Bajos de Mena: ataque a Cesfam tras notificación de desalojo del Serviu abre controversia por falta de prevención del Gobierno

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 49 segundos

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció que advirtió a las autoridades sobre el riesgo de incidentes, pero que no recibió una respuesta policial oportuna. La ministra de Salud, May Chomalí, condenó el ataque y ofreció apoyo al municipio. Sin embargo, siguen pendientes las explicaciones del Ministerio de Vivienda y de las autoridades de seguridad sobre la coordinación del procedimiento habitacional que precedió a los disturbios.

Un violento ataque contra el Centro de Salud Familiar Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, dejó graves destrozos, trabajadores amenazados y cientos de usuarios afectados por la suspensión de las atenciones durante este viernes 16 de octubre.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, después de que funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de la Delegación Presidencial notificaran a residentes del sector El Volcán sobre un próximo desalojo, previsto para la próxima semana.

Según informó 24 Horas, la notificación se realizó durante la mañana y desencadenó manifestaciones que, durante la noche, incluyeron barricadas y cortes de tránsito. Posteriormente, un grupo de personas ingresó violentamente al Cesfam y destruyó parte de sus instalaciones.

El ataque ha generado una controversia que va más allá de la violencia contra un establecimiento de salud. El alcalde Matías Toledo asegura que la municipalidad advirtió anticipadamente a las autoridades sobre la posibilidad de incidentes y solicitó refuerzos policiales que no llegaron oportunamente.

La ministra de Salud, May Chomalí, condenó públicamente lo ocurrido y anunció su disposición a apoyar al municipio. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se había podido verificar una explicación pública detallada del Ministerio de Vivienda, del Serviu o del Ministerio de Seguridad sobre la planificación del procedimiento habitacional y las medidas preventivas adoptadas.

Un conflicto habitacional que precedió a los destrozos

El origen inmediato de las protestas se encuentra en un proceso de desalojo vinculado al programa de regeneración urbana que desarrolla el Serviu en el sector El Volcán, uno de los conjuntos habitacionales más conocidos de Bajos de Mena.

Durante la mañana del jueves, funcionarios del Serviu y de la Delegación Presidencial notificaron a ocupantes de departamentos sobre un procedimiento de desalojo que se ejecutaría la próxima semana.

La información difundida por 24 Horas identifica el lugar como El Volcán II, mientras que Cooperativa menciona El Volcán I. Esta diferencia deberá ser aclarada por las autoridades responsables del procedimiento.

Las notificaciones provocaron protestas de residentes. Según los antecedentes recogidos por distintos medios, durante la noche se levantaron barricadas y se registraron incidentes en las inmediaciones del establecimiento de salud.

Alrededor de las 21:00 horas, un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito. Más tarde, varias personas se dirigieron al Cesfam Raúl Silva Henríquez, ingresaron por la fuerza y provocaron destrozos.

Los primeros reportes hablaron de aproximadamente ocho atacantes, aunque versiones posteriores mencionaron una cifra mayor. La cantidad exacta de participantes deberá ser determinada por la investigación.

Los agresores destruyeron vidrios, computadores, ventiladores y mobiliario. También utilizaron extintores dentro del establecimiento, intimidando a trabajadores y personal de seguridad.

Un guardia resultó lesionado tras ser rociado con el contenido de uno de esos dispositivos.

La evaluación de los daños también ha variado. El alcalde mencionó inicialmente una cifra cercana a los 11 millones de pesos, mientras que informaciones posteriores elevaron la estimación a unos 30 millones.

La Policía de Investigaciones inició diligencias para identificar a los responsables.

Hasta ahora, no existen antecedentes públicos suficientes para establecer por qué el grupo decidió atacar específicamente el consultorio ni para afirmar que sus integrantes representaban a las familias afectadas por el desalojo.

Toledo: «Esto se podría haber evitado»

El alcalde de Puente Alto formuló duras críticas a la respuesta de las autoridades del Gobierno central.

Según su versión, los equipos municipales advirtieron durante el jueves sobre el riesgo de disturbios después de las notificaciones de desalojo y solicitaron una mayor presencia policial.

Toledo aseguró que se enviaron correos electrónicos a la Delegación Presidencial y que, ante la falta de respuesta, debió acudir personalmente a la 66.ª Comisaría de Carabineros.

«Esto se podría haber evitado», sostuvo el jefe comunal, quien cuestionó tanto a las delegaciones presidenciales como al Ministerio de Seguridad Pública.

El alcalde afirmó que los funcionarios del Cesfam tuvieron que esconderse mientras los atacantes destruían el recinto y que los refuerzos policiales llegaron cuando los daños ya se habían producido.

También denunció que el establecimiento había perdido, hace aproximadamente tres meses, el punto fijo de Carabineros que se había dispuesto tras episodios anteriores de violencia.

«Exijo una responsabilidad política y no excusas», declaró Toledo, quien anunció una querella contra los responsables del ataque.

Las acusaciones del alcalde plantean interrogantes concretas sobre la actuación de las autoridades. Sin embargo, la secuencia de advertencias, comunicaciones y despliegue policial deberá contrastarse con los registros de Carabineros y de las delegaciones presidenciales antes de establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Ministra Chomalí condena la violencia y ofrece apoyo

Durante este viernes, la ministra de Salud, May Chomalí, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que tomó contacto con el alcalde Matías Toledo.

En declaraciones difundidas a través de su cuenta de X , la secretaria de Estado calificó el ataque como una situación inaceptable y expresó su solidaridad con los funcionarios afectados.

«Los funcionarios de salud merecen trabajar seguros y los pacientes tienen derecho a recibir atención en espacios protegidos», afirmó.

Chomalí agregó que se comunicó con Toledo para transmitir su preocupación y poner a disposición el apoyo del Ministerio de Salud.

La ministra también aseguró que su cartera no tolerará que la violencia amenace a quienes trabajan en los establecimientos asistenciales.

Su intervención constituye una respuesta del Gobierno al ataque y al impacto que ha tenido sobre los funcionarios y pacientes.

Sin embargo, la declaración no aborda las denuncias del alcalde sobre las advertencias previas, el retiro de la protección policial permanente ni la coordinación de las instituciones que participaron en las notificaciones de desalojo.

Tampoco entrega antecedentes sobre las condiciones del procedimiento habitacional que originó las protestas.

Funcionarios amenazan con paralizar la salud municipal

La Asociación de Funcionarios Municipales de Salud de Puente Alto expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores y exigió respuestas de las autoridades.

El gremio solicitó la presencia en la comuna de la ministra May Chomalí y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Entre sus principales demandas se encuentran la restitución de un punto fijo de Carabineros en el Cesfam y el cumplimiento de compromisos anteriores para reforzar la protección del recinto.

La organización recordó que durante 2024 ya se habían registrado graves episodios de violencia que motivaron medidas especiales de seguridad.

Según informó Cooperativa, los funcionarios advirtieron que podrían iniciar una paralización de todos los centros de salud municipales si no reciben respuestas satisfactorias.

El ataque dejó al Cesfam sin condiciones para atender público durante este viernes. Los pacientes debieron ser informados de la suspensión de sus consultas, la reprogramación de horas médicas y las derivaciones hacia otros establecimientos.

La situación afecta especialmente a quienes dependen de la atención primaria para obtener medicamentos, controles médicos y prestaciones que, en algunos casos, han esperado durante meses.

En el lugar también se hizo presente la delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, junto al alcalde Toledo. Su presencia confirma la intervención territorial de una autoridad del Ejecutivo, aunque sigue pendiente una explicación detallada sobre las decisiones adoptadas antes de los incidentes.

Vivienda y Seguridad: las explicaciones pendientes

La participación del Serviu y de la Delegación Presidencial en las notificaciones del jueves constituye un antecedente central para comprender la secuencia de los hechos.

El Serviu es el organismo encargado de ejecutar las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por su parte, las delegaciones presidenciales tienen competencias de coordinación territorial y de orden público, conforme a sus atribuciones legales.

Si ambas instituciones participaron en un procedimiento que podía generar resistencia entre los residentes, corresponde esclarecer qué evaluación de riesgo se realizó y qué coordinación existió con Carabineros.

También es necesario conocer las condiciones del desalojo.

¿Cuántas familias fueron notificadas? ¿Cuál es su situación habitacional? ¿Qué soluciones se les ofrecieron? ¿Qué plazos contempla el procedimiento? ¿Hubo reuniones previas con los residentes?

Estas preguntas son especialmente relevantes porque el conflicto se produce en Bajos de Mena, un territorio marcado durante décadas por problemas habitacionales, segregación urbana y dificultades de acceso a servicios públicos.

La regeneración de conjuntos deteriorados puede constituir una política necesaria para mejorar las condiciones de vida. Pero su ejecución exige procedimientos transparentes, información suficiente para los residentes y coordinación entre los organismos que intervienen en el territorio.

La falta de antecedentes sobre las demandas de las familias impide, por ahora, comprender completamente el conflicto que precedió al ataque.

Es indispensable escuchar también su versión, sin confundir las protestas por el desalojo con los actos violentos cometidos posteriormente contra el establecimiento de salud.

La violencia no elimina las responsabilidades institucionales

La destrucción del Cesfam Raúl Silva Henríquez constituye un hecho grave que perjudica directamente a los habitantes de Bajos de Mena.

Los responsables deben ser identificados y enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Ningún conflicto habitacional justifica atacar a trabajadores de salud ni privar a una comunidad de atención médica.

Pero la investigación penal no reemplaza el examen de las decisiones institucionales que antecedieron a los disturbios.

Las advertencias que asegura haber realizado el municipio, la oportunidad de la respuesta policial y la coordinación del procedimiento de desalojo son materias que requieren aclaraciones públicas.

La ministra de Salud ya condenó la agresión y ofreció apoyo. La respuesta resulta necesaria para enfrentar las consecuencias inmediatas del ataque.

Sin embargo, sigue pendiente explicar qué ocurrió antes de que comenzara la violencia.

El Ministerio de Vivienda debe aclarar las condiciones del procedimiento habitacional y las alternativas ofrecidas a los residentes. Las autoridades de seguridad y las delegaciones presidenciales deben responder a las denuncias sobre falta de prevención y protección policial.

En Bajos de Mena confluyen hoy tres problemas que no pueden tratarse por separado: un conflicto por viviendas, la seguridad de un servicio público y la capacidad del Estado para coordinar sus actuaciones en un territorio socialmente vulnerable.

La comunidad necesita recuperar cuanto antes su centro de salud. También necesita conocer por qué un procedimiento anunciado terminó precediendo a una noche de violencia que, según el alcalde, pudo haberse evitado.

Información en desarrollo. Publicado el viernes 16 de octubre de 2026, con antecedentes disponibles durante la mañana y primeras horas de la tarde.