Campillai anuncia batalla judicial contra libertad condicional de Maturana: crece rechazo a días del 18-O

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La senadora calificó como «un acto de impunidad» la decisión que permitirá al excapitán de Carabineros Patricio Maturana acceder a la libertad condicional a partir del 2 de diciembre. Anunció que recurrirá a instancias judiciales nacionales e internacionales para intentar revertirla. La Coordinadora Feminista 8M llamó a movilizarse y la senadora Yasna Provoste expresó su solidaridad con la víctima. La resolución se conoce a solo dos días del séptimo aniversario del estallido social.

La decisión de conceder la libertad condicional al excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, condenado por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai en noviembre de 2019, provocó este viernes una inmediata reacción de rechazo de la víctima y de organizaciones sociales, cuando faltan apenas dos días para el séptimo aniversario del estallido social chileno.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Talca aprobó por unanimidad la solicitud presentada por Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

El beneficio comenzará a regir el próximo 2 de diciembre, fecha en que, según el criterio aplicado por la comisión, el condenado cumplirá el tiempo mínimo requerido para acceder a la libertad condicional. Por lo tanto, la resolución no implica su salida inmediata de prisión.

Sin embargo, la decisión ha reabierto una controversia sobre el cumplimiento efectivo de las penas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, los derechos de las víctimas y el significado de la justicia siete años después del inicio de las movilizaciones de octubre de 2019.

Campillai: «Esta decisión constituye un acto de impunidad»

En una declaración pública difundida durante la jornada, Fabiola Campillai expresó su rechazo categórico a la resolución.

«Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad», sostuvo.

La parlamentaria recordó que compareció personalmente ante la comisión para exponer los fundamentos de su oposición al beneficio penitenciario. Según señaló, Maturana no habría cumplido todavía la mitad de su condena, ya gozaba de un régimen de salidas progresivas y nunca le ha pedido perdón ni reconocido el daño causado.

Campillai también invocó los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho de las víctimas a obtener justicia mediante el cumplimiento efectivo de las sentencias.

«Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado», afirmó.

La senadora advirtió que no permanecerá pasiva ante la resolución y anunció nuevas acciones legales.

«No me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales», señaló.

Hasta ahora no se ha informado qué recurso específico presentará ni ante qué organismo internacional podría recurrir. La viabilidad de esas acciones dependerá de los fundamentos de la resolución y de las vías de impugnación disponibles.

La comisión consideró un informe favorable de Gendarmería

La decisión judicial se apoyó, entre otros antecedentes, en la evaluación penitenciaria del condenado.

Según la información conocida durante este viernes, Gendarmería calificó como muy bajo su riesgo de reincidencia y entregó antecedentes favorables respecto de su comportamiento durante el cumplimiento de la pena.

La comisión también determinó que el requisito temporal aplicable era el cumplimiento de la mitad de la condena y no de dos tercios. Para ello consideró que la sentencia condenatoria no había calificado jurídicamente el delito como crimen de lesa humanidad.

Esta distinción es relevante para comprender el fundamento de la resolución, aunque no elimina la controversia sobre su oportunidad y sus consecuencias para la víctima.

La libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena bajo determinadas condiciones y controles. No equivale a una absolución, a la anulación de la condena ni a un indulto presidencial.

La discusión, por tanto, no se refiere a la responsabilidad penal de Maturana —ya establecida por los tribunales—, sino a las condiciones bajo las cuales terminará de cumplir su sentencia.

Campillai cuestiona precisamente que una persona condenada por provocarle lesiones irreversibles pueda acceder a ese régimen mientras ella continúa viviendo con las consecuencias del ataque.

Coordinadora Feminista 8M llama a movilizarse

La Coordinadora Feminista 8M se sumó a las críticas mediante una declaración difundida en su cuenta de X.

«La decisión de liberar a Maturana, agente del Estado condenado por cegar a Fabiola Campillai mientras se dirigía a su lugar de trabajo, es inaceptable», afirmó la organización.

La Coordinadora expresó su solidaridad con la senadora y formuló un llamado a la movilización «contra la impunidad de estos crímenes de Estado».

La reacción adquiere especial significado en vísperas de una nueva conmemoración del 18 de octubre, fecha que continúa concentrando demandas de verdad, justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019.

El caso de Campillai se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de esa violencia, precisamente porque la agresión ocurrió cuando se dirigía a su trabajo y no mientras participaba en una manifestación.

Yasna Provoste: «No a la impunidad»

Desde el Congreso también surgieron manifestaciones de apoyo a Campillai.

La senadora Yasna Provoste difundió un mensaje de solidaridad con su colega y cuestionó el nuevo escenario que enfrenta la víctima.

«Toda nuestra solidaridad con la senadora Fabiola Campillai, víctima de violación a sus derechos humanos, quien hoy debe enfrentar un nuevo y doloroso episodio», expresó.

Provoste añadió que «las víctimas merecen respeto, justicia y que sus voces sean escuchadas», antes de concluir: «No a la impunidad. ¡Fabiola, no estás sola!».

Su pronunciamiento incorpora una dimensión política a la controversia, aunque la resolución que concedió el beneficio corresponde a una comisión judicial y no constituye una decisión del Ejecutivo.

La senadora Claudia Pascual también expresó su solidaridad con Fabiola Campillai y situó la resolución judicial en un contexto político más amplio. «Las víctimas de violaciones a DDHH deben acceder a la justicia y reparación», afirmó. Pascual sostuvo, además, que «esta noticia se suma a otras muchas señales de retrocesos en materia de DDHH en estos últimos meses», vinculando así el caso con su preocupación por la situación general de los derechos humanos en el país.

Una condena que no borra las consecuencias del ataque

El 26 de noviembre de 2019, Fabiola Campillai se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue alcanzada por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de Carabineros en San Bernardo.

Las lesiones le provocaron la pérdida irreversible de la visión y graves secuelas que transformaron su vida.

En su declaración de este viernes, la senadora recordó que también perdió el gusto y el olfato.

«He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora», expresó.

La parlamentaria vinculó su experiencia personal con la situación de otras víctimas de violencia estatal.

«Soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país», señaló.

Y añadió una reflexión que trasciende su caso: «Nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella».

A dos días del 18 de octubre

La coincidencia temporal entre la resolución y el séptimo aniversario del estallido social otorga a la controversia una dimensión particularmente sensible.

Siete años después de las movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019, las consecuencias de la represión policial siguen presentes en las vidas de numerosas víctimas y sus familias.

El debate sobre los beneficios penitenciarios de agentes estatales condenados vuelve a plantear una tensión entre dos principios: las reglas generales que regulan el cumplimiento de las penas y las exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición frente a graves violaciones de derechos humanos.

La resolución de la comisión se inscribe en el primer ámbito. La oposición de Campillai y de las organizaciones que la respaldan expresa el segundo.

La discusión deberá considerar ambos planos, sin desconocer ni la sentencia judicial ni los derechos de la víctima.

Campillai anunció que continuará trabajando por «verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición», y dirigió un mensaje a las víctimas del estallido social y sus familias: «No están solas».

Su declaración concluye con una frase breve que resume la determinación con la que enfrenta esta nueva etapa:

«Seguiré de pie».