La economía se estanca y el Gobierno ajusta: la difícil apuesta de Kast y Quiroz

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El FMI redujo a 0,6% su previsión de crecimiento para Chile en 2026, mientras el Gobierno prepara un presupuesto marcado por la contención del gasto y la revisión de programas públicos. Hacienda espera una recuperación más intensa que la prevista por el organismo internacional. Entre ambas proyecciones aparece una pregunta política fundamental: quién asumirá los costos de la transición hacia el modelo económico que busca instalar la administración Kast.

El Fondo Monetario Internacional acaba de entregar una cifra que resume buena parte de las dificultades económicas de Chile: apenas un 0,6% de crecimiento previsto para 2026. Es prácticamente un estancamiento, especialmente cuando se compara con el 2,3% que el organismo proyecta para América Latina y el Caribe y el 3,1% de expansión mundial.

La cifra no describe solamente un mal año. Expresa el deterioro de expectativas que, hace apenas seis meses, eran considerablemente más favorables. En abril, el FMI calculaba un crecimiento chileno del 2,4%. En julio lo redujo al 1,8%. Ahora estima que la economía avanzará poco más de medio punto porcentual.

El Gobierno de José Antonio Kast no desconoce esta realidad. Su propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rebajó recientemente la proyección oficial para 2026 al 0,7%.

La coincidencia entre ambos diagnósticos es casi completa. Las diferencias comienzan cuando se trata de definir las respuestas.

Quiroz ha situado el ordenamiento de las cuentas fiscales, la eficiencia del gasto y la recuperación de la inversión en el centro de su estrategia. El Presupuesto 2027 constituye la primera expresión integral de esa orientación.

El problema es que el ajuste llega precisamente cuando la economía pierde dinamismo, la minería atraviesa una severa contracción y el mercado laboral muestra dificultades persistentes.

No es una contradicción menor. Es uno de los dilemas centrales de la política económica del Gobierno.

El ajuste como proyecto político

La discusión presupuestaria suele presentarse como una controversia técnica entre ingresos, gastos, déficits y proyecciones de crecimiento. Sin embargo, detrás de esas cifras existen decisiones políticas.

Reducir un programa cultural, disminuir recursos destinados a políticas ambientales o revisar beneficios educacionales no produce los mismos efectos sociales, aunque todas esas medidas puedan aparecer agrupadas bajo el objetivo general de contener el gasto.

La política fiscal no consiste únicamente en determinar cuánto puede gastar el Estado. También establece qué actividades considera prioritarias, cuáles deja de financiar y qué responsabilidades traslada a las familias, las organizaciones sociales o los gobiernos territoriales.

El Gobierno sostiene que la disciplina fiscal es necesaria para recuperar la confianza, contener el endeudamiento y crear condiciones para una expansión sostenida de la inversión privada.

Ese argumento tiene fundamentos económicos que no deben descartarse. Un déficit persistente puede elevar los costos de financiamiento, limitar la capacidad futura del Estado y reducir su margen de respuesta ante nuevas crisis.

Pero existe otra dimensión del problema.

Cuando la economía se encuentra debilitada, una reducción del gasto puede afectar la demanda, el empleo y los ingresos de quienes dependen de programas públicos. La magnitud de ese efecto dependerá de qué se recorte, cuándo se haga y cómo responda la inversión privada.

No todos los ajustes son equivalentes. Tampoco todas las formas de gasto tienen el mismo impacto económico o social.

Por eso, la pregunta no debería reducirse a si Chile necesita disciplina fiscal. La cuestión es qué tipo de disciplina, con qué calendario y a costa de cuáles actividades y grupos sociales.

Una recuperación que Hacienda espera, pero todavía debe materializarse

La apuesta económica del Ejecutivo tiene un componente decisivo: la recuperación prevista para 2027.

Hacienda proyecta que el producto interno bruto crecerá un 3,3% el próximo año, impulsado por la inversión y una mejoría de los sectores vinculados a recursos naturales, especialmente la minería.

El FMI, en cambio, estima un crecimiento de 2,6%.

La diferencia de siete décimas no demuestra que una proyección sea correcta y la otra equivocada. Ambas son estimaciones sujetas a incertidumbre y construidas sobre supuestos que pueden variar.

Sin embargo, el contraste es políticamente significativo.

El Gobierno necesita que la recuperación económica se materialice para respaldar su estrategia fiscal y demostrar que las medidas adoptadas contribuyen a reactivar la actividad.

Si la inversión responde con rapidez, la producción minera mejora y el crecimiento se acelera, Hacienda contará con mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Si la recuperación resulta más lenta, el escenario será considerablemente más complejo.

Una actividad económica inferior a la prevista puede traducirse en una recaudación tributaria menor, dificultando el cumplimiento de las metas fiscales y aumentando las presiones para introducir nuevos ajustes.

En otras palabras, una política diseñada para corregir desequilibrios puede enfrentar mayores dificultades si sus expectativas de crecimiento no se cumplen.

El cobre y los límites del discurso económico

La caída de la producción minera constituye una advertencia sobre las dificultades estructurales que enfrenta Chile.

Durante agosto, la actividad minera retrocedió un 17,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. La producción de cobre alcanzó uno de sus registros mensuales más bajos en quince años.

La minería representa una parte fundamental de las exportaciones, de la inversión y de los ingresos fiscales. Su deterioro afecta a proveedores, trabajadores y territorios vinculados a esta actividad.

Pero los problemas del sector no comenzaron en marzo de 2026.

La disminución de las leyes del mineral, las dificultades de operación, los retrasos en proyectos y las necesidades de inversión se han acumulado durante años.

Sería incorrecto atribuir toda la desaceleración al Gobierno de Kast. También sería insuficiente utilizar los problemas heredados como explicación permanente de los resultados económicos.

La responsabilidad de una administración consiste en enfrentar las condiciones que recibe y responder por los efectos de las decisiones que adopta.

En ese terreno, la promesa de recuperar la inversión tendrá que confrontarse con resultados verificables: proyectos ejecutados, aumento de producción, empleo creado y mejoras de productividad.

No bastará con anunciar condiciones favorables para los inversionistas si estas no se traducen en una expansión efectiva de la actividad económica.

 El desempleo y la dimensión social de la crisis

Hay una cifra del informe del FMI que merece tanta atención como el crecimiento económico: el desempleo.

El organismo proyecta una tasa de desocupación del 9,5% para este año y del 9,6% para 2027. Es decir, incluso si la economía recupera parte de su dinamismo, el mercado laboral continuaría mostrando dificultades considerables.

Para los trabajadores, las cifras de crecimiento tienen un significado limitado cuando no se traducen en oportunidades de empleo, mejores remuneraciones y mayor estabilidad.

El desempleo prolongado deteriora los ingresos familiares, aumenta la incertidumbre y reduce la capacidad de consumo. También puede profundizar desigualdades entre quienes cuentan con empleos estables y quienes dependen de ocupaciones informales o precarias.

En ese contexto, la reducción de determinadas prestaciones públicas puede adquirir una importancia mayor.

Un subsidio, una beca o un programa social no son necesariamente soluciones estructurales a los problemas económicos. Pero su desaparición puede afectar de manera inmediata a personas que ya enfrentan dificultades.

La evaluación de un programa público debe considerar sus resultados, costos y pertinencia. No existe razón para mantener indefinidamente una iniciativa que no cumple sus objetivos.

Pero tampoco resulta suficiente justificar su eliminación únicamente por la necesidad de reducir una partida presupuestaria.

Entre una evaluación rigurosa y un recorte indiscriminado existe una diferencia fundamental.

El desgaste político de Kast y los límites del ajuste

El contexto político agrega otra dificultad a la estrategia económica del Gobierno.

La encuesta Agenda Criteria publicada el domingo 11 de octubre registró una aprobación presidencial del 27%, el nivel más bajo de Kast desde que asumió. La desaprobación alcanzó el 64%.

Más significativo todavía es que el 82% de los consultados considera que el Gobierno ha estado por debajo de sus expectativas.

Estas cifras no pueden explicarse exclusivamente por la situación económica ni por la política presupuestaria. La evaluación presidencial está influida por numerosos factores.

Sin embargo, el mismo estudio contiene un dato que permite comprender las tensiones que enfrenta el Ejecutivo.

El 58% de los encuestados considera que el Estado utiliza sus recursos de manera ineficiente. Pero el 66% rechaza disminuir presupuestos de programas sociales y el 76% se opone a reducir bonos y subsidios.

La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: cuestionar la eficiencia del Estado no equivale necesariamente a querer un Estado que entregue menos prestaciones.

Buena parte de la ciudadanía puede aspirar a que los recursos públicos se administren mejor y, simultáneamente, considerar indispensables determinados beneficios.

Es una diferencia que la política económica no puede ignorar.

El Gobierno parece encontrar mayor respaldo para el diagnóstico de la ineficiencia estatal que para algunas de las medidas propuestas como respuesta.

En términos políticos, eso significa que la promesa de ordenar las cuentas públicas no constituye una autorización general para reducir cualquier programa.

La legitimidad de cada ajuste deberá construirse a partir de sus fundamentos y consecuencias.

La política detrás de la tijera presupuestaria

El Presupuesto 2027 permite observar esa tensión en casos concretos.

El proyecto contempla reducciones en programas culturales, beneficios educacionales y distintas iniciativas sociales y ambientales.

Entre los ejemplos conocidos figuran la eliminación propuesta del programa de entrega de computadores a estudiantes, conocido como Yo elijo mi PC, y reducciones de financiamiento en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El Gobierno ha defendido la necesidad de revisar la efectividad de los programas y reasignar recursos hacia otras prioridades.

La oposición ha cuestionado los efectos de esas decisiones y ha exigido mayores explicaciones sobre los criterios utilizados.

Algunos reparos también han surgido desde sectores oficialistas, particularmente frente a medidas que afectan beneficios de amplia utilización.

El debate, por tanto, no enfrenta simplemente a quienes quieren gastar y quienes desean ahorrar.

Lo que está en discusión es una determinada distribución de recursos y responsabilidades.

¿Por qué se reducen ciertos programas y se mantienen otros? ¿Qué evidencia respalda cada decisión? ¿Cuáles son los efectos territoriales de los recortes? ¿Qué mecanismos reemplazarán las prestaciones que desaparezcan?

Estas preguntas son especialmente relevantes cuando la economía atraviesa una desaceleración.

Un recorte puede ser fiscalmente pequeño y socialmente significativo. También puede ocurrir lo contrario: una partida de gran tamaño puede contener ineficiencias cuya corrección permita mejorar servicios sin reducir su cobertura.

La política pública exige distinguir entre ambas situaciones.

Un Gobierno que necesita resultados

El presidente Kast llegó a La Moneda con una propuesta de cambio en las prioridades del Estado, mayor disciplina fiscal y recuperación de la inversión.

Su administración se encuentra ahora ante una prueba concreta: demostrar que esa orientación puede traducirse en crecimiento económico y mejoras en las condiciones de vida.

El Presupuesto 2027 será una pieza fundamental de esa demostración.

La discusión parlamentaria permitirá conocer con mayor precisión las prioridades gubernamentales, pero también las dificultades para reunir apoyos políticos en torno a ellas.

El Ejecutivo cuenta con ventajas institucionales importantes en la tramitación presupuestaria. Sin embargo, necesita negociar con distintas bancadas y responder a cuestionamientos que no provienen exclusivamente de la oposición.

La disminución del respaldo presidencial puede complicar esas negociaciones, aunque no determina su resultado.

También existe una dificultad temporal.

Las medidas de ajuste pueden producir efectos visibles en el corto plazo, mientras los beneficios esperados de una recuperación de la inversión suelen requerir más tiempo.

Esa diferencia entre costos inmediatos y resultados futuros es uno de los desafíos políticos de cualquier programa de reformas económicas.

Para quienes pierden un beneficio o enfrentan dificultades laborales, la promesa de una recuperación posterior puede resultar insuficiente si no existe una explicación convincente de cómo y cuándo se producirán sus efectos.

La austeridad no reemplaza una estrategia de desarrollo

La nueva proyección del FMI recuerda que Chile enfrenta problemas que no pueden resolverse únicamente mediante reducciones presupuestarias.

La caída de la producción minera, la baja productividad, las necesidades de inversión, las brechas tecnológicas y las dificultades del mercado laboral requieren respuestas de mayor alcance.

El propio FMI describe una economía mundial que crece de manera desigual, impulsada en parte por inversiones en inteligencia artificial y nuevas tecnologías de las que América Latina obtiene beneficios limitados.

Chile no puede ignorar esa transformación.

La recuperación de la productividad exige inversiones en infraestructura, capacidades tecnológicas, formación de trabajadores, innovación y diversificación productiva.

Parte de esas tareas corresponde al sector privado. Otras requieren participación estatal, coordinación institucional y políticas de largo plazo.

El desafío consiste en mejorar la calidad del gasto sin debilitar las capacidades necesarias para crecer.

Una economía puede reducir sus desequilibrios fiscales y continuar estancada si no resuelve sus problemas productivos.

También puede crecer durante algunos años y mantener profundas desigualdades si los beneficios de esa expansión no alcanzan al conjunto de la población.

Por eso, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico deben entenderse como objetivos relacionados, no como alternativas excluyentes.

La pregunta que deja el FMI

El Gobierno espera que 2027 marque el comienzo de una recuperación más intensa. El FMI comparte la perspectiva de una mejoría, pero calcula un crecimiento menor y advierte que el desempleo permanecerá elevado.

La diferencia entre ambas estimaciones no es solamente estadística. Representa distintos grados de confianza en la velocidad con que la economía chilena podrá superar sus actuales dificultades.

El éxito de la estrategia de Kast y Quiroz dependerá de factores que no controlan completamente: la evolución de la economía internacional, los precios de la energía, la recuperación minera y las decisiones de inversión.

Pero también dependerá de sus propias decisiones sobre gasto público, prioridades sociales y políticas de desarrollo.

En una economía que crecería apenas un 0,6% este año, el debate sobre el ajuste no puede limitarse al equilibrio de las cuentas fiscales.

Debe incorporar sus efectos sobre el empleo, los servicios públicos, la actividad económica y la distribución de los costos.

La pregunta decisiva no es si el Estado debe gastar sin límites. Ninguna economía puede sostener indefinidamente desequilibrios fiscales crecientes.

La pregunta es otra: cómo recuperar el crecimiento y ordenar las finanzas públicas sin trasladar desproporcionadamente el costo de esa transición a quienes disponen de menos recursos.

El informe del FMI no responde por Chile. Pero obliga al Gobierno a demostrar que su estrategia económica puede ofrecer algo más que disciplina presupuestaria.

Porque reducir el gasto es una decisión de política fiscal. Recuperar la producción, generar empleo y mejorar las condiciones de vida constituye un desafío mucho más amplio.

Y será en ese terreno, más que en las declaraciones sobre austeridad, donde podrán evaluarse los resultados de la apuesta económica de Kast y Quiroz.

Simón del Valle