“Escuelas Protegidas” avanza al Senado en medio de cuestionamientos por posible inconstitucionalidad y vulneración de derechos
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La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca reforzar medidas de seguridad en establecimientos educacionales y que ahora pasará a segundo trámite en el Senado. Sin embargo, su avance legislativo ha estado marcado por cuestionamientos sobre su constitucionalidad y el impacto que podría tener en los derechos de estudiantes.
El proyecto, impulsado por el gobierno, fue aprobado con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, tras un extenso debate parlamentario. Entre sus principales medidas, contempla la revisión de mochilas y efectos personales de estudiantes, la incorporación de nuevas sanciones asociadas a la interrupción de clases y la posibilidad de establecer restricciones en reglamentos internos sobre vestimenta o conductas.
Asimismo, una de las disposiciones más controvertidas es la vinculación de ciertas conductas con consecuencias en el acceso a beneficios como la gratuidad, lo que ha generado críticas por su eventual impacto en el derecho a la educación.
Durante la discusión en Sala, parlamentarios de oposición plantearon una serie de reparos al contenido del proyecto y anunciaron reservas de constitucionalidad. Las diputadas Emilia Schneider y Daniela Serrano, junto al diputado Héctor Ulloa, encabezaron estas acciones, argumentando que algunas normas podrían vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Entre los puntos cuestionados se encuentra la posibilidad de establecer sanciones que afecten el acceso a la gratuidad, lo que —según señalaron— podría traducirse en una penalización diferenciada que recaería principalmente en estudiantes de menores recursos. A juicio de los parlamentarios, esta medida podría contravenir el principio de igualdad ante la ley y afectar el derecho a la educación como herramienta de integración social.
También se expresaron críticas respecto a las facultades de control incorporadas en el proyecto, como la revisión de pertenencias, advirtiendo que podrían generar tensiones con derechos relacionados a la privacidad y la dignidad de los estudiantes.
En este contexto, desde la oposición se anticipó que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, se evaluará recurrir al Tribunal Constitucional, lo que podría abrir un nuevo escenario de revisión jurídica sobre la iniciativa.
Las objeciones no solo se han planteado desde el ámbito legislativo. La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Públicos de la Educación (FENAEDUP) también manifestó su preocupación, señalando que el proyecto presenta un enfoque centrado en el control y la sanción, sin abordar las causas estructurales de la violencia escolar.
En su declaración pública, la organización indicó que factores como la sobrecarga laboral, el déficit en salud mental, la falta de recursos y la débil inversión en convivencia escolar no están siendo considerados en la propuesta, lo que podría limitar su efectividad para enfrentar el problema .
Asimismo, FENAEDUP advirtió que el fortalecimiento de medidas punitivas podría generar efectos en las dinámicas internas de las comunidades educativas, incluyendo el debilitamiento de vínculos y un aumento en la desconfianza entre sus integrantes .
La federación también destacó la existencia de marcos normativos ya vigentes, como la Ley de Convivencia Escolar, que promueven un enfoque preventivo y formativo, así como el rol de programas psicosociales que —según indicaron— requieren mayor financiamiento y fortalecimiento .
El debate en torno a “Escuelas Protegidas” refleja una tensión más amplia sobre cómo abordar la violencia en el sistema educativo. Mientras desde el oficialismo se plantea la necesidad de establecer herramientas inmediatas de control para resguardar la seguridad en los establecimientos, las críticas apuntan a que el proyecto podría implicar un desplazamiento hacia un enfoque más restrictivo, con potenciales efectos en el ejercicio de derechos.
Desde una perspectiva jurídica, el foco de la discusión se ha concentrado en la compatibilidad del proyecto con principios constitucionales y estándares de derechos de la niñez, particularmente en lo relativo a proporcionalidad de las sanciones, igualdad ante la ley y acceso a la educación.
Con su paso al Senado, la iniciativa enfrentará una nueva etapa de revisión legislativa en la que se espera que estos cuestionamientos —especialmente los vinculados a eventuales vicios de inconstitucionalidad— sean parte central del debate. El resultado de esa discusión será determinante para definir el alcance de una política pública que busca enfrentar la violencia escolar, pero cuyo diseño ha generado reparos tanto políticos como técnicos.
Simón del Valle
