Chile Mejor Sin TLC advierte que agenda de seguridad del Gobierno busca criminalizar la protesta social
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La organización cuestionó la reforma constitucional sobre estados de excepción y la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, al advertir que podrían ampliar las facultades represivas del Estado y afectar el derecho a la protesta. “La seguridad no puede ser utilizada como pretexto para criminalizar la protesta social, concentrar el poder y restringir las libertades democráticas”, afirmó.
Chile Mejor Sin TLC expresó su rechazo a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y a la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, iniciativas que, a juicio de la organización, forman parte de una agenda que podría debilitar los controles democráticos, ampliar las atribuciones del Ejecutivo y criminalizar distintas formas de movilización social.
En una declaración pública fechada el 30 de agosto, la organización sostiene que el debate sobre delincuencia, narcotráfico y crimen organizado no puede desligarse de las garantías democráticas y los derechos fundamentales.
“No desconocemos los graves problemas de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado que afectan al país. El Estado tiene el deber de combatirlos con eficacia”, señala el texto. Sin embargo, agrega que la seguridad ciudadana no puede convertirse en una justificación para “restringir derechos fundamentales, debilitar las libertades públicas ni otorgar poderes excepcionales al Ejecutivo”.
La reforma constitucional y los estados de excepción
Uno de los principales cuestionamientos de Chile Mejor Sin TLC apunta a la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo para modificar el régimen de los estados de excepción.
La organización sostiene que el problema no debe reducirse a la duración de las medidas extraordinarias, sino que debe considerarse el conjunto de atribuciones que se pretende entregar al Ejecutivo y las consecuencias que estas podrían tener sobre los contrapesos institucionales.
Desde esa perspectiva, califica la iniciativa como un “grave retroceso democrático, de inspiración autoritaria y pinochetista”, al considerar que podría contribuir a normalizar mayores restricciones de las libertades públicas bajo el argumento de enfrentar la delincuencia.
El cuestionamiento se inserta en un debate político más amplio abierto durante las últimas semanas en torno a la agenda de seguridad del Gobierno, particularmente respecto de los límites que deben tener las facultades extraordinarias del Ejecutivo y los mecanismos de control político sobre ellas.
La “Ley Antibarricadas 2.0”
La declaración cuestiona también la denominada “Ley Antibarricadas 2.0”, que busca reforzar la persecución penal de las interrupciones de la circulación y otras acciones realizadas en el contexto de manifestaciones.
Para Chile Mejor Sin TLC, ampliar las sanciones en este ámbito abre la posibilidad de que acciones sindicales, estudiantiles, territoriales, medioambientales o de pueblos originarios terminen siendo tratadas fundamentalmente como problemas de orden público.
“La protesta social no es delincuencia”, afirma la organización, que reivindica el derecho a la movilización de trabajadores, estudiantes, comunidades y organizaciones sociales.
El documento advierte, además, sobre el riesgo de que mayores atribuciones policiales y estatales terminen favoreciendo situaciones de persecución política o impunidad frente a eventuales violaciones de los derechos humanos.
Del conflicto social al problema penal
Uno de los aspectos centrales de la declaración es la relación que establece entre la agenda de seguridad y las consecuencias sociales de las políticas económicas del Gobierno.
Chile Mejor Sin TLC plantea que eventuales protestas provocadas por aumentos de precios, recortes presupuestarios en salud, vivienda o educación, conflictos medioambientales o nuevas “zonas de sacrificio” podrían encontrarse en el futuro con un aparato estatal dotado de mayores herramientas coercitivas.
“Y el gobierno pretende encararlas tratándolas como un problema penal. Eso es inaceptable”, sostiene.
La organización vincula esta preocupación con su propia trayectoria de movilización contra los tratados de libre comercio y de inversión, el TPP-11 y los mecanismos internacionales de solución de controversias entre inversionistas y Estados.
A su juicio, existe una contradicción entre un modelo que mantiene un Estado con capacidades limitadas frente a grandes poderes económicos y corporativos, mientras fortalece sus atribuciones frente a trabajadores, sindicatos, comunidades y movimientos sociales.
El secreto bancario y la lucha contra el crimen organizado
La declaración introduce también otro elemento en el debate sobre seguridad: el secreto bancario.
Chile Mejor Sin TLC cuestiona lo que considera una contradicción entre el endurecimiento de las políticas policiales y penales y la resistencia del Gobierno y sectores oficialistas a ampliar las posibilidades de levantamiento del secreto bancario.
La organización considera que seguir la ruta del dinero constituye una herramienta relevante para perseguir al narcotráfico, las mafias, el lavado de activos y las asociaciones ilícitas que sostienen económicamente al crimen organizado.
Desde esa perspectiva, sostiene que una política efectiva contra la delincuencia no debería concentrarse exclusivamente en aumentar penas, facultades policiales o restricciones a la protesta, sino también en fortalecer las capacidades financieras, investigativas y de inteligencia del Estado.
Esas herramientas, agrega, deben permanecer sometidas al control democrático y al respeto de los derechos humanos. La declaración rechaza asimismo cualquier subordinación de esas políticas a intereses extranjeros y menciona específicamente una eventual tutela de Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
“Autoritarismo pinochetista bajo rostro civil”
El tono más duro del documento aparece al situar las reformas dentro de una continuidad histórica. Chile Mejor Sin TLC recuerda que durante la dictadura la apelación al “orden” fue utilizada para perseguir y reprimir a trabajadores y organizaciones populares.
“No aceptaremos la reinstalación de esa lógica pinochetista ahora instalada bajo un ropaje civil”, afirma.
La organización advierte además que la prolongada presencia militar en territorio mapuche podría funcionar como antecedente para extender mecanismos similares hacia otras zonas del país frente a futuros conflictos sociales.
Para Chile Mejor Sin TLC, por tanto, las iniciativas actualmente en discusión no pueden analizarse solamente como modificaciones técnicas de la legislación de seguridad. La organización las interpreta como componentes de una concepción política que amplía progresivamente el poder coercitivo del Estado y reduce los márgenes para la protesta y la organización social.
La declaración concluye con un llamado a sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, territoriales, medioambientales y de derechos humanos, así como a las fuerzas democráticas, a movilizarse contra las iniciativas.
“Chile necesita más democracia y participación popular, no menos”, sostiene Chile Mejor Sin TLC, que plantea como alternativa una política de seguridad subordinada al control democrático, los derechos humanos, la soberanía popular y la justicia social.
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