Rabat, La Serena y el final del relato de Kast

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Hay gobiernos que caen por una crisis económica. Otros caen por un escándalo de corrupción. Otros caen por una derrota militar o por una pandemia mal manejada. Son caídas externas, golpes que vienen desde afuera. Pero hay un tipo de caída más rara y letal: la caída por implosión interna. La caída ocurre, en este caso, cuando el propio gobierno demuestra que todo lo que dijo que era, no lo es.

Eso es lo que está pasando con el gobierno de José Antonio Kast y el caso de Fernando Rabat, Ministro de Justicia, en La Serena. El caso no es solo un error administrativo, sino que estamos frente al fin del relato en contra de la delincuencia.

Pasemos a explicar la situación.

El 16 de diciembre de 2021, en La Serena, la PDI detuvo a tres ciudadanos venezolanos: Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Barbesi. Según la acusación del Ministerio Público y el relato de las víctimas, cobraban “vacunas”. Es decir, extorsionaban a trabajadoras sexuales, en su mayoría migrantes extranjeras, para dejarlas trabajar en el centro y en el sector del litoral. Si no pagaban, las amenazaban. Y para amenazar, se presentaban como miembros del Tren de Aragua.

En agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena los condenó a cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y delitos de la ley de armas. El Ministerio Público no pudo acreditar judicialmente su pertenencia orgánica al Tren de Aragua como organización criminal transnacional. Las víctimas no quisieron testificar. Eran mujeres, migrantes, en situación de extrema vulnerabilidad, ejerciendo el comercio sexual y tenían miedo en un país y ciudad que no es el suyo. Por lo tanto, jurídicamente, quedaron como delincuentes comunes.

Pasó el tiempo. Llegó el gobierno de José Antonio Kast. Un gobierno que llegó con la tesis de acabar con la delincuencia, el crimen organizado, etcétera. La idea reinstaurar el “orden”.

¿Qué hizo ese gobierno con esos tres condenados de La Serena? Les rebajó la condena.

Según reveló el medio Interferencia, Frankyorkin Aramburu obtuvo una rebaja de nueve meses. Winder Marott y Jhonder Ollvarves, tres meses cada uno. Dos decretos firmados directamente por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el 6 de julio y el 4 de septiembre. Un tercer decreto firmado por el subsecretario del Opus Dei Luis Silva como ministro subrogante el 7 de septiembre. Gracias a eso, Marott y Ollarves salieron en libertad anticipada el 9 y 10 de septiembre de este año. Salieron de la cárcel de La Serena y volvieron a la calle. Y el gobierno ni siquiera ofició su expulsión, aunque ya estaban restablecidas las relaciones diplomáticas con Venezuela y existía la herramienta legal para hacerlo.

Ese es el hecho. Ese es el núcleo duro de esta situación.

Y cuando la senadora Daniella Cicardini (PS), en la Comisión de Constitución del Senado, le preguntó al ministro Rabat por estos casos, por estos tres venezolanos que cobraban vacunas en La Serena, Rabat no confirmó, no negó, no dio nombres ni explicaciones. Se refugió en el procedimiento. Se basó en argumentos jurídicos, pero no respondió la pregunta más importante, a mi juicio: ¿por qué su gobierno, el gobierno de la mano dura, le rebajó la pena a extorsionadores que se hacían pasar por el Tren de Aragua en La Serena?

Ante esta pregunta, podemos señalar lo siguiente.

Primero, la contradicción factual e ideológica del gobierno de Kast es terminal. El gobierno se construyó sobre la base de una superioridad moral en materia de seguridad. Básicamente el argumento de la ultraderecha republicana era: “nosotros somos los únicos que podemos derrotar la delincuencia”. Durante años, desde la oposición, construyeron la idea de que Chile vivía en una anarquía porque la izquierda, el Frente Amplio, el gobierno de Gabriel Boric, eran garantistas, buenistas, “amigos de los delincuentes”. Cada beneficio otorgado entre 2022 y 2025 era presentado como una traición a las víctimas.

Ahora resulta que Kast hace exactamente lo mismo, pero con una agravante: lo hacen después de haber prometido que jamás lo harían. Y no solo con extranjeros que extorsionan a mujeres, sino también con pederastas y torturadores de la dictadura militar.

Segundo, la contradicción técnica y de gestión.

Rabat dice: “La ley no distingue delitos”. Es verdad. La ley 19.856, que regula la rebaja de condena por buen comportamiento, es una ley de 2003, reformada en 2023, que efectivamente no establece un catálogo de delitos excluidos salvo en casos muy puntuales. Y Rabat dice: “Este problema viene de hace 20 años, desde Boric hasta ahora se han entregado 375 beneficios”.

Sin embargo, esa defensa de Rabat es un suicidio político. Porque si la ley no distingue delitos, y él sabía, ¿por qué prometió Kast y su gabinete que iba a terminar con los beneficios a delincuentes extranjeros peligrosos? ¿Por qué prometió mano dura si sabía que no tenía la herramienta legal para negarla?

Un gobierno serio (algo que este gobierno no es) hubiera hecho en marzo al asumir un proyecto de ley para modificar el artículo 17 y excluir expresamente a los delitos vinculados, como en este caso, al crimen organizado, trata, extorsión y a condenados extranjeros con decreto de expulsión pendiente. No lo hizo. Estuvo seis meses administrando la ley antigua, firmando decretos, hasta que el escándalo estalló. Y ahora dice que hay que hacer una reforma. Esto demuestra que no había plan, o sea, nunca hubo plan contra la delincuencia.

Tercero, la contradicción territorial y humana.

El gobierno de Kast prometió seguridad, y sobre todo proteger a la gente de La Serena del Tren de Aragua. Pero, al final, terminó protegiendo a los que cobraban vacunas en La Serena. Y no les dio ni siquiera la señal de expulsión. El gobierno ha dado esta señal: si te portas bien en la cárcel, sales antes, aunque hayas aterrorizado a mujeres vulnerables en el norte chico.

Eso es lo que la gente no perdonará. Porque la gente en La Serena y Coquimbo votó mayoritariamente por Kast precisamente por seguridad. Le entregó su confianza. Y la respuesta de Kast y su gobierno es que firmó un decreto el 4 de septiembre que nadie explicó hasta que un medio lo reveló.

Y ahora, ¿Qué sigue? ¿Qué hace Rabat? Sigue en el cargo diciendo que cuenta con el respaldo del presidente Kast. ¿Y qué hace el presidente? Guarda silencio, deja que Rabat se desgaste solo. ¿Y qué hace el gobierno y parlamentarios de la derecha chilena como Guillermo Ramírez? Apunta al gobierno de Boric, como si Boric todavía gobernara. Pésimo argumento.

El caso Rabat en La Serena funde al gobierno. A mi juicio, lo funde políticamente, porque destruye su relato central sin el cual no tiene nada más que ofrecer. Lo funde electoralmente, además, porque traiciona a todos los que votaron por este gobierno de “mano dura”. Y también lo funde moralmente, porque muestra que detrás de la dureza del discurso había blandura de un trámite administrativo.

El gobierno de Kast dijo ser el gobierno que iba a terminar con el Tren de Aragua. Terminó siendo el gobierno que le rebajó la condena a quienes se hacían pasar por el Tren de Aragua en La Serena.

Después de eso, el relato del orden se acabó, así como el gobierno de José Antonio Kast.

Fabián Bustamante Olguín.

Académico del Departamento de Teología, UCN