Bassa emplaza al Gobierno por los indultos: “Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser evaluados como delitos comunes”

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El diputado Jaime Bassa ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para exigir que el Ejecutivo transparente cuántas de las más de cien solicitudes de indulto corresponden a condenados por violaciones a los derechos humanos y cuáles serán los criterios jurídicos utilizados antes de que los expedientes lleguen al Presidente José Antonio Kast. El parlamentario advierte que un indulto no puede convertirse en una nueva vía de impunidad.

La controversia por los eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura sumó un nuevo capítulo. El diputado Jaime Bassa ofició al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para que informe en detalle quiénes están solicitando el beneficio y bajo qué criterios serán examinados sus expedientes.

El requerimiento parlamentario se produce después de que Rabat confirmara que el Ministerio de Justicia mantiene más de cien solicitudes de indulto particular bajo revisión y que la mayoría corresponde a hechos ocurridos en 1973. El ministro explicó que las carpetas todavía no han llegado al Presidente José Antonio Kast y que serán estudiadas individualmente, sin un plazo previamente establecido.

La cifra ha crecido rápidamente. En abril, Rabat había informado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 28 solicitudes; en agosto se hablaba de alrededor de 80 y ahora el número supera el centenar.

Bassa busca determinar precisamente qué hay detrás de esa cifra. En su oficio solicita al Ministerio de Justicia informar cuántas peticiones corresponden a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, cuántas corresponden a delitos comunes y cuántas están relacionadas con causas del estallido social de 2019.

Pero el cuestionamiento del parlamentario va más allá de una petición estadística. Apunta directamente al estándar que deberá aplicar el Ejecutivo.

“Son personas condenadas por los crímenes más graves que conoce nuestro ordenamiento jurídico. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser evaluados como si fueran delitos comunes, ni pueden convertirse, por la vía de un indulto, en una nueva forma de impunidad”, afirmó Bassa.

Según el diputado, el Estado tiene una responsabilidad directa en garantizar justicia y evitar la impunidad. Por ello exige conocer qué antecedentes está considerando el Gobierno y cómo pretende garantizar que sus eventuales decisiones sean compatibles con las obligaciones internacionales asumidas por Chile y con los derechos de las víctimas.

No basta con el “caso a caso”

La intervención de Bassa introduce un elemento relevante en el debate abierto por Rabat. El ministro ha insistido en que las solicitudes serán estudiadas “caso a caso” y que cada decisión deberá terminar en una resolución fundada y ajustada a derecho.

Pero la pregunta planteada ahora es anterior: ¿con qué estándares se analizará cada caso?

No se trata solamente de determinar la edad, enfermedad o situación penitenciaria de un condenado. Bassa pide saber cuáles serán los parámetros jurídicos y administrativos empleados por Justicia y de qué manera una eventual concesión del beneficio podría compatibilizarse con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile.

El punto es políticamente sensible porque la mayoría de las solicitudes, según reconoció el propio ministro, está vinculada a hechos de 1973. Informaciones de prensa señalan que entre los solicitantes predominan exagentes de la dictadura condenados por homicidios, desapariciones y torturas.

De este modo, el debate sobre los indultos comienza a desplazarse desde una discusión genérica sobre razones humanitarias hacia la naturaleza de los delitos por los cuales esas personas fueron condenadas.

Arrepentimiento, colaboración y detenidos desaparecidos

Uno de los puntos más significativos del oficio de Bassa está precisamente en los antecedentes que solicita considerar.

El diputado pregunta si las carpetas cuentan con informes técnicos y psicosociales de Gendarmería y si se han solicitado antecedentes a organismos especializados en derechos humanos.

Pero agrega tres criterios que pueden resultar decisivos: el arrepentimiento, la colaboración efectiva con el esclarecimiento de los hechos y la información sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas.

También solicita conocer cómo serán evaluadas la gravedad y la irreversibilidad de las enfermedades que eventualmente sean invocadas para fundamentar las solicitudes de indulto.

La pregunta adquiere especial importancia cuando todavía existen familias que desconocen el destino de sus familiares desaparecidos hace más de medio siglo. En ese contexto, la discusión sobre razones humanitarias no puede quedar separada de la conducta posterior de quienes fueron condenados ni de su eventual contribución al esclarecimiento de los crímenes.

Un problema político que crece para La Moneda

La controversia llega además en un momento particularmente delicado para el Gobierno.

La semana pasada, por primera vez desde el retorno a la democracia, La Moneda decidió no realizar una conmemoración oficial del golpe de Estado del 11 de septiembre. Rabat justificó esa decisión señalando que este tipo de debates podía “desconcentrar” al Ejecutivo de las necesidades actuales de la ciudadanía.

Sin embargo, el debate sobre la dictadura ha regresado precisamente desde el interior de la agenda gubernamental.

Las más de cien solicitudes obligarán al Ejecutivo a pronunciarse. Y el asunto no parece tener un respaldo social mayoritario: una encuesta Criteria conocida durante los últimos días mostró que 59% se declara contrario a otorgar indultos a exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos.

La presión, por tanto, opera en direcciones opuestas. Sectores de la derecha han reclamado beneficios para condenados de avanzada edad o con enfermedades graves, mientras organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y sectores de la oposición advierten sobre el riesgo de abrir una nueva forma de impunidad.

El oficio de Bassa coloca ahora esa contradicción sobre el escritorio del ministro Rabat.

El Ministerio de Justicia deberá explicar cuántos condenados por crímenes de lesa humanidad están solicitando el beneficio, cuáles son sus circunstancias particulares y, sobre todo, qué estándar aplicará el Estado chileno antes de recomendar al Presidente una decisión.

Porque detrás de las más de cien carpetas no existe solamente una cuestión penitenciaria. Hay sentencias judiciales por desapariciones, ejecuciones y torturas; obligaciones internacionales asumidas por Chile; derechos de las víctimas y familiares; y, en numerosos casos, preguntas que siguen abiertas después de más de medio siglo.

Ese es el fondo del emplazamiento de Bassa: el indulto presidencial existe en el ordenamiento jurídico chileno, pero cuando se trata de crímenes de lesa humanidad la discusión no puede reducirse a administrar un beneficio como si se estuviera ante condenas comunes.