El Estado como aseguradora de los grandes negocios: la nueva frontera de la megarreforma
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La polémica indicación impulsada por el ministro Jorge Quiroz para compensar con recursos públicos a empresas cuyas resoluciones ambientales sean anuladas desató una dura ofensiva de la oposición y de especialistas. Mientras el gobierno la presenta como un mecanismo para dar certeza a la inversión, sus críticos advierten que crea un privilegio inédito para los privados, altera principios básicos del derecho administrativo y traslada al Estado riesgos que históricamente han sido propios de quienes emprenden proyectos de alto impacto ambiental.
Durante meses el gobierno ha defendido la megarreforma como un paquete destinado a «destrabar la inversión» y devolver dinamismo a una economía estancada. Pero lo ocurrido la noche del martes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado abrió un nuevo frente político y jurídico que trasciende el debate sobre crecimiento: la posibilidad de que el Estado termine indemnizando a empresas privadas cuando la justicia o la institucionalidad ambiental deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La discusión terminó de manera abrupta. Los senadores de oposición abandonaron la sesión acusando al Ejecutivo de intentar introducir fuera de plazo una nueva modificación a una indicación que ya había sido corregida en varias oportunidades. La enmienda, impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, buscaba perfeccionar el mecanismo de restitución de gastos a inversionistas cuyos proyectos pierdan posteriormente su permiso ambiental.
La oposición no solo denunció una irregularidad procedimental. Lo que puso sobre la mesa fue una acusación mucho más profunda: que el gobierno está intentando convertir al Estado en una aseguradora gratuita de grandes proyectos de inversión.
Un seguro sin prima
La propia explicación entregada por el ministro Quiroz terminó alimentando las críticas.
Según denunció el senador Diego Ibáñez, el secretario de Estado reconoció durante la discusión que un mecanismo de este tipo «no existe en ninguna parte del mundo» y que, en los hechos, corresponde a una especie de seguro para los privados.
La diferencia, sostuvo el parlamentario, es que ese seguro no exige pago de prima, no contempla contraprestación alguna y sería financiado por todos los contribuyentes.
«Torcieron los principios del Derecho Administrativo, crearon una presunción de falta de servicio del Estado sin tener que probar nada, en beneficio del privado», escribió Ibáñez tras la sesión.
El legislador agregó que la indicación fue modificada cuatro veces durante su tramitación y calificó el proceso como una muestra de improvisación legislativa. Junto a los senadores Alfonso De Urresti y Ricardo Celis anunció la presentación de una reserva de constitucionalidad.
Un privilegio excepcional
La controversia tiene un trasfondo institucional de gran alcance.
En el derecho administrativo chileno, la responsabilidad patrimonial del Estado requiere acreditar una falta de servicio o una actuación ilegal de la administración. La indicación impulsada por el Ejecutivo alteraría esa lógica al abrir la puerta a compensaciones económicas derivadas simplemente de la pérdida posterior de una RCA, aun cuando dicha revocación provenga de decisiones judiciales o de órganos autónomos del Estado.
Para sus críticos, ello introduce un privilegio excepcional en favor de grandes inversionistas que no existe para ningún otro actor económico.
La pregunta que comenzó a instalarse durante la discusión es evidente: si un proyecto fue aprobado con deficiencias, incumplimientos o errores detectados posteriormente por los tribunales, ¿por qué los contribuyentes deberían asumir parte del costo empresarial?
Un rechazo técnico transversal
Quizá el aspecto más incómodo para el gobierno es que la resistencia no proviene únicamente de la oposición política.
El exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena Carrasco, quien encabezó esa cartera durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, calificó la propuesta como «absurda» e «inconstitucional».
Mena sostuvo que durante toda su experiencia en política ambiental jamás escuchó una iniciativa semejante y advirtió que el mecanismo podría afectar la independencia entre los poderes del Estado.
Según explicó, inicialmente creyó que se trataba de una disposición destinada a ser retirada durante la negociación parlamentaria. Sin embargo, añadió que el Ejecutivo ha insistido en mantenerla pese al amplio rechazo técnico que ha generado.
«Las exautoridades de gobiernos pasados de izquierda y derecha se han pronunciado en contra», afirmó, agregando que existe un consenso especializado que el gobierno parece decidido a ignorar.
La crítica resulta especialmente significativa porque proviene de un exministro con amplio reconocimiento internacional en materias ambientales y no de un dirigente partidario.
La señal política
La académica Cristina Dorador resumió el debate con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
«Hacen malos proyectos, se los rechazan y más encima ¿hay que pagarles con plata del Estado por las molestias? Es una desfachatez sin nombre», escribió.
Más allá del tono de la crítica, la observación apunta al corazón del problema político.
Las resoluciones ambientales existen precisamente para proteger el interés público y garantizar que las inversiones respeten estándares ambientales, sanitarios y sociales. Si cada revocación termina generando una compensación estatal, el incentivo cambia radicalmente: el riesgo empresarial deja parcialmente de recaer sobre quien invierte y comienza a socializarse entre todos los contribuyentes.
Mucho más que una norma ambiental
La polémica se inserta en un patrón que la oposición viene denunciando desde el inicio de la tramitación de la megarreforma.
Mientras el gobierno insiste en que la prioridad consiste en acelerar la inversión mediante desregulación y reducción de costos para las empresas, sus detractores sostienen que el proyecto está alterando principios jurídicos consolidados para beneficiar a grandes intereses económicos.
No se trata únicamente de una discusión ambiental.
Lo que está en juego es la definición de quién asume el riesgo de invertir en Chile.
Hasta ahora, ese riesgo pertenecía principalmente al inversionista. Con la nueva indicación, afirman sus críticos, una parte significativa podría trasladarse al Estado.
Y cuando el Estado asume el riesgo privado, quien finalmente paga la cuenta no es el inversionista, sino la ciudadanía.
Félix Montano
