Funcionarios ambientales rechazan cambios a la megarreforma y acusan exclusión del debate legislativo
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FENATRAMA cuestionó la tramitación acelerada de las modificaciones impulsadas por el Gobierno y advirtió que las reformas debilitan la institucionalidad ambiental sin abordar los problemas estructurales de falta de recursos y personal.
La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) expresó este jueves su rechazo a la tramitación acelerada de las modificaciones incorporadas por el Gobierno al proyecto de Reconstrucción Nacional, al advertir que las nuevas normas introducen cambios de alto impacto para la institucionalidad ambiental sin un debate amplio ni participación de quienes trabajan en los organismos públicos encargados de la evaluación y fiscalización ambiental.
La organización denunció además que, pese a haber solicitado formalmente participar en las sesiones de las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente del Senado, sus representantes no fueron convocados para exponer la visión de las y los trabajadores que desempeñan funciones técnicas, profesionales y administrativas en los distintos servicios ambientales del Estado.
El pronunciamiento se produce mientras el Senado continúa la discusión de uno de los capítulos más controvertidos de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, cuyo objetivo es acelerar la tramitación de proyectos de inversión mediante modificaciones a distintos cuerpos legales, entre ellos la institucionalidad ambiental.
El presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, cuestionó el diagnóstico que sustenta la iniciativa gubernamental y afirmó que el problema no radica en el desempeño de los funcionarios públicos.
«La verdadera discusión no puede centrarse únicamente en acelerar inversiones. El problema de fondo es la falta de dotación, recursos y fortalecimiento institucional. No se puede responsabilizar a las y los funcionarios públicos por demoras que muchas veces responden a proyectos deficientes o a problemas de gestión ajenos a nuestro trabajo», señaló.
Según el dirigente, resulta contradictorio impulsar una reforma que modifica profundamente el funcionamiento del sistema ambiental sin considerar la experiencia de quienes ejecutan diariamente los procesos de evaluación, fiscalización y protección del medio ambiente.
«Un diagnóstico equivocado»
En su declaración pública, la federación sostuvo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado al atribuir los retrasos en la inversión principalmente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, omitiendo las limitaciones estructurales que enfrenta la institucionalidad pública.
A juicio de la organización, los servicios ambientales operan desde hace años con déficit de personal, recursos insuficientes y crecientes exigencias técnicas, factores que explicarían buena parte de las demoras que el Gobierno pretende corregir mediante cambios legales.
Desde esa perspectiva, FENATRAMA plantea que acelerar los procedimientos sin fortalecer previamente las capacidades del Estado podría agravar las dificultades existentes y afectar la calidad de las evaluaciones ambientales.
Riesgos para la protección ambiental
La organización manifestó además preocupación por el contenido de las modificaciones actualmente en discusión, advirtiendo que algunas de ellas podrían significar un retroceso en los estándares de protección ambiental.
Entre los principales reparos mencionan un eventual debilitamiento de los mecanismos de evaluación ambiental, restricciones a la participación ciudadana y una reducción del rol preventivo que actualmente cumple el Estado frente a proyectos de alto impacto ambiental.
Estas observaciones coinciden con parte de las críticas formuladas durante la tramitación legislativa por organizaciones ambientales, especialistas y parlamentarios de oposición, quienes han cuestionado que la reforma privilegie la rapidez en la aprobación de inversiones por sobre las garantías ambientales y los mecanismos de control.
Fortalecer al Estado
Frente a ese escenario, FENATRAMA sostuvo que cualquier reforma orientada a mejorar la gestión ambiental debe partir por fortalecer la institucionalidad pública.
La federación planteó que ello requiere aumentar la dotación de funcionarios, mejorar las condiciones laborales, ampliar los recursos disponibles y robustecer las capacidades técnicas de los organismos encargados de la evaluación y fiscalización ambiental.
A juicio de la organización, esas medidas permitirían reducir tiempos de tramitación sin debilitar las garantías ambientales ni los derechos de participación de las comunidades.
Finalmente, FENATRAMA anunció que continuará participando activamente en el debate legislativo e hizo un llamado a las senadoras y senadores a incorporar la opinión de las organizaciones sindicales, las comunidades y los trabajadores de la institucionalidad ambiental antes de adoptar decisiones que, según advirtió, podrían comprometer la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y los derechos de las futuras generaciones.
