Del caso Crespo al choque Campillai-Flores: el oficialismo convierte los indultos en un nuevo campo de batalla político
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La absolución del excarabinero Claudio Crespo, el respaldo del Presidente José Antonio Kast, la resolución aprobada en la Cámara para promover un indulto general y la creación de una bancada en el Senado marcaron un cambio de etapa. El enfrentamiento entre la senadora Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por reflejar que la discusión sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos se ha transformado en uno de los principales focos de confrontación política del Congreso.
La discusión sobre un eventual indulto a militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos dejó de ser un debate jurídico para convertirse en uno de los principales focos de confrontación política del Congreso. En pocos días, el oficialismo pasó de celebrar la absolución del excarabinero Claudio Crespo a impulsar iniciativas destinadas a beneficiar a condenados, mientras el enfrentamiento entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por simbolizar la profundidad de esa disputa.
Lo ocurrido no parece responder a una sucesión de hechos aislados. Existe una secuencia política que comienza con el fallo que absolvió a Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica y continúa con una serie de iniciativas parlamentarias que buscan revisar el tratamiento que el Estado chileno ha dado durante décadas a las condenas por violaciones a los derechos humanos.
El primer paso fue el respaldo explícito del Presidente José Antonio Kast a la sentencia. Más que limitarse a valorar una decisión judicial, el Mandatario la presentó como una reivindicación de Carabineros y de quienes actuaron durante el estallido social. Ese gesto transformó el fallo en un triunfo político para el oficialismo y abrió un debate que rápidamente trascendió el caso particular.
La siguiente señal provino del Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución para solicitar un indulto general, mientras en el Senado un grupo de parlamentarios oficialistas constituyó una bancada destinada a impulsar beneficios para militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre los nombres que han aparecido en esa discusión figura el del excarabinero Patricio Maturana, condenado por disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai, hoy senadora de la República.
De casos individuales a una agenda política
El cambio más significativo no radica únicamente en la existencia de estas iniciativas, sino en la transformación de la estrategia política del oficialismo.
Durante años, la defensa de militares y policías condenados se expresó mediante campañas centradas en casos específicos o en llamados a conceder beneficios a internos de Punta Peuco. Hoy el escenario parece distinto. La creación de una bancada parlamentaria y la aprobación de resoluciones legislativas apuntan a institucionalizar esa discusión y convertirla en parte de la agenda política del Gobierno y de sus partidos.
Ese desplazamiento implica pasar de la defensa de personas determinadas a cuestionar el marco general construido por Chile en materia de verdad, justicia y reparación desde el retorno a la democracia.
No se trata únicamente de discutir la situación jurídica de determinados condenados. Lo que comienza a instalarse es un debate sobre el sentido mismo de las condenas por violaciones a los derechos humanos y sobre la vigencia de las garantías de no repetición.
El choque que resume el conflicto
El episodio protagonizado por las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai terminó por condensar ese cambio de etapa.
La confrontación no enfrentó simplemente a dos parlamentarias de sectores opuestos. También puso frente a frente a una de las principales impulsoras de la bancada por los indultos y a una de las víctimas más emblemáticas de la violencia estatal ocurrida durante el estallido social. Flores pide el indulto del ex carabinero Maturana, que cegó a Fabiola Campillai.
La carga simbólica resulta difícil de ignorar. Mientras una parte del oficialismo plantea revisar las condenas de agentes del Estado, quienes sufrieron directamente esas violaciones recuerdan que detrás de cada expediente existen personas que perdieron la vista, fueron torturadas o vieron vulnerados sus derechos fundamentales.
La discusión, por tanto, deja de ser exclusivamente jurídica y adquiere una dimensión ética y política.
La respuesta de la oposición
En ese contexto debe entenderse la declaración emitida por la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista e Independientes, que vinculó directamente el respaldo de Kast a Claudio Crespo con la ofensiva parlamentaria por los indultos.
Para los parlamentarios, las celebraciones del Presidente tras la absolución de Crespo y la defensa permanente de los internos de Punta Peuco no constituyen episodios separados, sino parte de una estrategia destinada a reinstalar la impunidad y debilitar los consensos democráticos construidos en torno a los derechos humanos.
La oposición comienza así a responder no solo a proyectos específicos, sino al relato político que el oficialismo intenta instalar.
Un nuevo eje de confrontación
El debate también expone una tensión para el propio Gobierno.
José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso centrado en el combate a la delincuencia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el endurecimiento de las penas. Sin embargo, el impulso de iniciativas destinadas a beneficiar a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos abre un flanco político complejo para ese relato.
La pregunta que comienza a instalarse no es únicamente si corresponde conceder esos indultos. También es si un gobierno que ha hecho de la «mano dura» uno de sus principales sellos puede sostener simultáneamente una política de beneficios para agentes del Estado condenados por delitos de extrema gravedad.
Esa discusión recién comienza. Pero la rapidez con que el debate pasó desde el fallo del caso Crespo a una ofensiva legislativa y a enfrentamientos abiertos en el Congreso muestra que los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar central en la disputa política chilena. Lo que parecía una controversia judicial se ha convertido, en cuestión de días, en uno de los principales campos de batalla ideológica entre oficialismo y oposición.
Simón del Valle
Alex says:
A pesar de las estupideces y traiciones de la la concertación y la nueva pilleria resulta difícile comprender porque gente modesta vota por ladrones de bancos y nazis patentados que solamente se cuparán de robarles todo. Falta educación política? rabia mal utilizada? Poca conciencia de clase? En todo caso, como decía Gandhi, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados.
ilsita says:
Lamentable que además gente que le roba al estado como la sra. Flores insulte a una pobre ciega …no olvidar como ponía falsos asesores a los que supuestamente pagaba 3 millones y luego les cobraba 2 para ella, qué legisladora! y dónde quedó la decencia si hay varios como ella que condenan a dos personas a estar `privadas de visión muy sueltos de cuerpo dejando libres de polvo y paja al sacar una ley así de impunidad total…sin duda el blando presidente podía haberla vetado, pero a esta altura ya no se sabe qué pasa entre bambalinas para que muchas cosas son tan raras por tal vez qué compromisos..pues bien se sabe todos son espiados por gente que luego extorsiona…
Serafín Rodríguez says:
Blando presidente? Para nada! Es siemplemente un chueco! Lo demostró cuando robaba en el Líder de Punta Arenas. Chile ha tenido un mechero de presidente!
Serafín Rodríguez says:
No me digan nada! El principal responsable de esa maldita ley Naín-Retamal, es el Boric. Cuando la Cámara de Diputados (término genérico que incluye a las diputadas), la aprobó, fue sin efecto retroactivo, pero después, en el Senado, el gobierno de Boric la negoció con efecto retroactivo, que es lo que tenemos hoy. Los diputados del FA y el PC le pidieron que la vetara, pero de la noche a la mañana, en cuanto la ley salió del Congreso, Boric la promulgó al día siguiente con bombos y platillos inmpidiendo que los diputados recurrieran al TC. Y qué hace el Boric ahora? Anda lloriqueando que esa ley no debió haber sido nunca aprobada! En Chile tenemos una palabra muy precisa para referirnos a sujetos como éste pero no la voy a usar en respeto a los gays.