A 53 años del golpe, Krassnoff reivindica la represión mientras crece la presión sobre Kast por los indultos

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Una carta enviada por Miguel Krassnoff al senador Iván Flores y conocida este lunes introduce un elemento especialmente perturbador en el debate sobre los indultos. El exoficial de la DINA no expresa arrepentimiento, cuestiona sus condenas, reivindica la actuación de los organismos represivos de la dictadura y manifiesta su certeza de una “más que pronta libertad total”. La misiva aparece cuando sectores de la derecha presionan al presidente José Antonio Kast para cumplir su promesa de indultar a uniformados y apenas un día después de una masiva romería por las víctimas de la dictadura realizada bajo la consigna “No a los indultos”.

A cuatro días de cumplirse 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el debate sobre eventuales indultos presidenciales adquirió una nueva dimensión con la difusión de una carta escrita desde prisión por Miguel Krassnoff Martchenko, exbrigadier del Ejército y uno de los principales agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La carta fue dirigida al senador demócrata cristiano Iván Flores y comenzó a circular públicamente este lunes a través de una cuenta vinculada a los presos de Punta Peuco. El parlamentario confirmó haber recibido la misiva durante el verano, cuando el Congreso discutía un proyecto destinado a permitir el cumplimiento alternativo de penas para personas de avanzada edad o afectadas por enfermedades graves.

Flores había expresado entonces una posición inequívoca: “No estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”.

La respuesta que recibió meses después constituye bastante más que una protesta personal.

Krassnoff reivindica abiertamente en su carta el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas después del golpe, cuestiona la calificación de lesa humanidad aplicada a los delitos por los cuales ha sido condenado y describe su actuación en la DINA como parte de una lucha contra el terrorismo.

El antiguo oficial sostiene que quienes permanecen encarcelados combatieron en septiembre de 1973 para “liberar al pueblo chileno del yugo marxista” y presenta las operaciones de la DINA como actividades destinadas a neutralizar la violencia y el terrorismo. Niega, además, haber recibido órdenes relacionadas con violaciones a los derechos humanos y califica como “imaginarias brutalidades” las acusaciones contra uniformados.

No hay en el extenso documento reconocimiento de responsabilidad ni arrepentimiento.

Por el contrario, Krassnoff asegura que sus convicciones permanecen intactas.

Más de mil años de condenas

El contenido de la carta adquiere una dimensión particular por quien la escribe.

Krassnoff acumula más de mil años de prisión distribuidos en más de 80 condenas judiciales relacionadas con secuestros calificados, desapariciones, torturas y otros crímenes cometidos durante la dictadura. Su trayectoria en la DINA ha quedado documentada en numerosas investigaciones judiciales y sentencias dictadas durante décadas.

Pese a ello, en su carta afirma que no necesita “perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales” y sostiene que bastaría con aplicar correctamente las leyes vigentes para recuperar su libertad.

Pero es probablemente el final del documento el que adquiere mayor significación en el contexto político actual.

Krassnoff afirma que los antiguos uniformados mantienen intactas sus convicciones y su voluntad de lucha, así como su “certeza de una más que pronta libertad total”.

La frase aparece precisamente cuando el gobierno de José Antonio Kast enfrenta crecientes presiones desde su propio sector para avanzar en los indultos.

Consultado por la carta, Flores señaló que su contenido demuestra que Krassnoff “no está en absoluto arrepentido” y que continúa justificando los crímenes por los cuales fue condenado.

El senador fue todavía más categórico: si Krassnoff mantiene esa posición, dijo, deberá cumplir sus más de mil años de condena en prisión.

La presión sobre Kast

La polémica no comenzó con la carta.

Durante las últimas semanas distintos sectores de la derecha han intensificado sus demandas para que Kast concrete los indultos que formaron parte de sus compromisos políticos.

La presión llegó incluso a instalar el 11 de septiembre como una fecha posible para comenzar a otorgarlos.

El senador republicano Ignacio Urrutia planteó que sería una “señal espectacular” que el Presidente comenzara precisamente ese día a indultar uniformados, una propuesta que dijo haber conversado con el mandatario.

Kast ha descartado, sin embargo, utilizar septiembre como plazo para adoptar decisiones. La Moneda sostiene que las solicitudes de indultos particulares serán examinadas caso a caso y según sus méritos.

Pero el Presidente tampoco ha cerrado la puerta a otorgarlos.

Esa posición ha generado creciente malestar en sectores de su propia coalición.

El Partido Nacional Libertario ha presionado por avanzar en la materia y respalda paralelamente un proyecto de indulto general que se tramita en el Congreso. Desde la UDI, su vicepresidente Eduardo Cretton pidió directamente al mandatario cumplir su compromiso y establecer un plazo para hacerlo.

“Nosotros creemos que esa promesa la tiene que cumplir”, declaró Cretton, quien además pidió transparentar cuáles son los casos que podrían ser considerados.

Desde Renovación Nacional también se ha planteado que el indulto debe mantenerse “sobre la mesa”, especialmente respecto de policías condenados por hechos relacionados con el estallido social.

Aquí resulta necesario hacer una distinción.

Los casos de agentes condenados por delitos cometidos durante las movilizaciones de 2019 y los responsables de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones durante la dictadura corresponden a contextos históricos y jurídicos diferentes.

Pero el debate político comienza a reunirlos bajo una argumentación común: la necesidad de reparar o liberar a uniformados que, según sectores de la derecha, fueron castigados por actuar en defensa del Estado y del orden público.

La carta de Krassnoff lleva esa argumentación hasta su antecedente histórico más extremo.

“No a los indultos”

El contraste con lo ocurrido apenas 24 horas antes difícilmente podría ser mayor.

Miles de personas marcharon este domingo 6 de septiembre desde el centro de Santiago hasta el Cementerio General en la tradicional romería en memoria de las víctimas de la dictadura.

La convocatoria de este año estuvo atravesada precisamente por el debate sobre los indultos.

Organizaciones de derechos humanos habían definido previamente “No a los indultos” como una de las consignas centrales de la movilización y días antes representantes de esas agrupaciones, junto a la senadora Fabiola Campillai, concurrieron a La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente.

Las organizaciones expresaron su rechazo a cualquier medida que pueda beneficiar a responsables de crímenes de lesa humanidad y cuestionaron la falta de información sobre las solicitudes que el Ejecutivo eventualmente se encuentra analizando.

La consigna volvió a escucharse durante la romería del domingo, que reunió a miles de personas en homenaje a ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, torturados y perseguidos por la dictadura.

De este modo, Chile llega a una nueva conmemoración del golpe atravesado por una discusión que parecía durante años políticamente cerrada.

El problema que vuelve a La Moneda

Para Kast, la cuestión es particularmente delicada.

Durante años, el sector político que hoy gobierna mantuvo vínculos políticos y culturales con sectores que cuestionaron las políticas de derechos humanos desarrolladas desde el retorno a la democracia y denunciaron lo que calificaron como una persecución contra militares y policías.

Ahora, desde la Presidencia, Kast debe resolver una cuestión que ya no pertenece al terreno de las declaraciones de campaña.

El indulto particular es una atribución presidencial y, por tanto, una eventual decisión tendrá consecuencias políticas e institucionales concretas.

La carta de Krassnoff hace todavía más difícil separar esa discusión de la memoria de la dictadura.

Porque el exoficial de la DINA no solicita clemencia argumentando enfermedad, vejez, arrepentimiento o razones humanitarias. Hace exactamente lo contrario: reivindica su actuación, desconoce la legitimidad de las condenas, desacredita a las víctimas y mantiene intacta la interpretación ideológica que justificó la represión.

Y, después de todo ello, afirma esperar una “pronta libertad total”.

La frase inevitablemente abre una pregunta: ¿en qué funda Krassnoff esa certeza?

No existe hasta ahora antecedente público que permita afirmar que el Gobierno contemple indultarlo. Sería irresponsable establecer esa relación sin pruebas. Pero la afirmación adquiere significado político porque aparece precisamente cuando dirigentes del oficialismo y de la derecha presionan públicamente al Presidente para comenzar a liberar uniformados.

El problema trasciende por ello el destino personal de Miguel Krassnoff.

Lo que está nuevamente en discusión es hasta dónde llega el consenso democrático construido durante décadas en torno a un principio fundamental: que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde el Estado no pueden quedar sometidas a los vaivenes de las mayorías políticas.

A 53 años del golpe, mientras familiares siguen buscando a cientos de detenidos desaparecidos y miles de personas vuelven a caminar hacia el Cementerio General para exigir memoria y justicia, la discusión sobre los indultos vuelve a colocar ese principio bajo tensión.

Y esta vez ocurre con un gobierno sometido a presiones desde su propia derecha y con uno de los más emblemáticos condenados por los crímenes de la dictadura anunciando desde prisión, sin arrepentimiento alguno, que confía en recuperar muy pronto su libertad.

Simón del Valle