Contraloría frena decreto del Ministerio de Transportes que rebajaba exigencias para vehículos de aplicaciones
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La Contraloría General de la República representó un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que buscaba modificar las condiciones para la prestación de servicios de transporte mediante aplicaciones. El organismo encabezado por Dorothy Pérez cuestionó que la iniciativa redujera exigencias técnicas sin una fundamentación suficiente y sin haber sido sometida a consulta pública.
Un nuevo revés sufrió el Ministerio de Transportes luego de que la Contraloría General de la República decidiera no dar curso al Decreto N.º 94 de 2026, mediante el cual se pretendía modificar el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros y las condiciones aplicables a los vehículos que operan a través de plataformas digitales como Uber, Cabify o DiDi.
En un oficio fechado el 10 de junio de 2026, la Contraloría sostuvo que el acto administrativo «elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi», entre ellas requisitos relacionados con antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para la primera inscripción y cilindrada mínima.
Según el organismo fiscalizador, el Ministerio no aportó los fundamentos técnicos, jurídicos ni fácticos que justificaran estas modificaciones, ni explicó por qué la propuesta no fue sometida a consulta pública.
Rebaja de estándares
El documento es especialmente crítico respecto del impacto que las modificaciones tendrían sobre la calidad y seguridad del servicio.
«Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe», señala el oficio, agregando que cualquier decisión de este tipo debe encontrarse respaldada por razones debidamente acreditadas.
La Contraloría advierte además que estas rebajas podrían generar una situación contradictoria respecto de las exigencias que actualmente deben cumplir otros servicios de transporte regulados por la legislación vigente, particularmente aquellos operados mediante aplicaciones.
En términos prácticos, la resolución implica que el Ministerio de Transportes deberá mantener los criterios vigentes mientras no presente una propuesta adecuadamente fundamentada y ajustada a la normativa.
Debate sobre seguridad y calidad
La controversia se relaciona con una discusión que se ha desarrollado durante los últimos años respecto de la regulación de las plataformas digitales de transporte.
Diversos sectores vinculados al transporte de pasajeros han sostenido que la incorporación de vehículos de menor cilindrada o con menores exigencias técnicas podría afectar los estándares de seguridad, comodidad y desempeño exigidos para el traslado de pasajeros.
Quienes cuestionaron la iniciativa argumentan que la regulación debe tender a elevar los requisitos para todos los actores del sistema y no a flexibilizarlos.
En ese contexto, la resolución de la Contraloría fue interpretada como una señal en favor de mantener estándares mínimos comunes para taxis y aplicaciones de transporte, incluyendo exigencias relativas a cilindrada de los vehículos y licencias profesionales para los conductores.
Falta de fundamentación
Más allá del contenido específico del decreto, la observación central de la Contraloría apunta al principio de juridicidad que debe regir la actuación de los órganos del Estado.
El organismo recordó que los actos administrativos deben estar debidamente motivados y sustentados en fundamentos racionales, evitando decisiones que puedan considerarse arbitrarias o que impliquen una eventual desviación de poder.
Asimismo, el ente contralor formuló observaciones adicionales respecto de la implementación práctica de algunas disposiciones del decreto, indicando que el Ministerio deberá establecer plazos claros para el cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con la adscripción de servicios de taxi a empresas de aplicaciones de transporte.
La decisión representa un importante obstáculo para los planes regulatorios del Ministerio de Transportes y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre modernización del sector, competencia entre plataformas y taxis tradicionales, y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y calidad para millones de usuarios que utilizan diariamente estos servicios.
