FENADAJ respaldará denuncia ante la CIDH por recortes presupuestarios del Gobierno y advierte riesgos para el acceso a la justicia
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La Federación Nacional de Acceso a la Justicia anunció que participará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde organizaciones sindicales y de derechos humanos expondrán los efectos de la política de ajuste fiscal impulsada por el Ejecutivo. La organización sostiene que los recortes comprometen programas sociales, debilitan servicios públicos y ponen en riesgo la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) confirmó que respaldará la denuncia que un conjunto de organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer los efectos que, a su juicio, están teniendo los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast sobre el funcionamiento del Estado y la garantía de derechos fundamentales.
La audiencia temática se realizará el próximo 5 de agosto, en el marco del 196° Período de Sesiones de la CIDH, en Washington D.C., y reunirá a representantes de diversas organizaciones que buscan alertar sobre el impacto de las políticas de ajuste fiscal en los servicios públicos y en la protección de derechos humanos.
Entre las entidades participantes se encuentran la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 y FENADAJ, quienes expondrán antecedentes relacionados con las reducciones presupuestarias, la desvinculación de funcionarios públicos y las consecuencias que estas medidas tendrían sobre programas sociales considerados estratégicos.
Preocupación por el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
Para FENADAJ, uno de los principales focos de preocupación es el proceso de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, organismo creado por ley para reemplazar progresivamente a las Corporaciones de Asistencia Judicial.
La federación sostiene que la falta de definiciones respecto de su puesta en marcha, sumada a un eventual escenario de restricciones presupuestarias, podría dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación y afectar el fortalecimiento de un sistema destinado a ampliar el acceso a la justicia para la población.
La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante González, afirmó que los efectos del ajuste fiscal trascienden el ámbito laboral.
«La reducción de recursos no solo afecta las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos; compromete directamente el ejercicio de derechos fundamentales de miles de personas que dependen de programas sociales, especialmente aquellos vinculados al acceso a la justicia, la asistencia jurídica y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos», señaló.
Advertencia sobre programas sociales y políticas de derechos humanos
La dirigenta manifestó además que existe preocupación por la situación de instituciones y programas que ya han enfrentado restricciones presupuestarias, mencionando entre ellos al Instituto Nacional de la Juventud, programas de reinserción juvenil y el Programa de Derechos Humanos.
Según indicó, la experiencia de estos organismos genera inquietud respecto de lo que podría ocurrir con el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas si continúan las políticas de ajuste.
«Nos preocupa profundamente que las políticas de ajuste fiscal terminen debilitando un proceso que busca ampliar el acceso a la justicia. Un Estado que reduce sus capacidades termina restringiendo derechos, especialmente de quienes más necesitan la protección pública», agregó Escalante.
Denuncia ante la CIDH
De acuerdo con la información entregada por las organizaciones convocantes, durante la audiencia ante la CIDH se presentarán antecedentes que sostienen que 142 programas sociales del Estado podrían verse afectados por las restricciones presupuestarias actualmente vigentes.
Asimismo, se expondrán denuncias sobre eventuales retrocesos en políticas públicas relacionadas con memoria, verdad y derechos humanos, materias que forman parte de la presentación conjunta preparada por las organizaciones participantes.
La audiencia se desarrollará el 5 de agosto a las 14:00 horas de Chile y será transmitida a través del canal oficial de YouTube de la ANEF, permitiendo el seguimiento público de las exposiciones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
