Tratado vinculante en la ONU: la ofensiva global de los pueblos pescadores contra la impunidad de las transnacionales

Desde Sudáfrica, Chile y Sri Lanka, dirigentes de organizaciones de pescadores y movimientos sociales describen un fenómeno compartido: la privatización progresiva de los bienes comunes, la expansión de actividades extractivas y el debilitamiento de las formas tradicionales de vida ligadas al mar.

Para Sibongokuhle Gumede, coordinadora de proyectos de Masifundise en Sudáfrica, uno de los principales problemas es que los gobiernos reducen la pesca a una actividad económica, ignorando su dimensión cultural, histórica y alimentaria. Bajo el discurso de la llamada «economía azul», comunidades enteras ven restringido su acceso al mar mientras avanzan proyectos de extracción de petróleo, gas e infraestructura.

La misma lógica se reproduce, según Carmen Mannarino, directora de Masifundise, en una creciente apropiación de los espacios marítimos por parte de intereses corporativos. El océano aparece cada vez más como un territorio destinado a la explotación económica antes que como un bien común fundamental para la alimentación y la supervivencia de millones de personas.

Chiloé, laboratorio de la privatización

En Chile, Marcela Ramos, integrante de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé y dirigente del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), identifica el origen del problema en la privatización del mar y en la concentración de derechos de explotación en manos de grandes grupos económicos.

La expansión de la salmonicultura industrial constituye, a su juicio, la expresión más evidente de este modelo. La producción intensiva de salmón ha transformado amplias zonas marinas del sur de Chile mediante el uso masivo de antibióticos, la acumulación de residuos y la degradación de ecosistemas costeros.

Ramos denuncia además la influencia política de las grandes empresas acuícolas, muchas de ellas vinculadas a capitales noruegos, japoneses y canadienses. Mientras las ganancias se exportan, sostiene, las comunidades locales deben enfrentar contaminación de las aguas, pérdida de biodiversidad y deterioro de sus formas tradicionales de subsistencia.

Deuda, ajuste y desposesión

En Sri Lanka, la situación está estrechamente relacionada con décadas de reformas neoliberales y apertura económica.

Herman Kumara, secretario general del Foro Mundial de Pueblos Pescadores y dirigente del National Fisheries Solidarity Movement, explica que la crisis económica que llevó al país a la quiebra aceleró la entrega de recursos naturales a inversionistas privados y proyectos promovidos por organismos financieros internacionales.

Manglares convertidos en granjas acuícolas, zonas costeras transformadas en megaproyectos inmobiliarios y desplazamiento de comunidades pesqueras forman parte de un proceso que, según Kumara, está destruyendo la soberanía alimentaria y los medios de vida de miles de familias.

«No se trata solamente de perder recursos. Se trata de perder territorios, cultura e identidad», resume.

La última frontera del capital

A pesar de las diferencias geográficas y políticas entre los tres países, los entrevistados identifican patrones comunes.

La apertura económica impulsada en nombre del desarrollo, la llegada de empresas transnacionales, la flexibilización de normativas ambientales y la subordinación de los derechos colectivos a intereses privados aparecen como elementos recurrentes.

Para Mannarino, el océano se ha convertido en la nueva frontera del extractivismo global. Después de décadas de explotación intensiva en tierra firme, las corporaciones buscan ampliar sus actividades hacia áreas marinas cada vez más extensas, aprovechando vacíos legales y marcos regulatorios débiles.

En este contexto, la llamada economía azul funciona con frecuencia como una narrativa que legitima nuevas formas de apropiación de los bienes comunes.

El problema de la impunidad

La cuestión central, afirman los movimientos pesqueros, es la ausencia de mecanismos eficaces para exigir responsabilidades a las empresas transnacionales.

Kumara recuerda el caso del buque X-Press Pearl, que se incendió frente a las costas de Sri Lanka liberando productos tóxicos y millones de pellets de plástico. Miles de pescadores perdieron temporalmente sus medios de vida y, pese a los fallos judiciales posteriores, las posibilidades reales de obtener reparación siguen siendo limitadas.

La situación ilustra una realidad más amplia: mientras existen sólidos mecanismos internacionales para proteger las inversiones, los afectados por daños ambientales o violaciones de derechos humanos encuentran enormes obstáculos para acceder a la justicia.

«Las empresas pueden moverse entre jurisdicciones, crear filiales, cambiar de estructura y escapar a sus responsabilidades», señala Mannarino.

Una batalla jurídica y política

Por ello, las organizaciones presentes en Ginebra consideran fundamental la aprobación de un tratado verdaderamente vinculante.

Las demandas incluyen mecanismos internacionales de reparación, tribunales capaces de juzgar a corporaciones transnacionales y el reconocimiento explícito de la primacía de los derechos humanos sobre los intereses comerciales.

Para los movimientos sociales, no se trata únicamente de mejorar un instrumento jurídico. Lo que está en juego es transformar un orden internacional que durante décadas ha otorgado más protección a las inversiones que a las poblaciones afectadas por ellas.

La lucha continúa en los territorios

Sin embargo, los protagonistas de esta campaña insisten en que el resultado de las negociaciones no dependerá únicamente de los diplomáticos.

La fuerza del proceso, afirman, dependerá de la capacidad de las comunidades para organizarse, movilizarse y visibilizar conflictos que con frecuencia permanecen ausentes de los grandes medios de comunicación.

La participación de pescadores y pescadoras en las negociaciones representa, en ese sentido, una novedad política relevante. Por primera vez, comunidades directamente afectadas por el avance de las corporaciones intervienen de manera más activa en un debate que podría redefinir las relaciones entre poder económico, derechos humanos y soberanía popular.

Porque detrás de cada discusión jurídica se encuentra una pregunta esencial: quién tiene derecho a decidir sobre los territorios, los mares y los bienes comunes. Y para los pueblos pescadores reunidos en Ginebra, la respuesta no puede quedar en manos de las transnacionales.