La gestión de Kast y el proceso de desgaste institucional democrático
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Transcurridos ya tres meses de su mandato, la administración de José Antonio Kast no exhibe progresos sustantivos en áreas tan críticas y centrales en su retórica electoral como la seguridad ciudadana. En este ámbito, se observa una ausencia de planificación estratégica que guarde sintonía con las promesas de su periodo de campaña. Mientras tanto, la criminalidad ordinaria experimenta un recrudecimiento: la proliferación de robos, asaltos violentos y la cotidianeidad de hechos delictivos configuran una realidad oprobiosa que la ciudadanía debe enfrentar diariamente. Gran parte de este electorado depositó su confianza en Kast bajo la premisa de restaurar el orden; no obstante, persiste un inquietante silencio gubernamental sobre el diseño detallado de una propuesta de seguridad pública, prolongando una demora cuya justificación técnica aún desconocemos y que parece profundizar el desdén por la gestión de lo público.
Habíamos consignado previamente esta preocupante coyuntura: la administración de Kast carece de una estrategia de seguridad integral, así como de un proyecto nacional coherente. En la práctica, ha optado por un pragmatismo inusitado al perpetuar las directrices de seguridad del mandato de Gabriel Boric, tal como lo admitió el ministro Martín Arrau. Estas inconsistencias gubernamentales precipitan un desgaste del tejido institucional, lo que se ha conceptualizado como una deriva iliberal —noción acuñada originalmente por intelectuales como Rosanvallon y Balibar, y posteriormente difundida por Zakaria—, sometiendo a la democracia liberal a una crisis de legitimidad sin precedentes.
Posiblemente, José Antonio Kast esté generando o construyendo una democracia iliberal, en la que básicamente él, junto a su gabinete, decide quiénes son parte de la comunidad política y quiénes no. Pero, además, en Chile se dan condiciones que, a nuestro parecer, favorecen un vaciamiento de la democracia. Lo que está haciendo José Antonio Kast es vaciar la democracia por dentro a través de una asimetría normativa, esto a partir de la forma en que instaló su discurso opositor antes de ser presidente, en el rol de opositor al gobierno de Gabriel Boric realizó acusaciones por presuntos robos, actos indebidos o cualquier eventual irregularidad que calificaba de lo más deleznable y oprobioso ante la comunidad política. En buenas cuentas, criticaba todo lo que hacía el presidente. Sin embargo, ahora que está en el poder, está haciendo básicamente lo mismo que tanto criticaba. Se revela así una acusación asimétrica.
Es interesante observar cómo él, al igual que personas de su gabinete, deslegitimaba previamente al adversario político y luego, cuando les toca enfrentar críticas a ellos, las presentan como una revancha política impidiendo posibilidad de crítica a la gestión de su gobierno, clausurando un espacio propio de la democracia como lo es el diálogo abierto y público sobre los intereses de lo público y el destino del país. Esa es una estrategia que hoy están utilizando distintos agentes del gobierno que ante la más mínima crítica reaccionan censurando la opinión del “otro” deslegitimando la posibilidad de diálogo.
No solo tenemos ejemplos de erosión del desarrollo de la democracia en el “primer plano” de lo político, sino que también tras las “bambalinas. Un ejemplo de esto es el caso de la ex alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, que cumple arresto domiciliario, este tipo de comportamiento erosiona la democracia. Ciertas conductas repetitivas que terminan transformándose en algo aceptable e incluso comprendido por la opinión pública, generando la sensación de impunidad, en particular por delitos económicos millonarios, no olvidemos las “clases de ética” de los controladores del grupo económico PENTA quienes cumplieron una “condena” de 100 horas de clases de ética dictadas por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, el conocimiento como castigo… y la sensación de impunidad persiste.
Dicha sensación de impunidad se torna estructural, evidenciando no sólo el desdén por sancionar a los grupos de poder ante el ilícito, sino también la probable vigencia de sintonías ideológicas (de derechas, principalmente) en el entramado institucional hacia quienes hoy enfrentan procesos o condenas.
Precisamente por esta razón se les denomina derecha radical. Su discurso antiestablishment, una vez que llegan al poder, los obliga a desactivar o moderar muchas de las críticas que realizaban contra la institucionalidad anterior. Sin embargo, a pesar de las críticas provenientes de distintos sectores de la prensa y de algunos intelectuales, también se puede observar una suerte de pragmatismo antiideológico en la derecha radical chilena, particularmente en el Partido Republicano. Lo que importa es la conservación del poder. Hemos visto que los mismos grupos económicos, empresarios y medios de comunicación vinculados ideológicamente a la derecha se mantienen prácticamente intactos y con una serie de medidas que favorecen su posición dominante como la disminución de impuestos de primera categoría (impuesto corporativo) bajo un supuesto de mayor competitividad que redundaría en mayor desarrollo y como señaló Kast en su primera cuenta pública recordando a Sebastían Piñera, no hay mejor política pública (social) que el pleno empleo, sellando con ello la suerte de la responsabilidad del Estado en el bienestar de sus ciudadanos. Se augura con esto el fin de una etapa de nuestra larga transición democrática que ha desarrollado un Estado protector frente a las desigualdades evidentes que quedaron al “descubierto” en las largas jornadas de protesta social de octubre del año 2019. Al parecer no solo no hay plan de seguridad pública sino que hay un cierto desprecio por la “cosa pública” y olvido de las garantías estatales para el desarrollo de una democracia inspirada en la equidad social. Se inicia con esto un debate que pondrá en el centro lo que queremos para nuestro país, el rol del Estado y la función política.
Fabián Bustamante Olguín. Doctor en Sociología. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte (Coquimbo).
Javier Romero Ocampo. Profesor de Historia y Geografía, Psicólogo, Sociólogo, Doctor en Estudios Americanos, especialidad Pensamiento y Cultura.
