Compensación municipal: la explicación que Hacienda aún le debe al país
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Las cifras publicadas esta semana terminaron por cambiar el eje del debate sobre la exención de contribuciones para los mayores de 65 años. Hasta hace pocos días la discusión giraba en torno a los municipios que dejarían de percibir ingresos propios. Hoy el problema aparece con otra dimensión: Hacienda calcula que Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea dejarán de aportar alrededor de $51 mil millones al Fondo Común Municipal, recursos que serán repuestos por el Estado mediante impuestos generales.
La decisión ha sido presentada por el Gobierno como una garantía para que ningún municipio vea afectados sus presupuestos. Sin embargo, la controversia ya no radica en si corresponde compensar esa pérdida de recursos. Prácticamente todos los actores políticos coinciden en que una reforma tributaria no puede dejar desfinanciados a los gobiernos locales.
La discusión verdadera es otra.
¿Por qué el Ejecutivo eligió esta fórmula y no una distinta?
¿Por qué decidió mantener intacta la distribución actual de recursos entre comunas, en lugar de aprovechar la reforma para fortalecer los mecanismos redistributivos del sistema municipal?
Hasta ahora no existe una respuesta clara.
Tomás Vodanovic resumió el problema con una frase que desplazó el debate desde la cantidad de recursos hacia el criterio de distribución: «No estamos pidiendo más plata. Estamos pidiendo que la misma plata se distribuya con criterios mínimos de justicia». Poco después, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostuvo que los impuestos pagados por vecinos de comunas populares terminarán financiando servicios de municipios mucho más ricos. Más tarde, incluso el alcalde UDI de Independencia, Agustín Iglesias, calificó la propuesta como «regresiva».
Cuando autoridades de distintos sectores llegan a un diagnóstico parecido, conviene detenerse a escuchar los argumentos.
Lo llamativo es que Hacienda ha respondido siempre sobre el monto de la compensación, pero no sobre el criterio que utilizó para diseñarla.
El ministro Jorge Quiroz ha insistido en que el Estado repondrá íntegramente los recursos comprometidos. Sin embargo, esa afirmación no responde la pregunta central. Los alcaldes no están discutiendo si habrá compensación. Están preguntando por qué esa compensación debe reproducir exactamente la estructura de ingresos existente y no incorporar criterios de mayor equidad territorial.
La ausencia de una explicación adquiere todavía más importancia en un contexto de estrechez fiscal.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha defendido la necesidad de contener el gasto público y administrar con austeridad los recursos del Estado. Ese argumento ha estado presente en múltiples decisiones presupuestarias. Sin embargo, frente a esta reforma, el Ejecutivo compromete recursos cercanos a los $190 mil millones para preservar el equilibrio financiero del sistema municipal.
Al mismo tiempo, las inundaciones y los daños provocados por el sistema frontal en Atacama y Coquimbo abren un nuevo ciclo de necesidades públicas. Vendrá la reconstrucción de infraestructura, viviendas, caminos, escuelas y servicios básicos. Son demandas que también competirán por recursos fiscales.
Toda administración enfrenta ese tipo de decisiones. Los recursos nunca son infinitos y gobernar consiste, precisamente, en establecer prioridades.
Por eso la pregunta que hoy enfrenta Hacienda no es si la exención de contribuciones es popular ni si los municipios deben ser compensados.
La pregunta es por qué esta prioridad fue considerada más urgente que otras alternativas posibles y por qué se escogió una fórmula cuyos efectos distributivos han sido cuestionados por alcaldes de distintos sectores políticos.
Una política pública puede ser defendida. Lo que no puede quedar sin explicación es el criterio que la inspira.
En democracia, las prioridades presupuestarias no se justifican únicamente porque una mayoría las apruebe. También deben ser comprendidas por la ciudadanía.
Y esa explicación, hasta ahora, sigue pendiente.
Félix Montano
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