudiantil, junto a otros dos estudiantes, capturados en sus domicilios mediante un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile. La escena no es menor: detenciones en la madrugada, irrupción en espacios privados, construcción mediática de culpabilidad anticipada. No se trata solo de la persecución de individuos, sino de la instalación de un mensaje dirigido al conjunto del movimiento estudiantil: la protesta tiene límites definidos por la autoridad, y su transgresión será respondida con el peso del aparato penal del Estado.
El punto decisivo no radica en la discusión formal sobre si los hechos constituyen o no el delito imputado —cuestión que deberá resolverse en sede judicial—, sino en la función política que cumple esta judicialización. En sociedades atravesadas por crisis económicas y deslegitimación institucional, el derecho penal deja de operar exclusivamente como mecanismo de sanción de conductas individuales para transformarse en instrumento de disciplinamiento social. La figura del “atentado contra la autoridad” aparece entonces como una categoría flexible, capaz de expandirse para contener no solo actos de violencia directa, sino también expresiones de confrontación política que incomodan al poder.
No es un fenómeno aislado. Desde el ciclo abierto tras el estallido social, el Estado chileno ha oscilado entre la cooptación de las demandas y su contención represiva. El gobierno de Gabriel Boric consolidó una línea en la que la retórica de los derechos convive con la persecución penal de la protesta, mientras que el horizonte político que encarna José Antonio Kast no hace sino radicalizar esa orientación, proponiendo abiertamente un orden de autoridad reforzada, donde el conflicto social es concebido como amenaza antes que como expresión legítima de antagonismos estructurales.
En este marco, el caso de Valdivia adquiere un carácter sintomático. La universidad, espacio históricamente asociado a la deliberación crítica y la organización política, se convierte en terreno de intervención policial. La protesta, lejos de ser reconocida como derecho, es tratada como desviación. Y los dirigentes estudiantiles, en lugar de interlocutores, son construidos como sujetos peligrosos. Se trata de un desplazamiento significativo: de la política al orden público, del conflicto social a la criminalidad.
Sin embargo, este movimiento no expresa fortaleza, sino debilidad. La necesidad de recurrir a mecanismos punitivos para contener la protesta revela la incapacidad del régimen para procesar las demandas que emergen desde abajo. Allí donde no hay respuesta material a las condiciones de vida, donde el alza del costo de la vida, la precarización y la desigualdad se profundizan, la coerción aparece como sustituto de la política. Pero ese sustituto es inestable: lejos de clausurar el conflicto, lo desplaza y lo intensifica.
Por eso, lo que está en juego en Valdivia no es únicamente la situación procesal de tres estudiantes. Es la configuración de un escenario en el que la protesta social comienza a ser tratada como problema de seguridad, y en el que el Estado ensaya formas cada vez más abiertas de control y disciplinamiento. Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a la defensa jurídica —indispensable, sin duda—, sino que exige una rearticulación política de quienes se reclaman del campo de los trabajadores y la juventud. Porque allí donde la protesta es criminalizada, lo que se pone en cuestión no es solo un derecho, sino la posibilidad misma de intervenir colectivamente en la disputa por el rumbo de la sociedad.
Valeria Menéndez
Abelardo Clariana Piga says:
Exactamente: no quieren permitir a las grandes mayorías intervenir colectivamente, y la represión aumenta cuando el gobierno se siente débil.
Lo mismo ha ocurrido en Inglaterra, bajo un gobierno Conservador antes y ahora Laborista, cada vez más desprestigiado. Los estudiantes se volcaron masivamente en contra del genocidio en Gaza y algunos ocuparon jardines universitarios y acamparon allí. El gobierno puso presión sobre las autoridades universitarias y ellas llamaron a la policía para desalojar a los estudiantes. Se terminaron los campamentos pero las manifestaciones han continuado y los arrestos también. Ya no son nada más que los estudiantes sino miles de personas mayores han sido arrestadas por mostrar al público una pancarta que dice «Apoyo a Palestine Action». Esta es una organización que ha tomado parte en acciones tales como tirar pintura roja sobre aviones de guerra, lo que puede castigarse como actividad delictiva pero calificarla de terrorista es algo que muy poca gente comprende. Y calificar de terroristas a quienes dicen que apoyan a esta organización, menos aún.
Resultado: menos apoyo al gobierno. Pero un gobierno puede mantenerse con muy bajo apoyo. La mayoría está en contra del gobierno de Starmer y en las elecciones municipales venideras perderá muchos votos pero no caerá hasta las elecciones parlamentarias de 2029. Antes es probable que los miembros del parlamento del partido Laborista saquen a Starmer y lo reemplacen por otro líder, pero si no cambian de rumbo no van a resolver nada.
El problema es serio porque no hay una alternativa de izquierda, los partidos socialistas y comunistas son muy chicos y no han trabajado juntos. Hay organizaciones grandes en contra del genocidio, en contra de las guerras, pidiendo casa, educacion gratuita, etc, pero cada una trabaja por su objetivo y han logrado convocar a medio millón de personas en sus manifestaciones. Pero no parecen ver que no van a conseguir nada si no se unen a las otras organizaciones y piden un cambio social radical. Los milmillonarios cada vez se enriquecen más, siempre hay dinero para armas pero no para servicios públicos, se cambia el gobierno pero la clase dominante se mantiene en el poder y todo sigue igual o peor. Eso es lo que hay que mostrar, y la forma de hacer el cambio social necesario.