La cautela del FMI sobre el plan de «reconstrucción» de Kast: «posibles ganancias podrían ser algo optimistas»
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En consonancia con los considerables cuestionamientos técnicos que planteó el 5 de mayo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de ley para la «reconstrucción nacional» del gobierno de Kast, en los mismos días un informe del Fondo Monetario Internacional también abordó las perspectivas y alcances de la “mega reforma” llevada adelante por el Presidente y su ministro de hacienda Jorge Quiroz. Si bien el documento del FMI establece que en el mediano plazo el proyecto contribuiría al crecimiento, plantea una serie de llamados de atención sobre el requerimiento de fuentes de financiamiento adicionales, el riesgo fiscal que implica la rebaja de impuestos, la necesidad de no desatender el gasto público e incluso el factor del descontento social.
En el informe «Chile: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV correspondiente a 2026» , publicado el 4 de mayo, por lo pronto el FMI corrige a la baja su estimación de crecimiento en Chile a un 2,2% en 2026 y a un 2,5 por ciento en 2027, rectificando el 2,4% que había proyectado en abril. Directamente en relación con el llamado Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social planteado por el gobierno, es llamativa en principio la coincidencia del organismo internacional con una de las consideraciones planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo, respecto de que las fuentes de financiamiento del proyecto no compensan los menores ingresos fiscales que se derivarían de su aplicación.
Ahí donde el CFA advirtió que la iniciativa legal del Gobierno “genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”, el informe del Fondo Monetario Internacional plantea que “Aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”. El informe agrega que “la brecha fiscal adicional generada por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos. El calendario, la magnitud y el diseño de las medidas no vinculadas directamente a los objetivos de crecimiento y empleo, como las exenciones al impuesto territorial, merecen reconsideración para limitar las presiones fiscales”.
«En el ámbito interno —observa el FMI—, el programa del gobierno para facilitar la inversión privada y el empleo mediante la simplificación de trámites, la reducción de los costos laborales y la disminución escalonada del impuesto a la renta de las empresas, contribuye positivamente al crecimiento a mediano plazo (…). En un escenario favorable, con precios del cobre sostenidos en el rango de US$ 5,5–6,0 por libra y la implementación de reformas orientadas a potenciar la inversión en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, el personal técnico del FMI proyecta que el crecimiento podría alcanzar alrededor del 3 por ciento durante 2027–30, con más de la mitad del impulso asociado a los precios del cobre».
No obstante, ese resultado está sujeto a condiciones, advierte el Fondo Monetario Internacional. «Recortes generalizados del gasto público destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones tributarias podrían limitar el espacio para el gasto que favorece la productividad, como el cuidado infantil. En un contexto de elevada desigualdad persistente, el descontento social también constituye un riesgo«.
El documento del FMI va más allá y apunta a dos de las disposiciones específicas propuestas en la mega reforma: la rebaja de impuestos y el crédito tributario al empleo, teniendo en cuenta que ambas medidas podrían impactar en las cuentas fiscales. «En este contexto, el crédito tributario al empleo y la reducción gradual de la tasa del IRE (impuesto a la renta de las empresas) hacia el promedio de la OCDE —que conllevan el mayor costo fiscal— deben ponderarse frente a la necesidad de preservar el espacio fiscal, mantener el gasto público productivo y hacer frente a las presiones de gasto a largo plazo y a los shocks externos”.
